Las defensas en el 'caso PGOU' piden la nulidad y acusan al instructor de entregarles la mitad de lo actuado
La primera jornada se ha convertido en un reproche generalizado sobre supuestas irregularidades en la tramitación de la causa
18/9/2018 - 14:12
La primera jornada se ha convertido en un reproche generalizado sobre supuestas irregularidades en la tramitación de la causa
VALLADOLID, 18 (EUROPA PRESS)
Las defensas en el juicio por el denominado 'caso PGOU', que investiga presuntas modificaciones en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid en favor de determinados empresarios, han invocado este martes la nulidad del proceso y la prescripción de los delitos imputados tras denunciar públicamente la vulneración de derechos de sus patrocinados al contar aún con la mitad de la prolija documentación que se ha venido instruyendo en los últimos diez años.
La primera jornada del maratoniano juicio previsto hasta finales del próximo mes de noviembre, en el que comparten banquillo catorce acusados, sus once letrados y los responsables de las acusaciones pública y popular, esta última ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', apenas ha servido para conocer algunas de las cuestiones previas esgrimidas por las defensas, todas ellas dirigidas a que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid no entre siquiera en materia y eche el cerrojo a la causa ante las numerosas irregularidades que, según coinciden, han sido cometidas a lo largo de la instrucción.
La vista ha comenzado con retraso, después de que el magistrado presidente de la sala suspendiera momentáneamente la misma ante las quejas de varios defensores que habían sido ubicados en unas sillas, tipo pupitre, en las que no podían desplegar su material y, sobre todo, porque habían sido separados de sus clientes, cuestión que ha sido finalmente subsanada.
Una vez reanudado el juicio, el defensor del arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, a modo de avanzadilla de lo que luego expondrían otras defensas en idéntico sentido, ha denunciado la vulneración de derechos fundamentales a lo largo de la instrucción, tanto el de defensa como de tutela judicial efectiva, el principio de equilibrio de armas y el de un proceso con todas las garantías, y todo ello basado fundamentalmente en el hecho de que la vista oral comienza cuando los procesados no disponen aún de la totalidad de lo actuado en la causa.
En este sentido, el letrado Jesús Sebal, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido en que el denominado 'caso PGOU' se extiende a lo largo de 12.000 folios y 1.800 planos por hechos ocurridos en 2003 y pese a ello las defensas, en un "claro ejemplo de indefensión", tan solo disponen de un 50% de dicha documentación, y ello a pesar de los hasta cuatro intentos subsanadores realizados por el Juzgado de Instrucción número 1 mediante la aportación de dispositivos USB que, como así ha denunciado el defensor, siguen sin contener la totalidad del planeamiento urbano.
"El traslado de esta documentación es absolutamente imprescindible por cuanto contiene el sustrato fundamental en el que se basan las acusaciones y es vital para comparar esas supuestas modificaciones en el PGOU", insiste Sebal, quien por ello censura al instructor y al secretario judicial--hoy se denominan letrados de la Administración de Justicia--por haberles "privado" de conocer aquello de los que se acusa a los procesados. "¿Cómo nos vamos a defender de lo que no sabemos?", se lamenta.
Pero además, el defensor de Álvarez Aller, a cuya argumentación se han adherido luego los de otras defensas, ha recordado que en su momento la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ordenó al secretario del juzgado instructor certificar que se había entregado a las defensas toda la documentación y que dicho trámite no ha sido adverado.
TRATO DE FAVOR A LAS ACUSACIONES
Todos los defensores, los que han tenido tiempo de hacerlo en esta primera jornada, han coincidido al denunciar el supuesto trato de favor recibido por las acusaciones pública y popular, de las que han recordado que tuvieron acceso a todos los documentos originales del proceso y "por orden cronológico", frente a las copias incompletas y "de forma anárquica" recibidas por las defensas, incluido el informe de la Policía Judicial que manejó la Fiscalía durante buena parte de la instrucción y que se "mantuvo oculto o distraído" a estos letrados, cuyos clientes declararon en sede judicial, primero como testigos y luego como imputados, sin tener conocimiento de dicho documento policial.
La prescipción de los delitos imputados ha sido también esgrimida por las defensas, habida cuenta del tiempo transcurrido en la tramitación de un proceso que se inició en julio de 2008.
"Hasta 2013 el juez no dictó auto de transformación del procedimiento y ha sido en 2018 cuando se ha dado traslado a las defensas para la presentación de calificaciones", con lo que los defensores persisten en que se trata de una "tardanza atribuible únicamente a la actitud obstinada del secretario judicial por facilitar la documentación a estas partes de forma distinta a como se había realizado en el caso de las acusaciones", ha puntualizado Jesús Sebal.
"El cómputo global del proceso se ha dilitado durante diez años, y no por causa de estas defensas, que han recurrido todo aquello que creían que no era ajustado a derecho", ha advertido el letrado de Álvarez Aller, que por eso insiste en que en caso de supuesta condena el tribunal tendría que aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Su compañero de bancada, defensor del exconcejal José Antonio García de Coca, ha aprovechado para expresar su malestar por la demora de un proceso que ha "provado a éste un sufrimiento no sólo en su carrera de docente sino en su salud personal".
A los catorce imputados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.
En su escrito, la Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.
A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.
Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', en su escrito de calificación provisional en el que incluye al religioso Lino Collazos, de la Fundación Emilio Álvarez--no aparece en la lista del fiscal--pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.
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