Fiscalía mantiene la falsedad del cursillo ecuestre al que se dio "apariencia real" con facturas "ad hoc"
Tan solo ha rebajado la petición de pena para el jefe Formación Agraria en Segovia, que pasaría de siete a tres años de cárcel
23/6/2022 - 13:54
Tan solo ha rebajado la petición de pena para el jefe Formación Agraria en Segovia, que pasaría de siete a tres años de cárcel
VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)
Fiscalía de Valladolid ha solicitado un conjunto de penas que suman de 29 años de prisión para cuatro funcionarios de la Consejería de Agricultura, tres de ellos de servicio en esta provincia y uno en Segovia, y un hostelero de la Santa Espina tras mantener que en 2010 pergeñaron un cursillo de guía ecuestre que nunca se celebró pero al que dieron "apariencia real" con documentación y facturas falsas "ad hoc".
Es el resumen de la acusadora pública en su informe final, tras dos sesiones celebradas en la Audiencia de Valladolid, como colofón a un juicio en el que a los cinco encausados se les imputa haberse concertado para, a través del polémico cursillo intensivo, dar cobertura legal al pago de una suma elevada que el Centro Ecuestre, con sede en Segovia y dependiente de Agricultura, mantenía con la Federación Hípica Castilla y León.
La fiscal jefe considera probada la trama pero, en sus conclusiones, ha retirado los cargos por falsedad y prevaricación contra el jefe de la Sección de Formación Agraria del Servicio Territorial de Agricultura en Segovia, Bernardino H.A, y ha mantenido su imputación como coautor de un delito de malversación de caudales públicos, de ahí que finalmente la petición de pena para él haya pasado de siete a tres años de cárcel y de 18 a seis de inhabilitación especial.
En el caso de los otros cuatro, la acusadora no ha variado un ápice su postura al persistir que los hechos son constitutivos de tres delitos de falsedad en documento oficial, uno de ellos continuado; falsedad de documento oficial realizado por un particular, así como un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación, de los que hace responsables en distinta medida.
Por ello, mantiene las penas más elevadas, ocho años de cárcel, 19 de inhabilitación y multas de 3.600 euros, para Alicia P.G, jefa del Servicio de Formación Agraria de la Consejería de Agricultura, y Raquel M.G, técnico facultativo del Servicio de Formación Agraria, mientras José Antonio G.A, auxiliar administrativo del Centro de Formación Agraria de la Santa Espina, podría ser condenado a siete años de privación de libertad, 18 de inhabilitación y al pago de 2.700 euros, y en un escalón inferior el titular de 'El Rincón del Peregrino', Luis Fernando M.M, se expone a un año y nueve meses de prisión, siete de inhabilitación y multa de 1.800 euros.
La fiscal del caso ha reconocido que "es difícil probar lo que no existe", pero ha insistido en que toda la documentación del expediente tramitado respecto del cursillo intensivo de guía ecuestre, entre el 2 al 4 de noviembre de 2010, para una veintena de alumnos y cuyo escenario de celebración sitúan los acusados en el Centro de Formación de La Santa Espina, en Valladolid, fue preparada "ad hoc" con el propósito de darle "apariencia real" y así justificar los 221.100 euros que cobró la Federación Hípica Castilla y León, los 2.800 que por el alojamiento y manutención percibió el hostelero y los 790 obtenidos por el coordinador.
Como principales indicios del cursillo 'fantasma', la acusadora, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha citado una serie de correos electrónicos entre dos de las acusadas aludiendo a la necesidad de fingir la celebración para saldar una deuda del Centro Ecuestre de Segovia con la Federación Hípica Castilla y León; el hecho de que el mismo, en lugar de celebrarse en la provincia segoviana, se fuera a desarrollar en La Santa Espina, y la declaración del propio Bernardino H.A, "el único que de los acusados que ha sido radicalmente sincero en esta sala".
