Condenan a la dueña de una academia de Valencia a cárcel por estafa a una universidad en viajes pagados por Ayuntamiento
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una mujer, administradora de una academia de idiomas de la ciudad, a la pena de tres años y medio de prisión por estafar 317.283 euros a la Universidad de St. Andrews, en Escocia, en intercambios y viajes de estudiantes pagados por el Ayuntamiento. La acusada negó en el juicio la estafa y, por contra, lamentó que estos trabajos le llevaron a la quiebra, a embargar su casa y a cerrar la academia.
17/4/2015 - 18:44
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una mujer, administradora de una academia de idiomas de la ciudad, a la pena de tres años y medio de prisión por estafar 317.283 euros a la Universidad de St. Andrews, en Escocia, en intercambios y viajes de estudiantes pagados por el Ayuntamiento. La acusada negó en el juicio la estafa y, por contra, lamentó que estos trabajos le llevaron a la quiebra, a embargar su casa y a cerrar la academia.
El tribunal considera probado que la mujer, en el mes de mayo de 2002, entabló conversaciones vía e-mail con el director del Departamento de Enseñanza de inglés de la Universidad de St. Andrews para establecer un proyecto de cooperación para intercambio de estudiantes. Este proyecto fue rechazado al no contemplar entre sus actividades dichos intercambios, pero se establecieron las bases para la organización de cursos de inglés por parte de estudiantes españoles en dicha universidad durante los meses de julio y agosto.
A su vez, la mujer se concertó con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia para organizar las actividades idiomáticas y culturales incluidas en el Programa Lingüístico establecido dentro de la Campanya d'Estiu 2002. Obtuvo de este modo un contrato menor para dichas actividades en diversas universidades europeas por 12.000 euros.
Pese a conocer la inexistencia de un acuerdo de intercambio con la universidad, la mujer organizó en verano de 2002 estancias de estudiantes españoles en las universidades a que se refería el contrato menor suscrito con el Ayuntamiento, incluida la de St. Andrews, y abonó a la misma, aunque con retraso, el importe devengado por estas estancias.
En 2003, la condenada volvió a contactar con la universidad para negociar y concertar una nueva estancia de estudiantes españoles en la misma, y aseguró el pago de las estancias según los precios pactados.
Paralelamente, volvió a obtener del consistorio un nuevo contrato menor de obra para organizar y gestionar los cursos de intercambio que creía el Ayuntamiento que había concertado la mujer en su nombre con diversas universidades europeas, todo ello a cambio, de nuevo, de la suma de 12.000 euros.
Se desplazaron hasta la universidad cuatro grupos de estudiantes en los meses de julio y agosto de ese ejercicio, y la mujer abonó los gastos de desplazamiento, pero no el importe de los cursos, con lo que generó una deuda con la universidad de 202.974 euros.
CON EVASIVAS
Desde ese verano, la mujer fue respondiendo con evasivas a las reclamaciones de pago que se le hacían desde la universidad, alegando que el responsable del impago era el Ayuntamiento, que no le había abonado las cantidades que correspondían, pese a conocer que el consistorio nada debía pagarle porque creía erróneamente que la estancia de estudiantes españoles en la universidad respondía a un programa de intercambio y no a unos cursos que debían ser abonados en su integridad.
Pese a que se mantenía la situación de impago, ante las insistentes explicaciones de la mujer, los responsables de la universidad creían que quien debía abonar lo adeudado era el Ayuntamiento, hasta el punto de que le formularon una reclamación que fue desestimada.
Entretanto, la universidad, manteniendo la confianza en la condenada y en su solvencia, volvió a aceptar la organización de nuevos cursos de verano para estudiantes en 2004. En este caso, ya no contó con la cobertura de un contrato con el consistorio, que decidió no volver a contratarla por los problemas surgidos con varias universidades europeas. De nuevo se desplazaron hasta allí estudiantes y quedaron impagados en su totalidad los gastos generados por los cursos a los que asistieron, lo que dio lugar a una nueva deuda por importe de 114.309 euros.
Por todo ello, la Audiencia condena a esta mujer a tres años y medio de prisión por un delito continuado de estafa, así como a indemnizar a la universidad con 317.283 euros. Sin embargo, le absuelve de los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad documental, estafa procesal y alzamiento de bienes.
Sobre este último punto, el tribunal señala que no se ha acreditado suficientemente que la mujer falsificara, imitando la firma de la concejala de Juventud, un documento que, refiriéndose a los cursos correspondientes al verano de 2002, fue aportado por la mujer en su contestación a la demanda interpuesta por la universidad ante el juzgado.
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