El Gobierno de Cantabria cree que el problema de los derribos quedará resuelto "en buena medida" esta legislatura
Cree que el desembolso del Gobierno para hacer frente al problema podría quedar reducido a "20 o 30" millones, y no a los 300 previstos
30/3/2015 - 11:57
SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Cantabria (PP) asegura que el problema de las sentencias de derribo quedará "en buena medida" resuelto esta legislatura ya que, antes de que concluya, se prevé que todas aquellas viviendas con posibilidad de ser legalizadas, unas 450, tengan ya su autorización provisional y tener cerrados unos 400 acuerdos de compensación que garanticen el patrimonio de los propietarios.
Así lo ha asegurado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta del grado de cumplimiento del Plan de Derribos del Gobierno regional que, según ha dicho, "ya se está plasmando en soluciones" que, a su juicio, servirán para "resolver" el problema o, al menos, "atenuarlo".
Además, con las soluciones en que se está trabajando, el Gobierno regional confía en reducir hasta los "20 o 30 millones" el desembolso de la Administración autonómica para hacer frente a los derribos y a las indemnizaciones a los afectados, en contraposición a los 300 previstos que habría que pagar si todas las viviendas con sentencia tuvieran que ser demolidas y sus propietarios indemnizados.
Según ha resumido, la soluciones en que se está trabajando son, por una parte, avanzar en la legalización de aquellas viviendas con sentencia de derribo que "encajen" en los planeamientos municipales de ordenación urbanísticamente y, por otra, cerrar los acuerdos de compensación que garanticen el patrimonio de aquellos propietarios que van a ver derribadas sus viviendas al no ser posibles legalizarlas.
Respecto a la primera alternativa, la de la legalización, ha explicado que ya se han concedido 430 de las 450 autorizaciones provisionales previstas a aquellas viviendas con posibilidades de legalización y ha señalado que la veintena que faltan --para unas 20 veinte viviendas de Cerrias-- se prevén otorgar en abril.
Según ha dicho, las viviendas con autorización provisional estarán "amparadas por la Ley", aunque de forma "provisional", y "no se pueden demoler".
Tras recibir estas autorizaciones provisionales, las viviendas con posibilidad de regularización recibirán, una vez aprobados los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) de los municipios donde se ubican, las licencias.
Como ejemplo, ha señalado que las del edificio Las Torres, en Escalante, podrían recibir la licencia este mismo año, dado que está previsto que el PGOU se apruebe provisionalmente esta semana y, definitivamente, en mayo.
Sin embargo, el consejero ha recordado que la "última palabra" sobre la legalidad de las viviendas con autorización provisional la tendrán los tribunales.
Por ello, ha explicado que, por si las licencias de estas viviendas se anulan por los tribunales, se está trabajando en cerrar los acuerdos de compensación que sirvan de "seguro" para garantizar el patrimonio de los afectados y por los que el Gobierno regional se compromete a que si finalmente hay demolición se les entregará una vivienda que sustituya a la suya y, si la Administración "no cumple" el compromiso, podrán obtar por ser indemnizados económicamente.
Estos acuerdos compensatorios son también la solución ofrecida por el Gobierno regional a aquellos propietarios de vivienda que no pueden ser legalizadas, como las de La Arena (Arnuero) --algunos ya lo suscribieron el pasado viernes--; 17 en Cerrias (Piélagos) y una docena en el Camino del Portillo (Argoños).
Los propietarios de estas urbanizaciones recibirán, en base a estos procesos indemnizatorios, una vivienda en sustitución de la suya.
Por ejemplo, en La Arena, el Gobierno regional quiere intentar que las nuevas viviendas estén construidas y entregadas --y derribadas las suyas-- para el entorno de 2018 o 2019.
Para ese caso, se está trabajando en el plan parcial de Bocarrero, el lugar donde se prevén ejecutar las viviendas de sustitución de las derribadas, que se prevé tener listo "este año" para, posteriormente, llevar a cabo el proceso constructivo y de urbanización y ejecutarlo.
Además, en aquellas zonas donde se ubican las actuales viviendas, se procederá a la demolición y restauración del área.
Para el resto de casos en que ya se sabe que va a haber demolición, se está aún en negociaciones.
Aunque ha reconocido que el problema no está totalmente resuelto, ha opinado que, con las soluciones planteadas, las familias afectadas "recorreran sin angustia" ya el "camino" que les falta pues, "en una mano" tendrán las autorizaciones provisionales y, posteriomente, las licencias y, en la otra, los acuerdos indemnizatorios.
Cuestionado por el cumplimiento de los acuerdos indemnizatorios si el PP no gobierna Cantabria en la próxima legislatura, Fernández ha subryado que son "irreversibles" porque están suscritos, no por un presidente o un consejero, sino por la Administración.
Además, ha recodado que los tres grupos políticos con representación en el Parlamento de Cantabria (PP, PRC y PSOE) han pactado la semana pasada una proposición no de ley, que se llevará al Pleno de este lunes, en la que apoyan la firma de convenios de compensación entre el Gobierno y los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, como vía para garantizar el patrimonio de las familias, sin que se produzca ninguna pérdida o merma del mismo.
Fernández ha insistido que, en este sentido, la "tranquilidad" de los afectados debe ser "absoluta".
Tras la firma el pasado viernes con 44 familias de La Arena y del edificio de Las Torres de Escalante los primeros acuerdos --han sido aceptados por otros 50 propietarios de estas urbanizaciones que lo firmarán próximamente--, el consejero ha avanzado que los siguientes en suscribirse serán los de Entrelindes y la denominada L05 en Piélagos y las de las urbanizaciones de La Llana, Pueblo del Mar y Las Llamas en Argoños.
Concretamente, ha explicado que el jueves en Consejo de Gobierno se aprobará la propuesta de convenio para las de Piélagos que será remitida a los propietarios y que podría suscribirse "en un mes". Además, se prevé hacer en dos o tres semanas el mismo procedimiento con las de Argoños.
EL ALTO DEL CUCO
Según ha explicado el consejero, el Plan de Derribos del Gobierno abarca a 621 viviendas con sentencia de derribos, de las cuales 450 se prevén legalizar.
En estas más de 600 viviendas no están incluidas las cerca de 200 del Alto del Cuco, en Piélagos, que tienen la "peculiaridad" de que para ellas no va a haber ni acuerdos de compensación, dado que no están habitadas, ni autorizaciones provisionales porque no se van a legalizar y van a ser demolidas.
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