martes, 18 de junio de 2019 09:58 www.gentedigital.es
Gente blogs

Gente Blogs

Blog de Alberto Castillo

Sin acritud

Otra vez los ciudadanos rehenes de una huelga

Archivado en: Editorial, AENA, huelga aeropuertos

Por muy legítimas que sean sus reivindicaciones, la convocatoria de huelga de los sindicatos UGT, CCOO y USO contra la privatización de AENA  en plena Semana Santa y en los días claves del puente de mayo y de las vacaciones de verano sólo se justifica si lo que se pretende es provocar el mayor daño posible. Cuando para reivindicar o defender los derechos propios se pisotean los derechos de los demás se pierde cualquier legitimidad en la protesta. La mejor manera que tienen los once mil trabajadores de los 47 aeropuertos de la red de Aena para expresar su preocupación por la hipotética pérdida de derechos una vez que se produzca la privatización del 49% del gestor aeroportuario no es poniendo patas arriba a un país. De nuevo los ciudadanos son rehenes de las reivindicaciones laborales de unos colectivos que se aprovechan de su situación estratégica para provocar el mayor perjuicio posible al mayor número de personas. Es muy fácil, pero muy insolidario, limitar los derechos de los demás en defensa de los propios. ¿Es necesario hacer la huelga en las fechas en que más tráfico tienen  los aeropuertos y más usuarios se desplazan por este medio de transporte? Y no son sólo las molestias provocadas a los que no podrán disfrutar de sus vacaciones, sino el daño irreparable a la imagen de España. Otro golpe al sector turístico, del que tanto depende la economía española es lo que le faltaba a este país. Destinos turísticos emergentes se están frotando las manos preparados para recibir a los clientes que dejarán de viajar a España ante la amenaza de quedarse colgados otra vez en un aeropuerto. No aprendemos de los errores. Es un momento para apelar al sentido común y a la responsabilidad de los sindicatos, que deberían reflexionar y valorar el daño que pueden provocar a los trabajadores a los que dicen defender. Con su actitud están allanando el camino y los  argumentos en favor de la privatización. No está en discusión el ejercicio de su derecho constitucional a la huelga, pero sí el momento elegido para ejecutarlo, a sabiendas de los graves trastornos que provocarán a la ciudadanía en las fechas elegidas. Afirman los convocantes que hay tiempo suficiente para evitar la huelga, y las partes ya están convocadas a una reunión para tratar de evitar la huelga. Confiemos en que así sea, aunque hay un cierto tufo a maniobra de distracción. Veremos al ministro de Fomento sacando de la chistera sus dotes de negociador para convencer a los sindicatos de que vuelvan al redil.  No le veo militarizándoles como hizo con los controladores.

Publicado el 11 de marzo de 2011 a las 13:00.

añadir a meneame  añadir a freski  añadir a delicious  añadir a digg  añadir a technorati  añadir a yahoo  compartir en facebook  twittear  votar

Abuso de alarma preventiva

Archivado en: Editorial, estado de alarma, AENA, controladores aéreos

El Gobierno ha prorrogado hasta el 15 de enero el estado de alarma porque considera que es una medida necesaria para garantizar la normalidad del tráfico aéreo durante las Navidades. El argumento utilizado para prolongar esta situación tan anómala en democracia es reconocer que es la única manera que tiene de garantizar que no se vuelva a producir el colapso aéreo por un nuevo plante de los controladores, ya que las causas que motivaron su adopción no han cambiado. Estamos, por tanto, ante un estado de alarma preventiva.  Por supuesto que no tendría ninguna justificación que los ciudadanos volvieran a padecer el calvario de quedarse en tierra con sus viajes organizados y pagados en las próximas fiestas navideñas. Sería demasiado fuerte que se repitiera la imagen de los miles de viajeros tirados por los pasillos de los aeropuertos. Pero no se entiende que pasado el plazo de 15 días, la normalidad sólo se haya producido por la presencia de militares en las torres de control. Es decir, que la alternativa al estado de alarma es el descontrol y el caos,  lo que evidencia la incapacidad de solucionar un problema laboral por la vía de la negociación. Y entre medias, seguimos sin conocer qué medidas se están tomando para salir de este círculo, mas allá de la prolongación de una situación excepcional. Pero el tiempo transcurrido desde que los controladores empezaron a sentirse estresados cuando les tocaron el bolsillo,  no ha sido aprovechado por el gobierno para desatascar la situación. Visto lo chapuceramente que se está gestionando esta crisis, el verdadero estado de alarma es el que provoca el Gobierno con sus decisiones. Da la impresión de que lo que se está evaluando es la capacidad que tienen los españoles de digerir este tipo de medidas por si fuera necesario utilizarlas contra otros colectivos. Hoy son los controladores, pero mañana puede ser cualquier otro sector. Sin caer en alarmismos innecesarios, tampoco se trata de aceptar con indiferencia esta situación. Para muchos españoles, la aplicación del estado de alarma no es un problema que afecte al conjunto de la ciudadanía, sino solo a los irresponsables que provocaron con su actitud que excepcionalmente hubiera que recurrir a ello. Por eso, considerarlo con la normalidad con la que lo dibuja el Gobierno, es aceptar el riesgo de que se aplique indiscriminadamente contra cualquier otro colectivo en sectores como el educativo, el sanitario, la seguridad, el tráfico de mercancías, etcétera. Cuando una negociación se estanque, estado de alarma y a correr.  

