PP-A critica que las demoliciones de viviendas "son los peores desahucios"
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Alicia Martínez, ha criticado este domingo que "las demoliciones de viviendas son los peores desahucios de éstas", al mismo tiempo que asegura que las demoliciones de Cantoria ponen de manifiesto que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "engañó a todos los andaluces en el momento que hizo el anuncio de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para posibilitar la regularización de unas 25.000 viviendas".
23/11/2014 - 13:49
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Alicia Martínez, ha criticado este domingo que "las demoliciones de viviendas son los peores desahucios de éstas", al mismo tiempo que asegura que las demoliciones de Cantoria ponen de manifiesto que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "engañó a todos los andaluces en el momento que hizo el anuncio de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para posibilitar la regularización de unas 25.000 viviendas".
En un comunicado, Martínez ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 7 de octubre el Anteproyecto de Ley que permitirá regularizar edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable, aunque esto "no ha servido de nada para detener las demoliciones de estas viviendas, que son de compradores británicos de buena fe".
"Estamos dando una imagen pésima de Andalucía, de un Gobierno de alto riesgo e insensible con las personas y los derechos humanos elementales como es la vivienda", ha lamentado, para ahondar en que "esto es mucho más que un desahucio, ya que no sólo se priva a las personas de su vivienda sino que se les condena a ver cómo se tiran por tierra los esfuerzos de toda una vida".
La dirigente popular ha incidido en que "no se puede pasar por alto la actitud que está manteniendo el Gobierno andaluz", que ha tildado de "desproporcionada", porque, explica, "esas casas estaban en proceso de legalización y no estaban en un terreno de especial protección por ninguna razón de riesgo de inundaciones o por razones de patrimonio medioambiental o histórico".
En este sentido, sostiene que las viviendas demolidas estaban clasificadas como hábitat rural diseminado en el avance de planeamiento para la identificación y delimitación de los asentamientos y hábitats rural diseminados en suelo no urbanizable del término municipal de Cantoria aprobado en Pleno del Ayuntamiento de 26 de septiembre de 2012 y publicado en BOP de Almería de 11 de octubre de 2012, "lo que certifica que estaban en vía de legalización".
Así, Martínez entiende que "esto es la gota que colma el vaso: por un lado, el Gobierno andaluz ordena demoliciones pero por otro aprueba decretos de regularización que son papel mojado". Y es que, agrega, "la Junta de Andalucía es la responsable de las más de 300.000 viviendas irregulares que existen en Andalucía desde hace muchos años".
Ha indicado que "ya ha llegado la hora de que el Gobierno andaluz afronte el problema y atienda las demandas de los andaluces porque lo que no puede es seguir manteniendo una actitud aleatoria y discriminatoria a la hora de dictar las órdenes de demolición".
De esta forma, la popular defiende que "es urgente proteger los derechos humanos de los compradores de buena fe y actuar de forma proactiva colaborando con los ayuntamientos para dar solución a esta cuestión".
"Es evidente que estas demoliciones no sirven para nada, lo que hubiera servido es que la Junta agilizara los trámites para su legalización, porque en ese caso quizás se hubieran salvado de la piqueta. Es inaudito que el PSOE mire al Código Penal cuando tiene en su mano el que muchas familias puedan descansar sabiendo que no serán desahuciados", puntualiza.
Martínez, que ha insistido en que "nadie puede entender cómo en Andalucía no hay leyes seguras que protejan a las familias y sus bienes", asegura que su formación volverá a pedir en la tramitación del Decreto de Regularización que se frenen las demoliciones de las viviendas que no tienen ningún inconveniente para su regularización, algo que considera "de sentido común", a la vez que apunta a la necesidad de asumir el compromiso social con las familias afectadas.
Finalmente, subraya la importancia de garantizar la seguridad jurídica de las actividades que se desarrollan en el suelo rústico, tanto de viviendas como actividades agrícolas o industriales que llevan años ejerciéndose en precario.
"Ya es hora de que esto se haga con las garantías necesarias tanto para las personas como para la economía como para el medio ambiente, favoreciendo en todo momento la restauración paisajística", zanja Alicia Martínez.
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