El grado de aceptación de la Junta de las recomendaciones del Consejo de Cuentas aumentó 29 puntos en 2019
La Fundación Siglo, por contra, no ha cumplido ninguna de las recomendaciones formuladas
20/11/2020 - 11:44
La Fundación Siglo, por contra, no ha cumplido ninguna de las recomendaciones formuladas
VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)
El grado de cumplimiento de la Junta de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Cuentas de Castilla y León aumentó , única administración fiscalizada todos los años, aumentó 29 puntos en el ejercicio de 2019 con respecto al anterior, pasando de un 31 al 60 por ciento, según el informe que dicho órgano ha entregado hoy en el Parlamento autonómico, una vez aprobado por el Pleno del órgano de control externo.
Este trabajo se realiza a raíz de la Ley 4/2013 de reforma de las Instituciones Propias de la Comunidad, siendo por tanto el séptimo de los efectuados para revisar las indicaciones contenidas en los 18 informes de fiscalización llevados a cabo en 2019, y del mismo dará cuenta el presidente del Consejo, Mario Amilivia, en las Cortes, tal como establece la normativa.
Con ello, se proporciona una herramienta de transparencia para el ejercicio del control parlamentario que corresponde a la Cámara representativa de los castellanos y leoneses, según el comunicado del Consejo de Cuentas recogido por Europa Press.
El objetivo fundamental es determinar si se han aplicado adecuadamente las recomendaciones, tomando como referencia para el análisis las contestaciones que han sido remitidas por los entes auditados durante el anterior ejercicio.
Aí, el informe constata que el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, experimentó un importante ascenso de 29 puntos sobre el año anterior, obteniendo una clara mejora respecto a los ejercicios anteriores: un 13% de cumplimiento total o parcial en 2013; un 20% en 2014; 22% en 2015; 22% en 2016; 32% en 2017 y 31% en 2018, hasta alcanzarse el 60% en 2019.
Con relación a 2018, el informe revela que, en el conjunto de administraciones, se ha mejorado en 8 puntos el grado de aceptación de las recomendaciones del Consejo, pasando del 61% al 69%, porcentaje en el que se tienen en cuenta tanto las que se considera que se han cumplido total o parcialmente como aquellas en las que solo se manifiesta su conformidad.
En cuanto al cumplimiento, de acuerdo con las contestaciones de los entes fiscalizados, el Consejo considera que han sido aplicadas de forma íntegra o parcial 131 de las 232 analizadas, el 56%, el mejor porcentaje de la serie histórica.
Se ha registrado un notable incremento de 14 puntos porcentuales respecto del 42% (72 de 172) obtenido en el informe del ejercicio 2018.En 2017 se alcanzó un 46%, en 2016 un 42%, en 2015 un 34%, en 2014 un 50% y en 2013 un 38%).
En términos absolutos, en el acumulado de los siete años en los que se lleva realizando este informe, han sido aplicadas total o parcialmente 567 recomendaciones de las 1.254 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 45% para todo el periodo 2013-2019.
LAS DIPUTACIONES, LAS MÁS CUMPLIDORAS
En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas: las diputaciones el 64% (29 de 45); los municipios el 54% (81 de 150); la Junta de Castilla y León el 60% (21 de 35).
La Fundación Siglo, finalmente, no ha cumplido ninguna de las recomendaciones enviadas.
Atendiendo a la naturaleza legal o especial del informe, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones no varía sustancialmente este año, siendo el primero en el que el cumplimiento de las recomendaciones en los informes legales es superior al registrado en relación a los informes especiales. En los legales fueron aplicadas total o parcialmente el 62% (16 de 26), mientras que en los especiales el porcentaje alcanza el 56% (115 de 206).
Como en anteriores informes, el Consejo de Cuentas valora las mejoras introducidas mediante la aplicación de las recomendaciones, si bien insta a la puesta en práctica de aquellas no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.
Durante el año 2019 el Consejo aprobó 18 informes con un total de 274 recomendaciones. En este informe se analizan 232 contenidas en 9 fiscalizaciones ya que 42 no se abordan por ser de carácter legislativo, por haber perdido validez como consecuencia de reformas legislativas posteriores a su aprobación o por carecer de destinatario específico
Desde el año 2017 se ha introducido en la tramitación un segundo periodo de consultas a fin de que los entes fiscalizados conozcan la valoración del Consejo sobre las contestaciones dadas y puedan, de esta manera, alegar sobre dicha valoración.
En los dos primeros meses de cada ejercicio, el presidente solicita a los responsables de los entes auditados información detallada sobre el cumplimiento de las indicaciones de la institución.
Este año, por efecto de la pandemia, la primera comunicación a los entes fiscalizados se hizo una vez que terminó el estado de alarma y el segundo periodo de consultas a principios de septiembre.
Las recomendaciones son una consecuencia de las fiscalizaciones y su cumplimiento implica una mejora de la gestión de los recursos públicos.También, al no ser vinculantes, su cumplimiento revela por parte de la entidad fiscalizada una voluntad de mejorar la gestión y un compromiso con la transparencia.
La metodología para el análisis de la aplicación de las recomendaciones tiene en cuenta las siguientes categorías: 1ª corregida; 2ª aplicada parcialmente; 3ª no aplicada (estableciéndose las subcategorías no contestada, tomada en consideración y no compartida); 4ª sin validez en el marco actual y 5ª imposible de verificar.
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