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Inspector laboral sobre los trabajadores lusos explotados: "Nunca vi nada así, sus condiciones eran deplorables"

La forense certifica la "vulnerabilidad" de las víctimas, cuya única aspiración era "sobrevivir"

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05/6/2019 - 15:51


La forense certifica la "vulnerabilidad" de las víctimas, cuya única aspiración era "sobrevivir"

VIGO, 5 (EUROPA PRESS)

Los inspectores laborales que han prestado declaración este miércoles en el juicio contra siete acusados de explotar a trabajadores portugueses en poblados gitanos de Vigo han manifestado que "nunca" habían visto "nada así", y que las condiciones de estas personas eran "deplorables".

Este miércoles se ha celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo) la segunda y definitiva jornada del juicio contra Filipe S.M. y su mujer Carminda B.A.; José Joaquín P.B. y su mujer María A.A.; Manuel A.A. y su mujer Elisabeth H.R.; y Fernando M.A., acusados de delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, y contra los derechos de los trabajadores, por supuestamente explotar a compatriotas lusos en una actividad de reparación y reconstrucción de palés de madera.

En esta jornada han declarado los dos inspectores de trabajo que acompañaron a agentes de policía en un operativo desarrollado en dos poblados gitanos (uno cerca del Meixoeiro y otro en la parroquia de Cabral) el 24 de enero de 2017.

Esos funcionarios certificaron las malas condiciones en las que las víctimas desarrollaban su trabajo, con desorden absoluto, palés apilados, maquinaria peligrosa sin medidas de seguridad, sin equipos de protección individual, etc. "En mis 32 años de experiencia como inspector, nunca vi nada así: trabajadores desarrapados, sin higiene (...) las condiciones eran deplorables", ha señalado uno de esos inspectores.

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

En esa visita a los poblados, estos inspectores comprobaron que los trabajadores vivían, en un caso, en una caravana y, en el otro, en un camión abandonado. Los propios trabajadores les confirmaron que desarrollaban su labor en jornadas de unas 10 horas, sin vacaciones, sin formación ni protección, y por sueldos de entre 20 y 30 euros a la semana.

"Estaban en una situación de necesidad, y había un claro incumplimiento de toda la normativa laboral y de seguridad. Es que no cumplían nada", han constatado estos funcionarios, que han incidido en que las condiciones de trabajo en los poblados incurrían en "riesgos graves" para la seguridad y salud de esas personas.

PERSONAS VULNERABLES

Por otra parte, la forense que realizó los informes sobre la situación de los operarios supuestamente explotados, ha confirmado ante el tribunal la situación de vulnerabilidad de estas personas, que se encontraban en circunstancias de marginalidad y precariedad ya en su país de origen.

En concreto, la especialista del IMELGA se ha referido a dos de esos trabajadores. Uno de ellos, un joven que llegó al poblado gitano de Cabral con poco más de 20 años, en situación de desarraigo familiar y "sin contar con el apoyo de nadie". "Llegó en situación de precariedad absoluta y solo aspiraba a cosas básicas: tener comida y un sitio donde dormir", ha explicado.

Asimismo, ha hecho mención a otro de los trabajadores, un hombre de 45 años que calificó como "una persona especialmente vulnerable", ya que vivía en Portugal en situación de "exclusión y marginalidad" tras haber perdido su empleo por problemas de salud. "Era como si tuviera 60 o 70 años, por sus problemas físicos y sociales, debido a las muchas horas de trabajo", ha incidido.

Según ha señalado la forense, esta persona "no tenía ninguna otra expectativa, más allá de sobrevivir" y su condición psicológica es equiparable a la de alguien "con una discapacidad intelectual". Así, el propio trabajador refirió que no había salido del poblado desde su llegada a España casi dos años antes, que "su jefa le dejaba alguna vez el teléfono para llamar a su hija", que trabajaba de lunes a sábado y "se aseaba una vez a la semana, en la casa de sus jefes".

"Ni siquiera se planteaba si su situación era o no justa, nunca se hubiera enfrentado a sus empleadores, les estaba superagradecido porque tenía cubiertas sus necesidades básicas, y sabía que si perdía esta ocupación no podría encontrar otra cosa. Era una persona totalmente sumisa", ha recalcado.

TRABAJADORES Y POLICÍAS

Ese mismo 'empleado' ha prestado declaración ante la Audiencia en el juicio este miércoles, y ha corroborado que vivía y trabajaba en el poblado diez horas diarias, por "10 ó 15 euros a la semana", porque el resto se lo "guardaba" su jefa Carminda, aunque no ha sabido decir cuál era su salario mensual ni cuanto dinero tiene ahorrado.

Pese a esas condiciones, este testigo ha confirmado que sigue viviendo en ese asentamiento, y que está "muy agradecido" al matrimonio acusado para el que trabaja (Filipe y Carminda). "Me tratan bien, nunca me pegaron", ha proclamado.

En la misma línea, otros testigos que trabajaron para los acusados, han negado que fueran explotados, y han afirmado que se repartían los beneficios con sus empleadores, además de tener alojamiento y "tres comidas al día". Asimismo, han mantenido que tenían libertad para entrar y salir del poblado.

Por su parte, los agentes de Policía que prestaron declaración han explicado que la investigación de estos hechos se inició por una solicitud de la Policía Judiciaria de Portugal. Así, funcionarios lusos pidieron a la Policía Nacional que comprobara unos hechos que habían sido denunciados por un ciudadano portugués en Oporto.

Según dicha denuncia, los acusados fueron a los lugares de residencia de las víctimas, les prometieron darles trabajo a cambio de unos 600 euros mensuales y, en realidad, los llevaron a estos poblados gitanos, donde los tenían supuestamente retenidos. "Se denunció que no habían cumplido nada de lo que les habían prometido", ha explicado el jefe del grupo de investigación.

CONCLUSIONES

En su alegato final, la Fiscal ha mantenido la acusación y la petición de penas (dos años de cárcel para cada uno de los siete acusados, y otros dos años a mayores para Filipe S.M. y su mujer Carminda B.A.), y ha incidido en que ha quedado "acreditada" la relación laboral, "aunque no hubiera contrato".

La representante del ministerio público ha recalcado que, no solo las condiciones de estos trabajadores estaban "asombrosamente por debajo" de lo legalmente exigible, sino que los acusados favorecieron y mantuvieron su situación de "marginalidad", "abusando de su vulnerabilidad".

La defensa de los encausados, por su parte, ha negado que hubiera esa relación laboral, y ha subrayado que sus patrocinados no regentan un negocio de explotación de madera, sino que se dedicaban a una "actividad marginal de recogida de residuos".

Según ha sostenido, los trabajadores fueron "acogidos" en estos poblados gitanos, donde "les dieron de comer y les daban dinero", porque "nadie les echaba una mano, ni en Portugal ni en España". "Y varios siguen viviendo allí con ellos, porque están en situación de miseria absoluta", ha señalado.

El juicio ha quedado visto para sentencia este miércoles.
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