Sin acritud

La reciente sentencia que ha declarado ilegal la huelga salvaje que protagonizaron los sindicatos del metro de Madrid, los mismos que amenazaron con reventar -y reventaron- la ciudad el pasado mes de junio, y que consiguieron cerrar el metro durante 48 horas, va a marcar un antes y un después en el ejercicio del derecho de huelga, pues por primera vez en la historia un juez declara ilegal una huelga. La sentencia del juzgado de lo social de Madrid es de tal contundencia que no deja lugar a dudas: considera que el servicio que presta el metro es esencial para los ciudadanos y por tanto, no puede quedar lesionado o puesto en peligro por cualquier situación de huelga. La magistrada, además, califica de extralimitada y desproporcionada la actuación de los sindicatos responsables del paro. La sentencia detalla cómo durante el 29 y el 30 de junio "miles de ciudadanos se vieron impedidos o dificultados para realizar sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, lo que produjo un caos circulatorio al no poder absorber los transportes públicos alternativos, a pesar de ser reforzados, la demanda de los habitualmente usuarios del Metro". Como consecuencia de este pulso de los sindicatos, 3,5 millones de viajeros se quedaron bloqueados durante esos dos días; la compañía perdió 5,7 millones de euros por ingresos directos y, además, se generaron unas pérdidas totales de 4,7 millones. Verdaderamente pusieron la ciudad de Madrid patas arriba. Viendo el daño causado, la lectura de esta ejemplar sentencia, que pone a cada uno en su sitio, ayuda a devolver la confianza en la justicia. Los sindicatos deberían leerla con detenimiento y extraer sus conclusiones, la primera y más importante, asumir que un derecho que se ejerce de forma abusiva o antisocial no está amparado por la Ley. El fallo no pone en cuestión el derecho a la huelga, pero no deja resquicios en el ordenamiento jurídico para una huelga ilegal. Quienes la convoquen deben saber que el enorme daño provocado no les saldrá gratis. Aunque en este caso la huelga del metro era más política que de reivindicación laboral, pues lo que verdaderamente perseguía era poner contra las cuerdas a Esperanza Aguirre, pero los dirigentes sindicales se lo pensarán dos veces antes de volver a convocar una huelga salvaje. Ahora tendrán que hacer frente a la reclamación económica por los daños provocados. Se ha acabado el tiempo de sufrir sin pestañear los pulsos de ciertos colectivos cuya fuerza reside en el control que ejercen sobre servicios esenciales. Una sentencia ejemplar.

Publicado el 28 de enero de 2011 a las 11:00.

               

La irresponsable acción de los sindicatos que han colapsado Madrid dejando a dos millones de usuarios del metro sin posibilidad de desplazamiento por el incumplimiento de los servicios mínimos exige una contundente y ejemplar respuesta de la administración regional, y así lo esperan los ciudadanos. Que no ocurra lo de siempre, que nunca pasa nada. Por más que los responsables políticos hablen de medidas drásticas y de llegar hasta el final, la realidad es que el ciudadano asiste impotente al pisoteo de sus derechos y reclama actuaciones en defensa del bien común, pero lamentablemente, como ha ocurrido en otras ocasiones, las partes se sentarán a negociar, los sindicatos pedirán que se retiren los expedientes sancionadores para llegar a un acuerdo y todo quedara igual. No es de recibo que los ciudadanos, muchos de los cuales también están sufriendo en sus carnes los recortes de sueldos y los efectos de la crisis, se vean afectados por este sabotaje y paguen el pato de la manipulación sindical. Como tampoco es de recibo la escena, repetida una y otra vez en cada huelga, de los piquetes agrediendo a los trabajadores que quieren acudir a su puesto de trabajo. ¿Por qué se llaman piquetes informativos cuando actúan como  matones de barrio? La finalidad de un piquete informativo es informar de los motivos de la huelga, y de los derechos que asisten a los huelguistas, no coaccionar a los trabajadores. También los piquetes, en muchos casos liberados  sindicales que cobran un sueldo por no hacer nada, deberían informar con honestidad a los trabajadores a los que impiden ejercer su libertad de secundar o no la huelga, de las consecuencias que conlleva el incumplimiento de los servicios mínimos. La huelga es un derecho individual que defiende la consecución de logros colectivos. Cuando los piquetes coaccionan el ejercicio de la libre decisión pervierten su propia razón de ser como garantes de los derechos de los trabajadores. Por eso urge aprobar de una vez por todas una Ley que regule el derecho de huelga y que contemple sus eventuales límites en caso de colisión con los derechos de los ciudadanos en servicios considerados esenciales. En esta huelga ha quedado patente la diferencia de rasero que los sindicatos han aplicado al Gobierno de Madrid, al que le han montado una huelga salvaje casi sin avisar, mientras que al Gobierno central se la han anunciado con tres meses de antelación. Sólo se entiende en el intento de desestabilizar políticamente.

Publicado el 2 de julio de 2010 a las 14:30.