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El nuevo presidente de la Audiencia de Zamora marca como principal reto potenciar la credibilidad

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Zamora, Jesús Pérez Serna, ha asegurado este viernes que su máxima pretensión al frente de este órgano es cumplir con la finalidad de servicio público que debe tener la Administración de Justicia y el Poder Judicial, por lo que el principal reto es potenciar la credibilidad.

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11/4/2014 - 13:52

ZAMORA, 11 (EUROPA PRESS)

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Zamora, Jesús Pérez Serna, ha asegurado este viernes que su máxima pretensión al frente de este órgano es cumplir con la finalidad de servicio público que debe tener la Administración de Justicia y el Poder Judicial, por lo que el principal reto es potenciar la credibilidad.

Así lo ha afirmado en su toma de posesión celebrada este viernes en la Audiencia Provincial de Zamora donde ha insistido en que esta credibilidad debe ser entendida "en el sentido de aplicar la ley a todos por igual" y responder con "celeridad y eficacia a "los problemas que se plantee "en un marco de transparencia".

Así, el máximo reto que Pérez Serna se marca en estos momentos es que los ciudadanos "confíen en la Administración de Justicia y en la independencia de jueces y tribunales".

Antes de la sesión, y en declaraciones a los medios de comunicación, Pérez Serna también ha prometido "trabajo" y que la Audiencia mantenga "estándares de calidad" con una Administración "eficiente, independiente y rápida".

En su discurso, el nuevo presidente de la Audiencia Provincial ha agradecido la presencia de amigos y compañeros, entre los que se encontraba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y, por supuesto, el trabajo realizado por su predecesor, Luis Brualla, con quien tuvo oportunidad de trabajar.

Pérez Serna, que ha afirmado sentirse "como un zamorano más", ha asumido que su labor es la de "velar para que a nivel provincial y a nivel de cada uno de los partidos judiciales, se mantenga el valor de la justicia, dignidad y salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales".

No ha querido dejar pasar tampoco durante su intervención su postura "a favor de los colegios profesionales existentes" aunque, eso sí "sin perjuicio de las mejoras de funcionamiento" y es que, a su parecer "no sobra nada ni nadie en el empeño de mejorar" la Administración de Justicia.

ADAPTARSE A LA REALIDAD

A este respecto, ha reconocido entender la necesidad de adaptarse a la realidad actual, ha mostrado preocupación por las "reformas legislativas que se avecinan y por su incidencia en la independencia judicial".

"Es importante racionalizar los recursos en materia de justicia, con reducción de la litigiosidad, pero no de forma incondicionada", ha afirmado, al tiempo que se ha referido a asuntos como las tasas judiciales "necesitadas de racionalización" u otros temas como la lentitud excesiva de las instrucciones, la carencia de medios humanos o materiales, o la distribución de competencias.

"Es una época de mucho cambio" ha asegurado en alusión al anteproyecto de nueva ley del poder judicial que "incorpora muchos cambios, que requiere tiempo y maduración, además de dinero y que quiere modernizar la administración de justicia".

En su opinión, es algo que debe ir "poco a poco" y ha comentado que es un anteproyecto ambicioso con "cosas buenas, menos buenas y malas" pero cree que "hay cosas que apuntan a que la justicia tiene que modernizarse y eso es positivo".

En cuanto a otros temas como el futuro de los partidos judiciales ha afirmado que luchará para que si no hay juzgados haya oficinas resolutorias de conflictos pero "es una ley global que lleva consigo una nueva planta judicial y eso es más complicado".

Con todo, ha agradecido de antemano el trabajo de todos los que conforman el Tribunal y ha apostado por un adecuado nivel de relación con abogados, procuradores y graduados sociales como algo indispensable para dar un buen servicio al ciudadano.

Por último ha reiterado su deseo de independencia y ha garantizado la no injerencia de ningún poder público en la actividad de Juzgados y Tribunales.
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