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Emshi y Abogacía de la Generalitat se oponen

Fiscalía y la defensa de Carlos Crespo piden que la pieza del blanqueo de capitales se juzgue en Madrid

La Fiscalía de Valencia y la defensa de Carlos Crespo, hermano del expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, han solicitado al tribunal que la pieza de blanqueo de capitales, en la que está imputado, y derivada del caso principal de Emarsa, se juzgue en la Audiencia Nacional.

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27/3/2015 - 12:29

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Valencia y la defensa de Carlos Crespo, hermano del expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, han solicitado al tribunal que la pieza de blanqueo de capitales, en la que está imputado, y derivada del caso principal de Emarsa, se juzgue en la Audiencia Nacional.

Estas dos partes entienden que el núcleo de la acción se cometió en Andorra, donde Carlos Crespo y su hermano, Enrique, abrieron una cuenta bancaria e ingresaron inicialmente 350.000 euros. Seguidamente, a lo largo del tiempo, Carlos Crespo realizó otros ingresos en efectivo y dispuso de las cantidades.

Frente a esta solicitud, la Abogacía de la Generalitat y de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) han mostrado su oposición y han subrayado que esta pieza se debe juzgar en la Audiencia de Valencia puesto que el origen del dinero es Valencia, ya que supuestamente procedía del fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo.

Las acusaciones y defensas se han pronunciado así en una vista que se ha celebrado este viernes en la Audiencia de Valencia, en la que se han abordado cuestiones previas relativas a esta pieza. En este momento, el abogado de Crespo también ha solicitado la suspensión del juicio hasta que se juzgue la pieza principal.

El fiscal solicita cuatro años de cárcel para Carlos Crespo y 700.000 euros de multa; la Abogacía de la Generalitat, tres años de prisión y 350.000 euros de multa y la Emshi, otros tres años de cárcel pero eleva la multa hasta los 700.000 euros, igual que el ministerio público.

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