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La Junta suspende una modificación urbanística de San Juan por su "disminución clara de dotaciones públicas"

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, adscrita a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha suspendido la aprobación definitiva de una innovación urbanística promovida por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, para unos terrenos de uso residencial localizados entre el puente de los Derechos Humanos y el límite con el término municipal de Tomares; al detectar "una disminución clara de la ratio de dotaciones públicas establecidas para la población prevista en el lugar".

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04/12/2022 - 12:19


SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, adscrita a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha suspendido la aprobación definitiva de una innovación urbanística promovida por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, para unos terrenos de uso residencial localizados entre el puente de los Derechos Humanos y el límite con el término municipal de Tomares; al detectar "una disminución clara de la ratio de dotaciones públicas establecidas para la población prevista en el lugar".

En este acuerdo de fecha 25 de octubre de 2022 y recogido por Europa Press, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aborda una modificación puntual de planeamiento urbano del Ayuntamiento de San Juan, gobernado por el socialista Fernando Zamora junto a Unidas Podemos, con relación al sector dos del término municipal, correspondiente a la zona de Vistahermosa, localizada entre la gran superficie de Carrefour, el límite con el término municipal de Tomares y el puente de los Derechos Humanos.

Según describe el acuerdo, esta operación "tiene por objeto un aumento del número de viviendas en el sector, especialmente de vivienda protegida, acompañándose de un incremento proporcional de la superficie destinada a sistemas generales", precisando que "la propuesta aumenta el número de viviendas del ámbito, desde las 234 presentes en el planeamiento vigente hasta un total de 645 unidades".

LA RATIO Y LA NORMATIVA URBANÍSTICA

El acuerdo indica que esta operación urbanística mantiene la ratio inicialmente prevista en materia de sistemas generales de espacios libres, conservando la "proporción" inicial de 6,26 metros cuadrados por habitante, "al introducir 6.176 metros cuadrados para 986,4 habitantes que arroja el incremento en 411 viviendas".

En paralelo, recuerda que la legislación urbanística andaluza determina que "el incremento del aprovechamiento lucrativo debe conllevar un incremento dotacional de manera que, como mínimo, se mantenga la ratio entre ambos conceptos, introduciéndose por tanto una leve mejora respecto a la ordenación vigente".

DICTAMEN DESFAVORABLE DEL CONSULTIVO

El acuerdo aprobado señala, en ese sentido, que el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen vinculante sobre esta operación, en el que informa desfavorablemente sobre esta propuesta, al "representar una disminución clara de la ratio de dotaciones públicas establecidas para la población prevista en el lugar, respecto a la que pretende ser asentada en el mismo, cuyo número se incrementará desproporcionadamente", según dicho dictamen.

"No es necesario hacer ningún esfuerzo interpretativo para apreciar que la ratio vivienda/superficie de dotaciones públicas ha disminuido notablemente", señalaba en su dictamen el Consejo Consultivo, advirtiendo de que la propuesta "conlleva un cambio de modelo de ciudad en la parte que le afecta, y que las viviendas unifamiliares se tornan a plurifamiliares de forma masiva, siendo por ello difícil mantener la ratio preexistente".

El acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo se atiene así a este dictamen, con la "suspensión de la aprobación definitiva" de esta modificación urbanística.

"Al objeto de proceder al levantamiento de la suspensión de la modificación del instrumento de planeamiento, el Ayuntamiento deberá elaborar un documento de cumplimiento, y en su caso, solicitar los informes de verificación de las administraciones sectoriales correspondientes y someterlo a información pública", agrega el acuerdo.
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