Consumo seguía "desde hace años" a la agente inmobiliaria juzgada en Vigo por estafa, al detectar muchas reclamaciones
La mercantil acumuló más de 80 denuncias en un solo año, aunque la acusada asegura que "jamás" se le notificaron
17/1/2022 - 15:34
La mercantil acumuló más de 80 denuncias en un solo año, aunque la acusada asegura que "jamás" se le notificaron
VIGO, 17 (EUROPA PRESS)
Los servicios del Instituto Galego de Consumo seguían "desde hace años" a la empresa de gestión inmobiliaria cuya responsable, acusada de un presunto delito de estafa, es juzgada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo), debido al gran número de reclamaciones presentadas por usuarios que denunciaban haber pagado por un servicio que no recibieron.
Así lo han trasladado los técnicos de Consumo que han prestado declaración este lunes como testigos y peritos ante el tribunal que juzga a esta mujer, para quien la Fiscalía pide 3 años de prisión por un presunto delito de estafa que habría afectado a más de 150 perjudicados.
Según el ministerio público, la procesada era responsable de una agencia inmobiliaria que se dedicaba a hacer de intermediaria para el alquiler de viviendas, para lo que ponía anuncios "señuelo", de pisos o casas en muy buenas condiciones. Cuando los interesados preguntaban por esos alquileres, la agencia les pedía firmar una suscripción de entre 150 y 180 euros para facilitarles los contactos de los propietarios, pero las viviendas que utilizaba como señuelos nunca estaban disponibles, y acaba ofreciendo otras, en muchas peores condiciones, incluso en estado de ruina.
La acusada ha prestado declaración ante el tribunal este lunes, y ha explicado que su empresa se dedicaba a contactar con propietarios de viviendas en alquiler, de los que obtenía una "autorización verbal" para anunciar sus pisos y casas. Cuando los clientes acudían a esta agencia, firmaban un contrato de suscripción para poder acceder a las ofertas y, en caso de que hubiera alguna que se ajustase a sus demandas, la agencia los informaba para que contactasen con los propietarios que alquilaban.
Según ha asegurado, esa metodología era la estipulada por la franquicia en la que trabajaba, no eran condiciones impuestas por ella, y ha asegurado que, en los años en los que se ha dedicado a la gestión inmobiliaria "nunca jamás" fue notificada de ninguna sanción o de un número elevado de reclamaciones, a pesar de haber sido sometida a numerosas inspecciones.
"ELEVADÍSIMO NÚMERO DE RECLAMACIONES"
Sin embargo, dos técnicos del Instituto Galego de Consumo que han comparecido ante los magistrados, han explicado que se realizó una actuación "de oficio" en 2015 contra esa mercantil debido al "elevadísimo número de reclamaciones" que se presentaban por supuestas irregularidades, y que fueron notificadas a la aludida.
Así, uno de estos testigos (que compareció también como perito) ha señalado que Consumo tenía constancia de denuncias sobre esta empresa desde hacía años, "prácticamente desde el inicio de su actividad", por lo que era una sociedad "conocida desde hacía años" precisamente por las quejas sobre ella.
La situación que determinó la apertura de un procedimiento de inspección y sanción se produjo en 2015, cuando la institución comprobó que la empresa tenía "en solo un año, más de 80 reclamaciones". "No es habitual que una empresa acumule tantas denuncias", ha señalado el testigo, quien ha confirmado que, ante esta circunstancia y tras comprobar que la sociedad "cambió de nombre varias veces", el Instituto Galego de Consumo acudió directamente a la Fiscalía.
Consumo no ha cuestionado el tipo de contrato que la agente suscribía con los clientes, y ha matizado que las reclamaciones se producían porque la empresa no prestaba el servicio al que se había comprometido: o bien no trasladaba ofertas de alquiler a los interesados, o bien les hacía llegar ofertas que nada tenían que ver con las condiciones que habían demandado.
De hecho, en la primera jornada de este juicio (que está señalado para toda la semana) han comparecido ante el tribunal numerosos testigos como perjudicados en este procedimiento y seguirán compareciendo en los próximos días, ya que hay más de 120 citados.
Las personas que han prestado declaración este lunes han coincidido en su relato: suscribieron un contrato con la empresa de la acusada para recibir ofertas de alquiler, pagando entre 150 y 180 euros, pero nunca se les puso en contacto con los propietarios de los inmuebles que les interesaban. De hecho, algunas de ellas han señalado que la agencia les ofrecía otros pisos o casas, algunos que no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad, y cuyos dueños aseguraban no tener constancia de figurar en una base de datos de una agencia inmobiliaria.
DELITO Y PENAS
Además de los tres años de prisión como supuesta autora de un delito de estafa, la Fiscalía solicita que la acusada pague una multa de 2.700 euros, y que se la inhabilite durante 3 años para ejercer profesión u oficio relacionado con publicidad, alquiler y venta inmobiliaria.
También reclama que devuelva a los perjudicados (algunos ya han recuperado su dinero tras denunciar o mediante seguro de sus tarjetas) las cantidades que les cobró, y que suman unos 23.000 euros.
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