Por segunda vez la aprobación del reglamento que regiría la polémica Ley Sinde ha pasado de la mesa del Consejo de Ministros a la papelera institucional. En la penúltima reunión del Gobierno en funciones, el PSOE añadió en su hoja de ruta la ratificación del texto que definiría la creación y el funcionamiento de una comsisón competente para cerrar toda web que, según dicta la norma, “vulnere los derechos de propiedad intelectual”. Sin embargo, la Ley Sinde ha sido una descarga fallida para la ministra de Cultura que da nombre a la polémica norma y quien ha hecho de ésta su causa personal.
Aún se desconocen los argumentos que han motivado la congelación de la Ley Sinde. Sólo el ministro de Fomento en funciones y Portavoz del Ejecutivo, José Blanco, tras abandonar el Consejo de Ministros, aseveró que “la Ley se ha quedado encima de la mesa” por deliberaciones “reservadas y secretas”. Un silencio al que se han acogido la mayoría de miembros del PSOE que evadían matizar con profundidad los motivos para paralizar el desarrollo de la norma. En cambio, las posturas disonantes alzaron la voz dentro de las filas socialistas. Twitter fue el altavoz de las críticas a la ley antidescargas. “No puedo compartir que Cultura proponga qe se apruebe hoy el reglamento de la Ley Sinde, espero que el Consejo de Ministros lo pare”, publicaba en su cuenta la diputada socialista, María González Veracruz. En la misma línea, la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, manifestó su desacuerdo con la inclusión en el Consejo de Ministros de la Ley Sinde: “Yo no estoy de acuerdo con esa decisión”, zanjaba.
DETRACTORES 2.0
De hecho Twitter antes, durante y después de la reunión ministerial volvió a erigirse como la plataforma de los detractores de la Ley de Economía Sostenible de la ministra de Cultura. Usuarios, blogueros, activistas, periodistas y creadores de Internet volvieron a suscribir un manifiesto en defensa de los Derechos fundamentales en la Red. Diez fueron los puntos que el mundo 2.0 esgrimió para oponerse a la Ley Sinde. Argumentos como que “los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos” o que “la supresión de derechos es competencia exclusiva del poder judicial” y no de un organismo ministerial, conformaron la columna vertebral de las críticas a la norma.
Ahora, es previsible que sea el futuro Gobierno del PP quien decida el devenir de la Ley Sinde aprobada en el Congreso y en el Senado. Tras conocerse la decisión los populares se acogieron a la declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría quien dijo que el proceso “tendría que haber sido más completo”. Mientras gestoras de autores y diversos creadores lamenan la decisión del PSOE y mueven ficha para aprobar la ley antidescargas.
