Verdades y mentiras de la sanidad
El Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, ha provocado una oleada de movilizaciones y protestas entre profesionales y usuarios que temen que estemos ante una operación de privatización y desmantelamiento del sistema público de salud. Por más que el presidente y el consejero de Sanidad se empeñen en negar la mayor, no han sabido explicar en qué consiste el modelo que se quiere implementar, que por otra parte ya está funcionando en los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón, sin que hasta la fecha usuarios y profesionales hayan dado muestras de estar preocupados por quién es el titular de la gestión. Está fallando la pedagogía y la comunicación, y los afectados se quejan, con razón, de que no se les ha explicado en qué consiste y en qué les afecta el cambio de modelo. No vale con decir que se está confundiendo a los ciudadanos y negar que se llame privatización. Hay que salir a explicarlo las veces que sea necesario, centro por centro, para despejar cualquier atisbo de duda. Mantener en funcionamiento los servicios públicos que la crisis económica ha puesto en peligro es razón más que suficiente para acometer este cambio. No hay más opción que el endeudamiento, imposible en estos momentos, o algún tipo de colaboración público-privada que permita introducir herramientas de innovación en la gestión para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema sanitario público. Pero la sanidad va a seguir siendo universal y gratuita. Y en ningún caso se pretende anular el carácter público de la atención sanitaria, la principal preocupación en este momento. En contra de lo que se está extendiendo, tampoco es una privatización de la sanidad, porque la financiación, el control y la propiedad del hospital siguen siendo públicos. La diferencia respecto a los otros hospitales públicos radica en el modelo de gestión: es una concesión administrativa, pero la gestión del hospital está totalmente coordinada con la Administración Pública. Como contraprestación, la Administración paga a la empresa concesionaria una cantidad anual fija y preestablecida en función de los habitantes adscritos al centro sanitario. El margen de beneficio para la empresa está limitado por el contrato firmado con la Administración, que tiene que controlar que se mantenga el mismo nivel de calidad en la asistencia que la que se presta en cualquier otro centro de la red sanitaria pública. Estas son a grandes rasgos las características de lo que quiere implantar en la Comunidad de Madrid. El éxito del modelo radicará en que la Consejería extreme el celo en el cumplimiento de las reglas y supervise que no se rebajen los estándares de calidad a que la sanidad pública nos tiene acostumbrados.
Publicado el 30 de noviembre de 2012 a las 14:00.
