Maeztu saluda que Junta y Ministerio colaboren para la implantación del sistema Diraya en las cárceles andaluzas
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha resuelto el cierre de una queja de oficio tras conocer que la Consejería de Salud y el Ministerio del Interior colaborarán para la implantación del sistema Diraya de gestión de los datos sanitarios e historias clínicas de los usuarios del sistema sanitaria público de Andalucía en los centros penitenciarios andaluces.
21/4/2019 - 11:09
SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha resuelto el cierre de una queja de oficio tras conocer que la Consejería de Salud y el Ministerio del Interior colaborarán para la implantación del sistema Diraya de gestión de los datos sanitarios e historias clínicas de los usuarios del sistema sanitaria público de Andalucía en los centros penitenciarios andaluces.
En el texto de la resolución, consultado por Europa Press, la Defensoría explica que la queja se inició para conocer los detalles de las instalación de este sistema en las cárceles andaluzas tras tener conocimiento de la instalación del Diraya en el Centro Penitenciario de Córdoba, toda vez que destaca que estas medidas implican un ejercicio de coordinación y servicio que resultan "extraordinariamente útiles" para facilitar el acceso a prestaciones y servicios del sistema público de salud y un avance "muy destacable" en la disposición coordinada de la asistencia sanitaria penitenciaria.
Por ello, tras la tramitación de la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz señala que acordó dirigir resolución a la Dirección Gerencia del SAS en la que sugería promover el acceso del sistema Diraya con los servicios médicos de los centros penitenciarios andaluces a través de los acuerdos o fórmulas de convenio que se negocien y comprometan entre el Ministerio del Interior y la Junta.
Y, además, proponía que más allá de que se formalizasen dichos convenios, se promoviesen los procesos técnicos de traspaso de los medios personales y materiales de la asistencia sanitaria penitenciaria al sistema sanitario público de Andalucía, conforme a la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en los términos fijados en el Informe Especial sobre 'Las unidades de custodia hospitalaria: la asistencia sanitaria especializada para las personas internas en las prisiones de Andalucía'.
La Defensoría explica que en respuesta el SAS informó, respecto a la sugerencia uno, que por la Consejería de Salud "se iban a iniciar contactos con Interior con el fin de promover un posible acuerdo o la fórmula administrativa que se valorase como más adecuada para restablecer las relaciones entre ambas instituciones que permitieran poder avanzar en la propuesta de implantar el acceso a la historia de salud digital en los centros penitenciarios de Andalucía".
En este punto, el Defensor recuerda en el texto de la resolución que el acuerdo vigente entre la Consejería de Salud e Interior fue en su día denunciado y cancelado unilateralmente por el ministerio en el año 2013 y que "no se ha podido retomar hasta ahora, a pesar de los reiterados intentos efectuados desde la Junta de Andalucía y desde el propio Parlamento andaluz".
Asimismo, y a la sugerencia segunda de la Defensoría, el SAS responde que "no es el organismo competente para promover ni iniciar los procedimientos tendentes al traspaso de competencias de sanidad penitenciaria a la Junta de Andalucía".
Así las cosas, Maeztu subraya que la respuesta se muestra "condicionada" a futuras negociaciones con la Administración General del Estado "de carácter incierto ya sea en cuanto afecta a la elaboración de un renovado convenio de colaboración, o ya sea respecto de la propia iniciativa de procurar el traspaso de los medios personales y materiales de la sanidad penitenciara a la gestión de la comunidad".
Y agrega que "sin poder deducir una plena aceptación" por la Consejería de Salud de la resolución dirigida, "procede dejar constancia de la colaboración manifestada sobre la voluntad de abordar estas actuaciones".
En cualquier caso, concluye el Defensor del Pueblo Andaluz que continuará atento a la evolución del caso y a la aplicación de los criterios anunciados para avanzar en la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en la estructura de la sanidad pública de Andalucía.
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