Publicado el 17 de diciembre de 2010 a las 12:00.

añadir a meneame  añadir a freski  añadir a delicious  añadir a digg  añadir a technorati  añadir a yahoo  compartir en facebook  twittear  votar

Reacción contundente contra el chantaje

Archivado en: Editorial, estado de alarma, AENA, controladores aéreos

Que por primera vez en los 32 años de vida de nuestra democracia un Gobierno se haya visto obligado a  decretar el estado de alarma para resolver un conflicto social como el provocado por el pulso de los controladores en defensa de sus privilegios, no es motivo para estar satisfecho, si bien al menos hay que congratularse de que España disponga de mecanismos constitucionales adecuados para garantizar los derechos de los ciudadanos. Al Gobierno no le quedaba otra salida para desbloquear la situación e hizo lo correcto decretando el estado de alarma. Pero los ciudadanos se siguen preguntando cómo la falta de previsión ante la que estaban preparando los controladores pudo originar semejante caos. Hay que explicar muy bien los motivos que aconsejaron al ministerio de Fomento sacar el decreto ley que regula las condiciones laborales de un colectivo imprescindible para la navegación aérea en el peor momento posible, el día anterior al puente más largo del año, conociendo las graves consecuencias que su aprobación iba a ocasionar. Y cómo es posible que no hubiera más alternativa al plante de los controladores que militarizar el espacio aéreo. Si el problema está en la falta de personal de control en las torres, que les obliga a sobrepasar las horas aconsejadas para garantizar la seguridad del tráfico aéreo, ha habido tiempo suficiente en los más de dos años que dura el conflicto para formar a nuevos controladores. Resulta sorprendente la incapacidad para solucionar este contencioso por la vía del diálogo que han mostrado los responsables de AENA. Pero el caos vivido en los aeropuertos, el desprecio a los derechos de los usuarios que se quedaron en tierra, las cuantiosas pérdidas económicas y el daño irreparable provocado a la imagen de España en el exterior, exigen una respuesta mayor que la autosatisfacción de haber doblegado a un colectivo de 2.500 trabajadores que osó echar un pulso al Estado y lo perdió. Hace falta  una solución definitiva que impida convertir en rehenes a los ciudadanos  Este Gobierno, y si no está capacitado para ello, el que le sustituya, tiene el deber y la obligación de promover de una vez por todas una ley de huelga que deje meridianamente claros los límites de una protesta laboral para que la legitima defensa de los derechos laborales  impida a ciertos colectivos considerados estratégicos paralizar un país o una ciudad. Los ciudadanos ya están hartos de los chantajes de controladores, pilotos, conductores de metro y autobús, etcétera, y exigen soluciones definitivas y menos improvisación.

Publicado el 9 de diciembre de 2010 a las 14:30.

añadir a meneame  añadir a freski  añadir a delicious  añadir a digg  añadir a technorati  añadir a yahoo  compartir en facebook  twittear  votar

Alberto Castillo

Alberto Castillo

Director de Gente en Madrid. Periodista madrileño, de 46 años, cuenta con una dilatada experiencia en medios. Ha sido subdirector general de la Agencia de Noticias Servimedia. Gran parte de su carrera profesional ha estado vinculado a la radio en distintas cadenas. Comenzó en la Cadena Rato en los años 80 y de ahí pasó a la COPE, cadena en la que fue redactor de informativos locales, redactor jefe del informativo matinal "La Mañana" (con el desaparecido Antonio Herrero), redactor jefe de informativos de fin de semana y jefe de prensa. Su última etapa en la radio fue en la extinta Radio España-Cadena Ibérica.

 

EN TU MAIL

Recibe los blogs de Gente en tu email

Introduce tu correo electrónico:

FeedBurner

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD