De caza

"La detención de tres miembros de una familia de Asturianos y la declaración de un menor de Mombuey por presunto tráfico ilegal de carne de caza y supuestas prácticas furtivas, operación en la que también se han visto presuntamente implicados tres guardias civiles que prestan servicio en la comarca sanabresa, ha sacado a flote la sospecha de que alrededor de la explotación de la caza mayor, al menos en el noroeste provincial, hay prácticas oscuras que disparan contra la legalidad y emborronan la actividad cinegética, convirtiendo lo que debería ser una fuente de desarrollo rural en una práctica monopolizada de forma torticera por unos pocos.

Al margen de la investigación judicial, bajo secreto sumarial, que, de momento, ha dejado a tres ganaderos en libertad con cargos, la declaración de tres agentes de la Benemérita y numerosas pesquisas para sacar a la luz el comercio de carne ilegal en establecimientos públicos, y que concluirá con condenados o no, lo que es evidente es que el sistema de explotación cinegética en la provincia ha sufrido un duro golpe al aflorar un magma sospechoso que vela una actividad que genera riqueza en beneficio de particulares y ayuntamientos y que, lo que es más importante, se presenta como un yacimiento de empleo trascendental para el ámbito rural donde se desarrolla.

La opinión pública zamorana, como ha quedado constatado por el eco del seguimiento masivo de la información publicada por este periódico, exige un esclarecimiento de los hechos, más aún cuando lo que se investiga tiene que ver con la salud, un aspecto que preocupa más que ningún otro por las posibles consecuencias.

Para lo que ya ha servido esta operación es para cuestionar la gestión de la caza mayor en la provincia, una actividad que genera más de 10 millones de euros al año y que tiene una bandera nacional e internacional reconocida en la Sierra de la Culebra, un vivero de especies salvajes excepcional, donde viven los ciervos y los lobos más apetecidos por los amantes de la venatoria de todo el país, las «medallas» más reconocidas, en el argot de la cinegética.

Pero lo interesante no es la realidad palpable de la situación actual de la caza, lo que ilusiona desde el punto de vista del desarrollo rural es su enorme potencial en una provincia con más de un millón de hectáreas idóneas para la caza. Si la gestión cinegética fuera la adecuada, Zamora sería un paraíso que atraería a un gran número de cazadores foráneos, como auguran un puñado de estudios privados e institucionales realizados en los últimos años, uno de los más completos el encargado por la patronal cuando estaba presidida por el industrial Francisco Abollo.

El ejemplo de las monterías de jabalíes está ahí, con un crecimiento espectacular y con más de 600 autorizadas anualmente por Medio Ambiente en las últimas campañas. La subasta de lobos y ciervos que se escenifica todas las primaveras en la Sierra de la Culebra supera los 100.000 euros, con cifras por pieza que, a veces, han superado los 9.000 euros.

Pero como está demostrando la investigación centrada en una familia de Asturianos, la práctica cinegética tiene claroscuros que necesitan salir a la luz para acabar con las sospechas y evitar que aquellos que no respetan las normas campen a sus anchas. Como ya han apuntado en «LA OPINIÓN-EL CORREO» un grupo de expertos, es preciso cambiar el sistema de gestión, agrupar cotos para posibilitar la contratación de más guardería y controlar mucho mejor las poblaciones de animales. La atomización de sociedades de cazadores supone siempre un lastre en el afán de conseguir que la actividad cinegética se convierta en fuente considerable de recursos.

La Junta de Castilla y León tiene también mucho que decir. Los cazadores locales no pueden ser desplazados de los acotados, los lugareños tienen que ver riqueza en la fauna salvaje y no un peligro permanente para sus terrenos. Hay que desterrar, con la normativa adecuada, el concepto de que la caza mayor es cosa de señoritos y de gente adinerada de la ciudad. Muchos amantes de este deporte tienen que cambiar hábitos trasnochados y apostar, de una forma incontestable, por la «caza sostenible». El control y la vigilancia de la Administración autonómica, a través de la guardería forestal y del resto de personal de la Consejería de Medio Ambiente, tiene que incrementarse y restringir al máximo todos los permisos para abatir piezas por la noche. Hay que acabar con la tentación y para eso nada mejor que encender la luz y que la venatoria se practique por el día.

Los planes cinegéticos de las sociedades que controlan los cotos no pueden estar ahí como papel mojado, hay que cumplirlos. La Administración regional tiene la obligación de pedir cuentas y hacer un seguimiento de los permisos que concede para evitar toda sospecha de fraude. Seguramente si la vigilancia hubiera sido mayor no se hubiera producido el «caso Asturianos». La caza es deporte pero también, cada vez más, un negocio y una actividad imprescindible para incentivar el desarrollo del ámbito rural y frenar la despoblación, un objetivo prioritario e irrenunciable."

Mejor dicho imposible. Ahora solo queda que la justicia actúe, que las administraciones tomen las medidas oportunas y que los cazadores luchemos porque nuestra aficción sea limpia, justa y legal.

Publicado el 9 de mayo de 2010 a las 19:15.