Abuso de alarma preventiva
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El Gobierno ha prorrogado hasta el 15 de enero el estado de alarma porque considera que es una medida necesaria para garantizar la normalidad del tráfico aéreo durante las Navidades. El argumento utilizado para prolongar esta situación tan anómala en democracia es reconocer que es la única manera que tiene de garantizar que no se vuelva a producir el colapso aéreo por un nuevo plante de los controladores, ya que las causas que motivaron su adopción no han cambiado. Estamos, por tanto, ante un estado de alarma preventiva. Por supuesto que no tendría ninguna justificación que los ciudadanos volvieran a padecer el calvario de quedarse en tierra con sus viajes organizados y pagados en las próximas fiestas navideñas. Sería demasiado fuerte que se repitiera la imagen de los miles de viajeros tirados por los pasillos de los aeropuertos. Pero no se entiende que pasado el plazo de 15 días, la normalidad sólo se haya producido por la presencia de militares en las torres de control. Es decir, que la alternativa al estado de alarma es el descontrol y el caos, lo que evidencia la incapacidad de solucionar un problema laboral por la vía de la negociación. Y entre medias, seguimos sin conocer qué medidas se están tomando para salir de este círculo, mas allá de la prolongación de una situación excepcional. Pero el tiempo transcurrido desde que los controladores empezaron a sentirse estresados cuando les tocaron el bolsillo, no ha sido aprovechado por el gobierno para desatascar la situación. Visto lo chapuceramente que se está gestionando esta crisis, el verdadero estado de alarma es el que provoca el Gobierno con sus decisiones. Da la impresión de que lo que se está evaluando es la capacidad que tienen los españoles de digerir este tipo de medidas por si fuera necesario utilizarlas contra otros colectivos. Hoy son los controladores, pero mañana puede ser cualquier otro sector. Sin caer en alarmismos innecesarios, tampoco se trata de aceptar con indiferencia esta situación. Para muchos españoles, la aplicación del estado de alarma no es un problema que afecte al conjunto de la ciudadanía, sino solo a los irresponsables que provocaron con su actitud que excepcionalmente hubiera que recurrir a ello. Por eso, considerarlo con la normalidad con la que lo dibuja el Gobierno, es aceptar el riesgo de que se aplique indiscriminadamente contra cualquier otro colectivo en sectores como el educativo, el sanitario, la seguridad, el tráfico de mercancías, etcétera. Cuando una negociación se estanque, estado de alarma y a correr.
Publicado el 17 de diciembre de 2010 a las 12:00.
