“No al seguro contra los ataques de lobos”
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La creciente población de lobos, así como la recuperación de las zonas en las que durante la historia campó libremente, genera grandes problemas para el sector ganadero de Castilla y León. La Alianza por la Unidad del Campo, formada por UPA y COAG, destaca la ganadería extensiva como la más perjudicada en su coexistencia con el lobo ibérico.
Castilla y León alberga la mayor población de lobos de toda España con casi doscientas manadas. “Esta situación exige una gestión racional por parte de la Consejería de Medio Ambiente sobre la población de estos cánidos puesto que ocupan un mismo territorio con la ganadería extensiva y, como se está demostrando en la mayoría de los casos, la convivencia entre ambos no es compatible”, esgrime la Alianza por la Unidad del Campo.
Lo que es del todo indudable es que en algunas de las zonas en las que habita actualmente el lobo en determinadas épocas del año es difícil que se alimente, ejerciendo una presión insoportable sobre la cabaña ganadera, entre otras razones porque la fauna silvestre no proporciona el alimento necesario para saciar sus necesidades y por el elevado número de manadas.
Según UPA y COAG, “Es en esta situación de superpoblación de lobos cuando esta especie ejerce más presión sobre la cabaña ganadera, especialmente en terneros y ovejas. El efecto inmediato y desencadenante de un censo tan elevado de cánidos es el número tan elevado de ataques a la ganadería extensiva, provocando destrozos en un gran numero de explotaciones con el resultado de animales muertos, así como de abortos, estrés, perdida de producción de leche, etc., lo que implica grandes perdidas económicas para los ganaderos”.
Es indudable que durante los últimos años se han incrementado los ataques de lobos, “siendo insoportable” para los ganaderos la situación actual. Hasta los años 1995-1996 los ataques de lobos eran esporádicos en comarcas muy concretas de las provincias de Zamora o Ávila., produciéndose sobre ganado que pastaba en zonas de la sierra. Sin embargo, actualmente, la predación sobre los rebaños se produce incluso a plena luz del día e incluso en rediles próximos a los cascos urbanos de los pueblos.
La Alianza culpa a la Consejería de Medio Ambiente por ser la propulsora de “la política de potenciar la expansión del lobo por toda la Comunidad Autónoma”, lo que “ha propiciado que prácticamente en todas las provincias de Castilla y León haya un gran número de manadas de lobos de forma permanente, siendo las explotaciones ganaderas extensivas de la región el blanco de sus ataques”.
Las asociaciones ganaderas de Castilla y León consideran que el Plan de Conservación y Gestión del Lobo “ha facilitado una peligrosa expansión de estos animales, muy difícil de controlar en estos momentos, ya que más de dos mil ejemplares se mueven libremente por toda la comunidad autónoma provocando destrozos en las explotaciones ganaderas.”
“Las medidas contempladas en el Plan de Gestión del Lobo para indemnizar a los afectados por los daños producidos en la ganadería cuando se producen ataques son: en terrenos cinegéticos gestionados por la Administración al norte del Duero se aplicará el articulo 12 de la Ley de caza. En el resto de terrenos se asegurará la existencia de al menos un seguro que cubra los daños ocasionados, siendo compensada la franquicia directamente por la Consejería”, denuncia la Alianza por la Unidad del Campo.
Las cifras con las que justifican su postura contraria a la gestión actual del lobo distan bastante de las utilizadas por la administración autonómica: “el número de ataques de lobos desde el 2007 hasta el 1 de agosto del 2011 contabilizados por la Alianza han sido 6.355, con 16.550 animales muertos y un coste para los ganaderos de 5.791.937 euros.” Según la Alianza, durante este año, hasta el día uno de agosto, se han computado 1.624 ataques, que se han saldado con 3.824 reses muertas, valorando los daños económicos en 1.338.000 euros.
Los titulares de las explotaciones ganaderas y sus familias contribuyen a mantener vivo el medio rural de la Comunidad. Con los datos expuestos, consideran que la administración protege más al lobo que a ellos pues se sienten perjudicados ante la falta de agilidad de las indemnizaciones. “El Gobierno de Castilla y León tiene la obligación de promulgar Leyes y Decretos que permitan compatibilizar el Desarrollo Rural mediante la actividad ganadera con el aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que es injusto que recaiga todo el coste del mantenimiento de una especie protegida por la Administración regional sobre el colectivo de los ganaderos. El quebranto económico que han supuesto los ataques del lobo en los cuatro últimos años para los ganaderos ha sido superior a los cinco millones y medio de euros. Las políticas conservacionistas deben correr a cargo de la sociedad en su conjunto, es decir, sobre el presupuesto publico.”
“Se puede considerar importante la protección del lobo por parte de la Junta de Castilla y León, siempre y cuando se establezcan actuaciones que faciliten la convivencia de esta especie con las diversas prácticas rurales tradicionales como son las ganaderas. Por eso denunciamos, desde el máximo respeto que se merece, la actividad que ejercen miles de familias gestionando un territorio en muchas ocasiones hostil y complejo, manteniendo la población en los pequeños pueblos y contribuyendo al mantenimiento de la Biodiversidad y a la prevención de incendios, que no es lógico ni justo que se castigue a los ganaderos convirtiendo a estos en los ‘mantenedores’ de los lobos.”
La última propuesta de la Consejería de Medio Ambiente fue como un mazazo en la moral de los ganaderos de Castilla y León. La propuesta de contratar un seguro franquiciado para cubrir los daños ocasionados por los ataques de los lobos se ha encontrado con el rechazo frontal de UPA y COAG, quienes no están dispuestos a que los ganaderos asuman a su costa un nuevo gasto que lo único que conseguirá será incrementar los costes de producción.
Tras los últimos ataques de lobos en la Comunidad, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha decidido 'tomar cartas en el asunto' y se reunirá con las organizaciones ganaderas para, por enésima vez, estudiar la situación y buscar soluciones. La Alianza por la Unidad del Campo espera esa reunión como 'agua en mayo' aunque con pocas esperanzas, mucho se teme que en ella lo único que se produzca sea la concreción de la propuesta del rechazado seguro franquiciado. Sobre todo tras la negativa del Grupo Popular a aprobar la Proposición No de Ley hecha por los socialistas en el último Pleno de las Cortes.
Publicado el 27 de octubre de 2011 a las 18:00.