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El Supremo tumba el POUM de Tarragona aprobado en 2013 por falta de un informe del Estado

Avala el fallo del TSJC y señala que el informe estatal es obligatorio en materia de hidrocarburos

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17/11/2020 - 18:47


Avala el fallo del TSJC y señala que el informe estatal es obligatorio en materia de hidrocarburos

TARRAGONA, 17 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación que la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona presentaron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumbó el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) aprobado en 2013 "por falta de informe previo de la autoridad estatal competente en materia de planificación de hidrocarburos".

La sentencia del Supremo, dictada el 26 de octubre y consultada por Europa Press, avala así el fallo del TSJC, que en 2018 estimó en parte el recurso de la empresa Compañía Logística de Hidrocarburos CLH contra la resolución de la Generalitat que avalaba el POUM.

Los magistrados valoran en la sentencia si la Ley del sector de hidrocarburos exige la emisión de un informe del Estado en materia de planificación de hidrocarburos al tramitar planes urbanísticos, y señalan de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que "el informe de la Administración estatal será preceptivo cuando la planificación territorial y urbanística pueda afectar al ejercicio de las competencias estatales y tendrá carácter vinculante sólo en lo que se refiere a la preservación de las competencias del Estado".

En la misma línea, señalan que la sentencia del TSJC destaca que el POUM y las actuaciones que plantea en las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos líquidos puede afectar al ejercicio de las competencias estatales en esta materia "por sus conexiones con cierta refinería, con la red nacional de oleoductos, con el muelle y con la gabarra del puerto de Tarragona y de su proximidad a las principales vías de comunicación", por lo que lo considera una ubicación estratégica para la recepción y distribución de productos y para la conexión con otras empresas logísticas.

"La afectación de las competencias estatales determina, por tanto, en las circunstancias del caso, el carácter preceptivo del informe de laAdministración estatal en materia de hidrocarburos", el cual no se había emitido al aprobar el POUM que la empresa afectada impugnó.

EL AYUNTAMIENTO VE "UNA OPORTUNIDAD"

Al conocer la decisión, el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha dicho que se trata de "un marco inesperado, con consecuencias muy importantes", aunque lo ha valorado como una oportunidad para hacer un nuevo POUM más sostenible con mayor participación ciudadana.

El consistorio ha explicado en un comunicado que tras conocer la sentencia --notificada el lunes por la tarde--, el alcalde convocó al equipo técnico del Ayuntamiento, y después se ha celebrado una comisión informativa de Territorio extraordinaria para explicar el fallo a los grupos municipales.

El concejal de Territorio y Sostenibilidad de Tarragona, Xavier Puig, ha considerado que la sentencia del Supremo "es una mala noticia y es muy grave, pero puede ser una oportunidad", y ha afirmado que su objetivo será minimizar los efectos del fallo, para lo que ha dicho que trabaja con la Generalitat para diseñar normas urbanísticas que permitan mantener los planes que estaban en fase de tramitación más avanzada.

GRUPOS MUNICIPALES

La CUP de Tarragona ha expresado en un comunicado que ve necesario revisar el POUM de la ciudad, y ve en la sentencia "una oportunidad para enmendar un planeamiento urbanístico desfasado y nocivo, que responde más a los intereses de los grandes promotores inmobiliarios que de la ciudad y sus vecinos y vecinas".

En cambio, el PSC ha reprochado también en un comunicado la reacción del consistorio, que a su parecer minimiza los efectos de la sentencia al calificarla como una oportunidad: "Hay que poner todos los esfuerzos en cómo afrontar el colapso que sufriremos en medio de una grave crisis económica y con pandemia, y lo primero que hace falta es comprometer a la Generalitat, corresponsable en este tema, para aprobar con urgencia normas subsidiarias que permitan evitar una parálisis total".
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