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Zuloaga aborda con la PAH el desahucio en Gama, problemas de la 'ley mordaza y la necesidad de una Ley de Vivienda

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, se ha reunido este jueves con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con quienes ha abordado varios asuntos que afectan al colectivo, como el desahucio de un matrimonio en Gama, los problemas derivados de la denominada 'ley mordaza' o la necesidad de una norma de vivienda.

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12/7/2018 - 13:34


SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, se ha reunido este jueves con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con quienes ha abordado varios asuntos que afectan al colectivo, como el desahucio de un matrimonio en Gama, los problemas derivados de la denominada 'ley mordaza' o la necesidad de una norma de vivienda.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Delegación, han participado Raúl Noriega, Gema Blanco, Héctor Setién y Antonia Luengo, que han expuesto al representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la región sus principales reivindicaciones, así como su preocupación por los procesos de desalojo tramitados en las últimas semanas en la Comunidad, como los iniciados en la calle General Dávila de Santander y en la localidad de Gama, y que afectan a Blanco y Setién, respectivamente.

Durante la entrevista, Zuloaga mostró a la PAH su "sensibilidad" ante este "problema" y se puso a su disposición para ayudar en la medida de sus posibilidades, "respetando siempre" la ley. En este sentido, les aclaró que cuando se produce un desahucio, es el juzgado encargado del caso el que requiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante esto, la PAH aseguró no tener "problema alguno" con la Guardia Civil.

PROBLEMAS

Los miembros del colectivo pusieron sobre la mesa los principales problemas a resolver: el desahucio de Gama, la 'ley mordaza' y la Ley de Vivienda.

Sobre el primero, que afecta a la familia de Héctor Setién, la PAH avisó que seguirá "poniendo cara a los responsables del caso" para continuar "presionando". También solicitó que la Benemérita lo *"investigue", algo que -señalaron- ya está ocurriendo con otros casos similares en País Vasco, Galicia o Asturias.

"Ha sido muy importante que pusierais rostro a toda la gente involucrada", les manifestó Zuloaga, para referirse a "la estafa que ha terminado con este procedimiento de desahucio". También les aseguró que contarán con "todo" su "apoyo"* "Por desgracia nos hemos puesto en marcha tarde. Hasta que no hemos llegado y ha dependido de nosotros no hemos podido. Mientas yo siga aquí esto no se va a parar", aseguró Zuloaga.

En cuanto a las leyes, sobre la denominada 'mordaza', la PAH mostró su "temor" a ser sancionados en sus movilizaciones, pues "el anterior delegado del Gobierno -el 'popular' Samuel Ruiz- nos llegó a sancionar, aunque luego el juzgado lo reprobó".

A pesar de ello, avisaron los portavoces del colectivo, "vamos a seguir movilizándonos, parando desahucios y ocupando oficinas bancarias". En este sentido, Zuloaga les indicó que la norma "está en vigor" por lo que, si se vulnera, "hay que seguir el trámite".

Pero les adelantó que "la sensibilidad cambia con el nuevo Gobierno. No compartimos la 'Ley Mordaza', pero mientras no se modifique o derogue tenemos que seguir aplicándola para no incurrir en un delito. Tenemos que hacer cumplir la Ley".

Por otro lado, la PAH puso sobre la mesa la necesidad de una Ley de Vivienda para "acabar con las trabas al derecho a una vivienda digna". En este sentido, recordaron que este pasado martes se celebró en Madrid una reunión con todos los grupos políticos para poner en marcha la normativa estatal tras "levantarse los vetos que existían".

Los principales puntos que proponen para esa norma son cinco: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, suministros básicos garantizados, stop desahucios y vivienda social.

También anunciaron que en septiembre continuarán con su propuesta de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento de Cantabria para que el Ejecutivo regional legisle sobre la materia dentro de sus competencia y recordaron que el inicio de recogida de firmas para la ILP "lo tiene que autorizar el Ejecutivo, pero se vetó en el Consejo de Gobierno".

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