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IGAE asegura que el 70% de las ayudas concedidas fueron a empresas "sin relación con un ERE"

Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) encargado de la elaboración de 275 informes para la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha asegurado que de las 270 ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis concedidas entre los años 2001 y 2010 por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L el 70 por ciento fueron a empresas "que no tenían la más mínima relación con la tramitación de un ERE o con un plan de jubilación".

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12/9/2018 - 20:09


SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) encargado de la elaboración de 275 informes para la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha asegurado que de las 270 ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis concedidas entre los años 2001 y 2010 por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L el 70 por ciento fueron a empresas "que no tenían la más mínima relación con la tramitación de un ERE o con un plan de jubilación".

Durante la sesión de tarde de este miércoles del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que concedían las ayudas de los ERE, Turrión ha abordado el marco legal de éstas. Así, ha indicado que norma que contenga definición de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas "como tal" no la conoce.

"Lo que hay es normativa, al menos, sobre ayudas sociolaborales: la Ley General de Subvenciones de 2003; el Decreto 254/2001 de Reglamento de concesión de subvenciones, sustituido por el Decreto de 2010; y dos órdenes ministeriales, la de octubre de 1994 y la de marzo de 1995".

Sobre éstas órdenes ha precisado que la primera regula las ayudas previas a la jubilación anticipada y la otra regula todas las subvenciones existentes en la materia, incluidas las de la orden del 94, regulando el procedimiento de concesión, sin que se estipulen límites de edad ni cuantía. "Son ayudas extraordinarias y había que estar a cada caso para ver los requisitos, atendiendo a las situaciones de urgencia y necesidad sociolaboral", ha afirmado.

Turrión ha añadido que las órdenes ministeriales establecía que los beneficiarios eran los trabajadores, "no las empresas", aunque éstas pudieran solicitarlo, si bien la IGAE, en la investigación de las 270 ayudas concedidas, ha concluido que de éstas el 70 por ciento fueron destinadas a empresas que "no tienen la más mínima relación con la tramitación de un expediente de regulación de empleo o de un plan de jubilación". Además, en este 70 por ciento la casuística es "enorme".

Para los peritos de la IGAE, las ayudas concedidas son "subvenciones, radicalmente sí, y para su concesión tiene que aplicarse la normativa de subvenciones". No obstante, ha aclarado que la Junta utiliza subvenciones y ayudas como si fuese algo "distinto", pero para Turrión son "sinónimos".

Ha explicado que tres de los cuatro informes de parte las considera ayudas de tipo asistencial, no laboral, por lo que no sería aplicable las órdenes ministeriales.

Para la IGAE, las ayudas tienen carácter de subvenciones, como también lo dice "la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Consejo Consultivo de Andalucía en 199 informes".

Incluso, según ha añadido, la Junta, en "repetidas veces", las califica de subvenciones, tanto en normativa como en las resoluciones de concesión y pago de las propias ayudas, "cuando éstas existían". En este sentido, ha precisado que la Junta "nunca mencionó la concesión de subvenciones por la Orden Ministerial de 1995, sí por la de 1994".

Por su parte, el perito Juan Antonio Carrillo, propuesto por la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha sostenido que la calificación de naturaleza jurídica de subvenciones "no es posible".

Con respecto a la consideración de excepcional para estas ayudas, Turrión ha explicado que son excepcionales aquellas subvenciones que reúnen los requisitos previstos en la normativa, principalmente "la utilidad pública y la acreditación de la inexistencia de base reguladora a la que acogerse".

Como ejemplo, y a preguntas del fiscal recordando la declaración de uno de los acusados, en concreto, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, Turrión ha apuntado que tras el terremoto registrado hace unos años en Lorca en 2011 el Gobierno aprobó en Real Decreto que reguló las ayudas excepcionales de manera urgente.

"OBVIAMENTE, NO"

Para Turrión las ayudas de los ERE, "obviamente, no" se pueden considerar excepcionales al concederse durante diez años, apuntando que el entonces viceconsejero de Empleo en el escrito de alegaciones al informe adicional de Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) sobre el ejercicio de 2003 decía que "no podían la naturaleza de excepcionales ya que entonces perderían esa condición".

Por último, el jefe del equipo de peritos de auxilio judicial de la IGAE ha recordado que el despacho Garrigues, en un informe jurídico a propuesta de la Junta sobre el sistema de concesión de ayudas, también le dice a la Administración autonómica que ayudas y subvenciones son "sinónimos".
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