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El Ayuntamiento de Santander, condenado a repetir un proceso de selección en la Policía Local por irregularidades

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Gema Igual pasa revista a la PL

La sentencia salpica a dos mandos policiales, al concejal de Seguridad, Pedro Nalda, y a la propia alcaldesa, Gema Igual

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Arantxa Calleja
03/2/2023 - 13:21

La justicia ha condenado esta semana al Ayuntamiento de Santander a repetir el proceso de selección para la provisión de los puestos de oficial y policía del Servicio de Horario Especial (SHOE) de la Policía Local, a repetir el procedimiento respetando las bases y las leyes y dando transparencia a los criterios de corrección y calificación, según ha podido conocer este periódico.

 

El SHOE es un servicio de la Policía Local que cubre con 15 agentes el horario nocturno en Santander, con condiciones laborales especiales en cuanto a jornadas y retribución, y el proceso de selección es para cubrir vacantes por jubilación.

 

Lo que tumban  en esta ocasión los tribunales es el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa, Gema Igual, del pasado 27 de junio de 2022, que desestimaba dos recursos de alzada interpuestos por dos candidatos a ocupar esas plazas, contra la resolución del tribunal calificador.En sus escritos, los aspirantes a ingresar en el SHOE, alegaban irregularidades en la composición del tribunal de valoración y que concurrían causas para la abstención de los dos mandos presentes en dicho tribunal, Víctor Sánchez, presidente del tribunal, y Gustavo Ramos, vocal, ambos inspectores de la Policía Local. 

 

La sentencia judicial fuerza al Ayuntamiento a retrotraer el proceso de selección al momento previo a las entrevistas personales, con un tribunal de valoración “con plena adecuación a los principios rectores establecidos en las bases y en el ordenamiento jurídico”. 

Asimismo, la justicia exige que se publiquen los criterios de corrección y calificación que se tendrán en cuenta junto con las puntuaciones concretas a asignar a cada una de las cuestiones planteadas, debidamente justificado, y condena en costas al Ayuntamiento de Santander a pagar un máximo de 500 euros por todos los conceptos regulables.


La sentencia salpica a dos mandos policiales, al concejal de Personal y Seguridad, Pedro Nalda, y a la propia alcaldesa, Gema Igual, que es la máxima responsable de la Policía Local, a cuatro meses de las elecciones municipales.

 

 

JUSTIFICACIÓN DE HORAS EXTRA

 

Las plazas para ingresar en el SHOE no es la única preocupación para el gobierno municipal del PP, por el cruce de denuncias que investigan los tribunales sobre la realización de las horas extra de ambos mandos policiales, un asunto del que está informada Igual.

Otra sentencia, del Contencioso Administrativo nº3 de Santander, ya desestimó una demanda de Ramos en la que reclamaba el pago de horas extra que no se han podido acreditar. En sede judicial declararon testigos a su favor, entre ellos Sánchez, que también reclama el pago de sus horas extra.

 

Pero la sentencia incidía en las 200 horas anuales que deben prestar, además del horario ordinario, por los conceptos de jornada prolongada y disponibilidad inherentes a sus plazas. Y tras la valoración de pruebas no se pudo acreditar la realización ni la justificación de dichas horas. 

 

Fuentes consistoriales aseguran que el trasfondo es el pago fraudulento de miles de euros en concepto de horas extra y que tantos los mandos, como funcionarios y responsables políticos han sido llamados a declarar recientemente por los tribunales.

 

 

LOS INSPECTORES, CUESTIONADOS 

 

Los dos inspectores de la Policía Local, que en ausencia de cargos superiores han estado al mando en momentos tan complejos como la pandemia del covid, están siendo  cuestionados desde el momento de su nombramiento. 

 

El proceso de promoción interna del año 2018 que el Ayuntamiento justificó para “fortalecer la escala de mando”, dotando la plantilla de la figura de inspector que hasta la fecha no existía, fue llevado a los tribunales en el octubre de 2021, en una denuncia por presunta prevaricación porque los candidatos no habían superado el curso de formación necesario y fueron nombrados funcionarios de carrera apenas una semana después de superar la oposición.

 

Según aquella denuncia, se incumplían las bases que indicaban que en caso de no realizar dicho curso ambos inspectores deberían haber sido cesados como funcionarios en prácticas.

 

 

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