La Junta aporta 8 millones de euros adicionales a entidades locales para ayudas de emergencia a familias vulnerables
Con ello se financiarán, entre otras cosas, la ayuda directa de 130 euros para paliar la pobreza energética
22/10/2021 - 13:06
Con ello se financiarán, entre otras cosas, la ayuda directa de 130 euros para paliar la pobreza energética
VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha incrementado con ocho millones de euros adicionales para las anualidades de 2021 y 2022 la financiación a municipios y diputaciones dirigida a las ayudas de emergencia a través del Acuerdo Marco.
La consejera, Isabel Blanco, ha presidido este viernes una reunión con representantes de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales para informarles de las nuevas medidas contra la pobreza energética y coordinar los apoyos que se están poniendo en marcha.
En ella se ha informado del contenido de la nueva adenda al Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que aprobará en próximas fechas el Consejo de Gobierno. La medida implica incrementar con 8 millones de euros adicionales la financiación a municipios y diputaciones dirigida a las ayudas de emergencia, reforzando los apoyos para que las familias más vulnerables puedan hacer frente a los suministros energéticos y, "en particular, a la subida desorbitada del precio de la electricidad".
En concreto, esta cuantía se va a distribuir en dos anualidades: la primera, este mismo año, con 4 millones de euros, lo que supone aumentar hasta los 6,62 millones el presupuesto inicialmente previsto este año para las prestaciones de urgencia social dirigidas a este fin. En 2022, se aportarán los 4 millones restantes.
La corporación local que más recursos va a recibir es el Ayuntamiento de Valladolid, con más de 1,3 millones de euros; seguido por el de Salamanca, con 637.964 euros; el de Burgos, con 623.290 euros; el Consistorio de León, con 531.304 euros; la Diputación de Valladolid, 480.618 y la Diputación de Salamanca, 458.420 euros.
Los ayuntamientos de las otras capitales de provincia recibirán 260.932 en el caso de Zamora; 253.812 el de Ávila; 213.644, Segovia; 211.410, Soria; y 173.008, Palencia.
"Nuestra prioridad es proteger a las personas y ayudar a quienes más lo necesitan. En esta Comunidad ninguna familia se va a quedar sin luz o calefacción por no poder pagar los recibos", ha asegurado Isabel Blanco, recordando las palabras pronunciadas hace unos días por el presidente Mañueco.
La consejera ha incidido en que el Ejecutivo de Castilla y León, "lejos de permanecer impasible ante una emergencia social para muchas familias, responde con eficacia y reacciona con agilidad a los nuevos desafíos para ofrecer soluciones a los problemas que preocupan a la gente a través del plan energético".
El plan presenta tres líneas de actuación tales como las ayudas de emergencia tradicionales, una ayuda extraordinaria para pagar la luz y la renovación de convenios con compañías eléctricas para evitar cortes de suministro.
Con la nueva partida de ocho millones inyectada al Acuerdo Marco, la dotación del principal instrumento de colaboración entre la Junta y las corporaciones locales alcanza un presupuesto total de 542,2 millones de euros al servicio de las políticas sociales en el territorio en el periodo 2020-2023.
La consejera ha destacado que precisamente la cooperación institucional, además de la que mantiene su departamento con el Tercer Sector, es una de las claves indiscutibles del exitoso modelo de Servicios Sociales de Castilla y León, que se encuentra a la vanguardia de España.
La nueva línea de financiación que se activa ahora refuerza precisamente las ayudas de emergencia y se enmarca en el paquete de medidas contra la pobreza energética anunciado por el presidente Mañueco el pasado 8 de octubre.
UNA AYUDA DIRECTA Y SIN TRÁMITES
La más notable es la ayuda directa y extraordinaria de 130 euros que los consumidores vulnerables severos verán ingresada en su cuenta corriente antes de finalizar el año, sin necesidad de formalizar ningún trámite, y que garantiza de forma inmediata que nadie durante este invierno carezca de luz o de calefacción a causa del desmesurado incremento de la factura energética.
Los beneficiarios serán aquellos que figuren en los registros de la Junta como 'consumidor vulnerable severo', una definición vinculada a su nivel de renta anual, con los límites de 15.817 euros para familias numerosas; 9.880 para hogares con dos menores, 7.908 si solo tienen un menor y 5.931 euros si no vive ninguno, y finalmente con un máximo de 7.908 euros en el caso de personas que perciben la pensión mínima.
Esta ayuda implicará un desembolso de 6 millones de euros procedentes de las arcas autonómicas y beneficiará, según las previsiones, a alrededor de 45.000 familias con pocos recursos, entre las que se encuentran perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y los mayores con pensiones no contributivas.
Junto a esto, en el transcurso de la reunión con los responsables de las entidades locales, la consejera ha incidido en la necesidad de estrechar la colaboración y coordinación, de manera que no se solapen las distintas líneas y apoyos que están poniendo en marcha las diversas administraciones para llegar así a un mayor número de familias.
FRENO A LOS CORTES DE SUMINISTRO POR IMPAGOS
Otra de las iniciativas más relevantes, dentro del paquete de medidas contra la pobreza energética, es el refuerzo de los convenios con las empresas suministradoras de gas y electricidad, que tiene como finalidad evitar el corte de los suministros o, en su defecto, conseguir su inmediato restablecimiento en caso de impagos de las familias con dificultades.
En este sentido, el diálogo y la vía de colaboración que mantiene abierta la Junta con las grandes compañías energéticas evitó que más de 400 hogares de Castilla y León sufrieran un corte de suministro por impago el pasado año.
En el marco de los acuerdos ya suscritos, en casos de impago, las eléctricas se comprometen a paralizar temporalmente el corte de los suministros o, en su caso, a reanudarlos durante el tiempo necesario para que los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales puedan realizar una valoración de la situación de las familias con dificultades para abonar los recibos más básicos de la vivienda y determinen la idoneidad de otorgarlas una prestación económica de urgencia social para saldar la deuda o bien medien con las empresas para acordar un plan de pagos o la solicitud del bono social.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está renovando los convenios de colaboración suscritos con Iberdrola, Nartugy y Repsol está ultimando uno más con Endesa.
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