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Villalobos pide a la Junta "fondos extra" para los servicios sociales al igual que en el plan de playas

"Igual que hubo una excepcionalidad con esas contrataciones, lo mismo debe suceder ante unos servicios sociales que han visto incrementada su carga de trabajo"

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05/8/2020 - 11:59


"Igual que hubo una excepcionalidad con esas contrataciones, lo mismo debe suceder ante unos servicios sociales que han visto incrementada su carga de trabajo"

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha reclamado al Gobierno andaluz de PP y Cs que aporte "fondos extraordinarios" a las entidades locales para reforzar las plantillas de sus servicios sociales comunitarios ante el "mogollón de trabajo" que afrontan actualmente, considerando que si la Junta de Andalucía tuvo "una excepcionalidad" para las contrataciones temporales del plan de Playas Seguras, "lo mismo debe suceder" en este caso.

En una entrevista con Europa Press, el también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha defendido el papel de las entidades locales en la gestión del ingreso mínimo vital promovido por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos para hacer frente a las situaciones de exclusión social, una nueva prestación disponible desde el pasado 15 de junio.

Mientras las solicitudes de la nueva prestación han de ser elevadas al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Gobierno central promueve convenios con los ayuntamientos para la participación de los mismos en la gestión de esta ayuda y ha alcanzado un acuerdo con el PNV, para que las administraciones autonómicas del País Vasco y Navarra se encarguen de las mismas.

En ese contexto, después de que el Ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, manifestase semanas atrás que muchas de las administraciones regionales no han demostrado ser "muy eficaces a la hora de llegar a los hogares" marcados por la vulnerabilidad social, Villalobos ha señalado que "siempre que hay problemas en la gestión" de algún recurso, los poderes acaban "apuntando a los ayuntamientos".

LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN

Precisamente por ello, ha llamado a valorar el papel de las entidades locales en la gestión de esta nueva y demandada prestación, que en su primer pago alcanzaba ya a 6.448 familias de la provincia de Sevilla, toda vez que según el Instituto Nacional de Estadística, Sevilla capital cuenta con seis de los 15 barrios con menor renta neta media anual de toda España, con el Polígono Sur y Los Pajaritos año a año a la cabeza de los entornos urbanos más desfavorecidos de todo el país.

Insistiendo en el papel de los ayuntamientos en la gestión de la nueva prestación, el presidente de la Diputación ha recordado la jornada formativa celebrada a finales de junio en el complejo educativo Blanco White, donde responsables de la Seguridad Social detallaron a trabajadores y técnicos de servicios sociales y concejales del ramo de localidades de menos de 20.000 habitantes diferentes aspectos de la tramitación de las solicitudes.

En ese ámbito, en un contexto en el que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha demandado que se reconozca el coste que asumen las entidades locales a la hora de gestionar esta ayuda y la demanda de que dicho esfuerzo sea compensado, Villalobos ha expuesto que tal extremo también ha sido abordado en el seno de la FAMP.

Desde la comisión ejecutiva de la FAMP, según ha manifestado, se apuesta por "implementar los servicios sociales comunitarios" frente al nuevo reto que afrontan y los representantes "de todos los partidos" con participación en los órganos de la FAMP "están de acuerdo" en que los servicios sociales comunitarios deben contar con más recursos ante "este mogollón de trabajo" derivado del nuevo ingreso mínimo vital, que se suma al "alarmante incremento" de la demanda de servicios de ayuda a domicilio, la renta mínima de inserción andaluza o las labores en materia de familia o lucha contra la drogodependencia, entre otros aspectos.

UNA SITUACIÓN "EXCEPCIONAL"

Al respecto, ha reclamado que la Junta de Andalucía admita la situación "excepcional" que afrontan los servicios sociales comunitarios y aporte "fondos extraordinarios para aumentar el número de trabajadores" de los mismos. En este punto, ha señalado los 23,8 millones de euros destinados por el Ejecutivo andaluz para la contratación de 3.000 auxiliares de control de playas durante el verano, en el marco de su plan de Playas Seguras frente a la pandemia.

"Igual que hubo una excepcionalidad con esas contrataciones, lo mismo debe suceder ante unos servicios (sociales comunitarios) que han visto incrementada de forma extraordinaria su carga de trabajo", ha razonado el presidente de la Diputación de Sevilla, insistiendo en que la Junta debe aportar más fondos para reforzar dichos servicios de las entidades locales.

En paralelo, Villalobos ha criticado que coincidiendo con la entrada en funcionamiento del ingreso mínimo vital, el Gobierno andaluz del PP y Cs haya provocado un "parón" en la aprobación de solicitudes de la renta mínima de inserción de Andalucía, toda vez que el PP defiende que las peticiones se siguen tramitando y que la Junta de Andalucía prevé una modificación normativa destinada a compatibilizar dicha ayuda con el nuevo ingreso mínimo vital.

Villalobos, en ese sentido, ha avisado al Gobierno andaluz de que no debe "bajar la guardia o los brazos" en lo referente a la citada prestación autonómica para así inducir a los desfavorecidos "a que se vayan al ingreso mínimo vital", pues ambas ayudas "son compatibles", según ha insistido.

Finalmente, ha acusado al Gobierno andaluz de PP y Cs de "menospreciar lo público" al encomendar a la Cruz Roja la gestión del programa de Tarjetas Monedero creado con motivo de la nueva crisis derivada de la pandemia de coronavirus Covid-19. Mientras la Junta defiende que dicha entidad tramitará las solicitudes en coordinación con los servicios sociales comunitarios, el presidente de la Diputación ha defendido el papel "referente" de los servicios sociales comunitarios y ha avisado de que estará siempre "en desacuerdo" con cualquier decisión que implique algún tipo de "detrimento" de tales servicios y sus plantillas.
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