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El juzgado de Soria obliga a la demolición de la quinta planta del edificio de Los Pajaritos II en dos meses

El Juzgado Contencioso Administrativo de Soria ha instado al Ayuntamiento de la ciudad a derribar la estructura de la quinta planta del edificio de Los Pajaritos II en un plazo de dos meses.

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08/7/2024 - 18:14


SORIA, 8 (EUROPA PRESS)

El Juzgado Contencioso Administrativo de Soria ha instado al Ayuntamiento de la ciudad a derribar la estructura de la quinta planta del edificio de Los Pajaritos II en un plazo de dos meses.

El tribunal ha declarado que las obras son "ilegales e incompatibles con el ordenamiento urbanístico", como se despende por la sentencia, que ha sido facilitada por el Grupo Municipal del PP de Soria, demandante.

La portavoz del PP, Belén Izquierdo, ha lamentado que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, permitiera "la ejecución de una planta más de lo autorizado y no tener en cuenta ni las fotografías aportadas por la Policía Municipal sobre la infracción, ni tampoco hasta cinco informes técnicos municipales".

"La sentencia dice al Ayuntamiento que ha intentado legalizar algo que es ilegal", ha lamentado Izquierdo, que ha apuntado que se ha tenido que esperar un año hasta conocer una sentencia que apunta que la promotora "inició las obras un año antes de que se aprobará el proyecto de ejecución".

Izquierdo ha añadido que el PP se personará en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en el caso de que el Ayuntamiento o la empresa presenten recurso de apelación para "defender los intereses de la ciudad".

"QUITARLE HIERRO"

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, por su parte, ha pedido "quitarle hierro y gravedad al asunto". El concejal ha justificado que "el exceso de obra está prácticamente demolido, a excepción de la estructura, y lo que se dirime en el procedimiento es si se admitía la legalización de las obras con la colocación de placas solares aprovechando la estructura de esa quinta planta".

Rey ha subrayado que el equipo de Gobierno "acata la sentencia" a pesar de que muchos argumentos no "los comparte" y ha apuntado que el procedimiento trataba de la restauración de la legalidad y, por otro lado, dirime un procedimiento sancionador contra la empresa por 150.000 euros, que "sigue en curso".
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