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Santa Cruz retirará 2 millones de euros del Santander por no parar los desahucios en Añaza

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dado instrucciones al área de Hacienda para que retire un total de 2 millones de euros de las cuentas del Ayuntamiento en el Banco Santander, toda vez que esta entidad no ha respondido a la petición del Consistorio para clarificar sus intenciones con respecto al eventual desahucio de vecinos en el barrio de Añaza. Dicha cantidad equivale al 50% de los fondos que la Corporación tiene en la entidad financiera, pudiendo retirar la totalidad "si no queda otro remedio".

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16/10/2018 - 17:21


SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dado instrucciones al área de Hacienda para que retire un total de 2 millones de euros de las cuentas del Ayuntamiento en el Banco Santander, toda vez que esta entidad no ha respondido a la petición del Consistorio para clarificar sus intenciones con respecto al eventual desahucio de vecinos en el barrio de Añaza. Dicha cantidad equivale al 50% de los fondos que la Corporación tiene en la entidad financiera, pudiendo retirar la totalidad "si no queda otro remedio".

Así lo ha anunciado el alcalde en declaraciones a los medios tras presidir una segunda reunión en el Ayuntamiento con una representación de los inquilinos afectados; la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León; los concejales de Vivienda, Asuntos Sociales y Distrito Suroeste, Carmen Delia Alberto, Óscar García y Gladis de León, y el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, que ha intervenido por teléfono.

El alcalde ha indicado que a raíz de la reunión celebrada la semana pasada y el ultimátum dado a la entidad financiera, se ha constatado que no ha habido una respuesta oficial por parte del Santander, Luri 6 o Altamira, empresas vinculadas a la entidad, a los escritos que fueron remitidos tanto por el Ayuntamiento, como por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los propios vecinos afectados.

José Manuel Bermúdez hizo hincapié en que no se puede permitir que el Ayuntamiento solicite información a una entidad de la que es cliente y no haya ninguna respuesta oficial: "Eso, sinceramente, no lo podemos permitir. Es inadmisible. No se entiende cómo una entidad financiera de la importancia del Banco Santander no sea capaz de responder a tres instituciones que merecen una respuesta porque representan a los vecinos del municipio".

El alcalde ha querido dejar claro que no le valen las llamadas telefónicas que ha recibido hasta ahora: "Quiero que la entidad o la promotora se sienten y nos digan qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo y qué es lo que pretenden hacer para buscar alternativas. Si no tenemos con quién sentarnos, no queremos trabajar con entidades que trabajan de esta manera".

Preguntado por la denuncia que han presentado los vecinos ante la Fiscalía contra el Santander, Bermúdez aclaró que el Ayuntamiento se plantearía entrar como acusación particular siempre y cuando la Fiscalía decida abrir una investigación e inicie una acusación contra el banco, Luri 6, propietaria de los inmuebles, o Altamira, que ejerce de explotadora de las viviendas.

Por otro lado, indicó que la puesta en marcha del protocolo Anti-Desahucios ha permitido paralizar al menos dos desalojos que ya cumplían la fecha fijada. En cualquier caso, quiso dejar claro que hay muchas familias que no pueden obtener las ayudas al alquiler que concede el Ayuntamiento porque no poseen contrato o no se les pasan los vecinos.

Por su parte, la directora general del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, ha anunciado que toda vez que ninguna de las tres entidades tampoco han respondido al escrito remitido por el Ejecutivo canario, pedirán al Colegio de Notarios y al de Registradores de la Propiedad que informen si se ha producido la transmisión de las viviendas, dado que para ello se necesitaría la autorización del Gobierno de Canarias.

Asimismo, va a remitir un nuevo escrito en el que da un plazo de diez días al Santander, Luri 6 y Altamira para que faciliten toda la información relativa a este asunto. En el caso de que se constate que han cometido alguna infracción en materia de vivienda, se iniciaría un expediente sancionador.

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