El Justicia de Aragón apoya la obligatoriedad de censar el ADN canino que recoge una ordenanza
El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, considera ajustada a derecho la obligatoriedad de censar el ADN canino, como ha acordado la pasada legislatura el Ayuntamiento de Zaragoza, y "puede resultar de gran utilidad", ha informado en una nota de prensa.
21/8/2019 - 14:39
ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)
El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, considera ajustada a derecho la obligatoriedad de censar el ADN canino, como ha acordado la pasada legislatura el Ayuntamiento de Zaragoza, y "puede resultar de gran utilidad", ha informado en una nota de prensa.
La institución del Justicia ha recibido varios escritos de queja de ciudadanos, a cuyo juicio, la obligatoriedad de censar el ADN canino, recogida en una ordenanza municipal, "sobrepasa la legislación de laComunidad Autónoma de Aragón y vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad de los propietarios de animales al crear una base de datos de presuntos culpables de un delito de maltrato y abandono de animales de compañía antes de que éste se produzca".
Las quejas expresan que "al convertir a los veterinarios en guardianes del cumplimiento de la ordenanza, no sólo pone en manos de particulares una función exclusiva de la policía, sino que puede provocar que muchos dueños no lleven al veterinario a sus animales de compañía y esto pueda provocar incluso un problema de salud pública, aparte de aumentar el abandono y la destrucción de los animales".
El Justicia ha admitido a trámite estas quejas y ha dirigido varios escritos al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón, así como al Colegio de Veterinarios de la Provincia de Zaragoza para recabar información.
Así, Dolado ha afirmado que la ordenanza está ajustada a derecho porque el Ayuntamiento "no está creando una nueva base de datos, lo cual desbordaría sus competencias, sino que pasa a incorporarlos como un nuevo dato al registro" ya existente.
Ha recordado que la creación de registros de identificación de animales pretende cumplir una doble función: "garantizar el bienestar animal tratando de evitar su abandono o maltrato y evitar problemas de salud pública", pero "no criminalizar a los dueños que se preocupan por la salud de su mascota".
El Justicia ha añadido que incluir el análisis genético en la ordenanza "entra dentro de la discrecionalidad de la Administración con unos márgenes de opción y decisión más o menos amplios, aunque siempre dentro de los límites legales".
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