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Denuncian al Defensor del Pueblo la denegación del permiso de residencia a una víctima de violencia de género

Una mujer de nacionalidad rusa, víctima de violencia de género, ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que la Subdelegación del Gobierno en Valencia volviera a denegarle --en una resolución del pasado 22 de noviembre-- una autorización de trabajo y residencia temporal en España pese a que un juzgado había instado a la administración a tramitarla.

11/1/2019 - 18:22

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Una mujer de nacionalidad rusa, víctima de violencia de género, ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que la Subdelegación del Gobierno en Valencia volviera a denegarle --en una resolución del pasado 22 de noviembre-- una autorización de trabajo y residencia temporal en España pese a que un juzgado había instado a la administración a tramitarla.

Según explica el abogado de la afectada y presidente de Sos Racismo Valencia, Francisco Solans, esta notificación de la Subdelegación se produjo después de que la mujer recurriera un primer archivo de su solicitud por la vía del Contencioso Administrativo, que el juzgado revocó, al tiempo que instó a la administración a tramitar la petición de residencia temporal y efectuar la "valoración oportuna".

Así consta en las dos resoluciones de la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Valencia y en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de la capital valenciana, consultadas por Europa Press.

La mujer, de origen ruso y 37 años de edad en la actualidad, denunció al que era su pareja sentimental por malos tratos y lesiones y solicitó una orden de protección. En una sentencia del 1 de abril de 2017, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de València, se consideraba "veraz, junto con el parte médico" la existencia de indicios de que se hubiera producido una agresión por la que la mujer sufrió lesiones. Sin embargo, dada la "levedad" de estas, la orden de alejamiento acordada fue de una duración de seis meses y suponía la prohibición de aproximarse a la agredida a menos de 300 metros, así como de comunicarse con ella.

En un auto posterior, del 9 de mayo de 2017, este mismo Juzgado ordenó prisión provisional para el hombre por vulneración de la orden de alejamiento "consciente y reiterada" y para "asegurar la vida" de la víctima. Entretanto, la Oficina de Extranjeros comunicó a la mujer que debía aportar determinada documentación y le advirtió de que, de no hacerlo, su solicitud sería archivada.

Finalmente, en un fallo del 18 de diciembre del mismo año, el Juzgado de lo Penal número 7 de València condenó al hombre por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y un delito de amenazas en el ámbito familiar a casi un año de prisión al considerar probado que llamó y envió audios a la mujer en los que utilizaba términos como "puta", que se sentó en varias ocasiones en bancos cercanos al domicilio de la víctima y que en alguna de estas ocasiones le dijo que "en cuanto se terminara la orden de alejamiento la iba a matar".

Posteriormente, la mujer recurrió la resolución de archivo de su petición de residencia temporal ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de València, que en una sentencia del 28 de junio de 2018 la revocó y le concedió la autorización provisional de residencia al sostener que la afectada sí había aportado la documentación que se le había exigido.

No obstante, el Juzgado decidió la estimación parcial del recurso debido a que no es su "labor", sino de la Administración, "analizar si dicha documentación es bastante para proceder a conceder dicha autorización de residencia temporal, sino solo ordenar que se tramite dicha solicitud y se efectúe la valoración oportuna, susceptible de recurso". Además, otorgaba a la recurrente "la misma protección que tenía ya concedida".

Después de este fallo, el 22 de noviembre de 2018, la Oficina de Extranjeros trasladó a la mujer en una nueva resolución que con el auto de orden de alejamiento del Juzgado, el certificado de empadronamiento y el pasaporte expedido que aportó la joven no quedaba "acreditado que la interesada se encuentre en situación irregular en la fecha de los hechos". La Administración recordaba también que había requerido a la interesada para que "a efectos de determinar su situación administrativa en España" aportara documentación que acreditara su fecha de entrada en el país, algo que no hizo.

De este modo, la Subdelegación del Gobierno denegó la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por violencia de género.

Francisco Solans señala que en el juicio el abogado del Estado "reconoció la mala actuación de la Administración, por cuanto claramente no procedía requerir lo que se requirió, y por tanto el archivo era nulo e improcedente". Sin embargo, ha lamentado que la jueza "se fio de las buenas intenciones de la Administración" al instar a volver a tramitar la solicitud de residencia y, por esa razón, no interpusieron apelación, "entendiendo que era lo más favorable para ella".

Al denegar la petición de la mujer, el letrado entiende que "tal retorcido despropósito no es sino un intento contumaz de sostenella y no enmendalla, por encima de toda lógica, de lo reconocido por el propio abogado del Estado y por lo establecido por la sentencia".

Por todo ello, el abogado ha acudido al Defensor del Pueblo para pedir que, antes de verse "forzados a tener que acudir a un nuevo contencioso que supondrá un año de tramitación", se dirijan a la Oficina de Extranjeros para "exigirles la revocación de la última resolución y que se proceda a conceder el permiso a que tiene derecho nuestra defendida, sin perjuicio del expediente disciplinario que deberá abrirse contra el responsable de semejante despropósito".

Asimismo, ha denunciado que "la actuación de la Administración está produciendo un perjuicio claro a nuestra representada, dado que, aunque ella puso la denuncia en abril de 2017, no fue hasta agosto de 2018 que pudo comenzar a recibir algún tipo de ayuda económica reconocida, debido a su falta de documentación, y ahora teme que incluso le puedan retirar tales ayudas".

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