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Reclama la deuda histórica

Compromís exige al Consell que lleve a los tribunales al Gobierno por la "discriminación financiera" a los valencianos

El síndic del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, y el portavoz adjunto, Fran Ferri, han exigido al Gobierno Valenciano que "lleve a los tribunales" al Gobierno de Mariano Rajoy, por la "discriminación financiera" a los valencianos.

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25/7/2014 - 12:24

VALENCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El síndic del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, y el portavoz adjunto, Fran Ferri, han exigido al Gobierno Valenciano que "lleve a los tribunales" al Gobierno de Mariano Rajoy, por la "discriminación financiera" a los valencianos.

Morera y Ferri han ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que han pedido a la Generalitat que inicie un procedimiento legal "para revertir la injusta situación de infrafinanciación que sufre el territorio valenciano", según ha informado Compromís en un comunicado.

Según ha señalado Morera, las balanzas fiscales han demostrado que los valencianos sufrimos un déficit fiscal de 2.018 millones. "Esta cifra podría superar los 5.000 millones si se utilizara la metodología de flujo monetario que avala el Instituto de Estudios Fiscales y no la que ha utilizado Montoro", ha puntualizado.

"De todos modos, con las dos metodologías se constata que el nuestro es el único territorio que aporta más de lo que recibe, a pesar de contar con una renta per cápita inferior a la media", ha resaltado el síndic de Compromís. Para la coalición, ante el "desprecio" del Ejecutivo de Mariano Rajoy, "el Gobierno valenciano no puede continuar con la estrategia de llorar y quedarse de brazos cruzados", ha resaltado.

Para Enric Morera, "es el momento de plantarse y actuar", por lo que "al Consell no le queda otra que recurrir ante los tribunales". Según ha explicado Ferri, "este procedimiento se tiene que iniciar con un requerimiento del Gobierno valenciano ante el Ministerio de Hacienda reclamando una financiación justa".

En caso de no ser atendida su solicitud en el plazo legal de tres meses, considera que el Consell debe interponer una demanda por el procedimiento contencioso-administrativo".

Según Compromís, los fundamentos legales para demandar al gobierno central son la "vulneración" de los principios establecidos en el artículo 2 de la Lofca respecto a la Comunitat Valenciana, ya que con la situación actual "no existe ni equilibrio económico, ni capacidad de financiación de servicios públicos fundamentales, ni solidaridad territorial, ni suficiencia de recursos para competencias propias, ni lealtad institucional".

Asimismo, considera que se incumple el artículo 15 de la Lofca, dado que "no se está garantizando un nivel mínimo de servicios públicos". "En educación, sanidad y protección social Están presupuestados 10.088 millones de euros, mientras los ingresos del sistema de financiación autonómica se quedan en 8.276 millones de euros, con lo cual se genera un déficit de 1.800 millones de euros", ha manifestado.

De la misma manera, Compromís entiende que el Gobierno de Mariano Rajoy está incumpliendo la disposición adicional séptima de la ley 22/2009 sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas que establece la revisión quinquenal del sistema de financiación, que no se ha cumplido ni se tiene intención de cumplir.

"VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD"

Para Morera, "de igual forma, al margen de este procedimiento, la Abogacía de la Generalitat también debe estudiar si es posible la apertura de la vía constitucional por la vulneración del principio de igualdad que supone este infrafinanciación".

En base a estos fundamentos legales, Compromís se considera que, a través de los tribunales, se puede exigir al Gobierno central el reconocimiento de la deuda histórica generada entre 2002 y 2011 --cifrada en 13.500 millones por la comisión de expertos de las Corts--, una dotación provisional para el año 2014 de 1.800 millones para garantizar servicios básicos y que cualquier revisión del sistema de financiación tenga efectos retroactivos a 1 de enero de 2014, porque no se ha cumplido la revisión establecida en la ley 22/2009.

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