La fiscal se refería así a que el jefe de Formación Agraria en Segovia reconoció que el cursillo ni figuraba en la programación ni presupuestación inicial y que aseguró que él se limitó a suscribirlo a petición expresa de los servicios centrales en Valladolid, concretamente de Raquel M.G, en términos de "este cursillo tiene que salir sí o sí".
SIN FACTURA DEL TRASLADO Y ESTABULACIÓN DE CABALLOS
El informe de la Inspección de Servicios de la Junta que en su día recibió la Fiscalía Vallisoletana, en el que se apuntan indicios de hechos delictivos en la tramitación del expediente por presentar numerosas irregularidades, entre ellas la falta de la relación nominal de los alumnos, ha sido otra de las basas esgrimidas por la fiscal jefe para mantener que el cursillo no se celebró porque desde el principio la intención era no hacerlo, algo que también, a su juicio, probaría el dato de que entre las facturas no figuran ni el supuesto desplazamiento de los caballos de Segovia a Valladolid ni el coste de su estabulación.
En el lado opuesto, todas las defensas han solicitado un fallo absultorio basadas en la absoluta inocencia de sus patrocinados y, en caso de condena, han interesado de la sala que aplicara las atenuantes de dilaciones indebidas, la cuasiprescripción de los delitos y la reparación del daño, en referencia a que han abonado de forma voluntaria las fianzas solicitadas.
UN "CASO POLÍTICO"
Pero además, el representante legal de Alicia y Raquel ha vuelto a denunciar que todo el caso parte de una especie de 'vendetta' política vehículada a través de un medio de comunicación impresa que en marzo de 2010, a dos meses de las elecciones autonómicas, publicó una información en la que se hacía alusión a falsos cursillos situados en la época en la que Silivia Clemente figuraba al frente de la Consejería de Agricultura y, además, había sido la principal artífice de la construcción del Centro Ecuestre de Segovia.
El defensor ha recordado que cuando saltó la noticia, el 12 de marzo de 2010, Clemente había dimitido días antes del cargo de presidenta de las Cortes, había abandonado el PP y se había pronunciado "con palabras no muy bonitas" contra el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sin olvidar tampoco que incluso habían circulado unos dosieres en contra de la política segoviana en otra época anterior poco antes de un cambio de legislatura.
El propio secretario de la Consejería de Agricultura, Eduardo C.M, durante la segunda jornada del juicio, ha reconocido que al surgir la publicación periodística puso los recortes de prensa en manos de la Inspección de Servicios, algo que "era la primera vez que ocurría", sin que hasta entonces se hubiera recibido queja alguna sobre la gestión de la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria.
Incluso el testigo, la persona que 'motu proprio' decidió elevar la información de prensa a la Inspección, ha ensalzado la profesionalidad tanto de Alicia como de Raquel, la primera de ellas en la actualidad ocupando un puesto de nivel 28 en la Administración regional y la segunda ascendida durante año y medio al puesto de jefa de servicios. "Su entrega y trabajo ha estado siempre al máximo nivel. Es para mi muy doloroso estar aquí hoy en esta sala porque el perfil de ambas no me encaja en estos hechos", ha advertido Eduardo C.M.
La defensa de ambas funcionarias, al igual que el resto, han incidido igualmente en que el informe policial realizado por el Grupo de Investigación de Delitos Tecnológicos de Valladolid sobre los polémicos correos entre Alicia y Raquel, con supuestos mensajes el 6 de agosto de 2009 y el 13 de enero de 2010 sobre la necesidad de dar apariencia real a un currillo formativo, no ha arrojado luz alguna por cuanto solo reflejan 'trazas' que únicamente constatan su envío y recepción, no así el contenido de los mismos.
También el defensor ha recordado que en caso de condena, debería de figurar el director general de Industrialización y Modernización Agraria, Jorge M, quien intervino en el expediente firmando hasta nueve documentos, entre ellos el de autorización del curso en 26 de octubre de 2010 y otro, incorporado en el juicio, aprobando un incremento de su presupuesto.
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