Sin acritud

El anuncio de que Eurovegas recalarará finalmente en Madrid, más concretamente en Alcorcón si se confirma una vez más la "intuición" de la presidenta, con una inversión de 17.000 millones de euros, es un respiro ente tanta ruina, por mucho de que los detractores del megacomplejo de ocio y juego quieran ver las siete plagas de Egipto, prostitución, mafias, evasión fiscal, ludopatía, que si el modelo de crecimiento, etcétera. Algunos deberían quitarse la venda de los ojos y sacudirse los complejos. Va a suponer la creación de miles de puestos de trabajo -se estiman entre 150.000 y 200.000 empleos. A ver quien se opone a eso, llámese Tomás Gómez, sindicatos, obispo de Getafe o Rouco Varela. Es, además, una señal muy positiva de la confianza de la inversión extranjera en nuestro país, que puede servir de trampolín para nuevas inversiones. Y no olvidemos el impulso adicional para la candidatura olímpica de Madrid 2020, pues refuerza el flanco más débil, el que se refiere a las plazas hoteleras. Ahora bien, es cierto que es un enorme revulsivo para la economía de la región, pero el exceso de optimismo no debe ocultar las incertidumbres que aún rodean Eurovegas. La primera, que el proyecto en toda su amplitud sólo se llevará a cabo si la empresa consigue la financiación necesaria, pues su intención es cubrir con capital propio sólo hasta 35%. La coyuntura condicionará su desarrollo total dependiendo de los recursos que genere la primera fase una vez concluida. Por otro lado están los cambios legislativos; los responsables públicos deben dotar a los territorios que gobiernan de los instrumentos necesarios para propiciar las mejores condiciones que permitan el máximo desarrollo socioeconómico. Crear un marco favorable para hacer atractivas a las empresas su implantación supone cierta flexibilidad para atraer la inversión, pero en ningún caso se debe permitir modificaciones legales al primero que lo solicite, aunque en juego haya miles de millones de euros. Otra cosa es que se aplique el sentido común, y normativas tan demoledoras para el sector de la hostelería como la ley antitabaco puedan ser revisadas, siempre y cuando su modificación legal no sea a la carta, sino de aplicación para todo el sector. También habrá que ser extremadamente cautelosos en cuanto al marco laboral y fiscal. En definitiva, que todo lo que se haga de acuerdo a la capacidad normativa autonómica para favorecer el éxito de este y de cualquier otro proyecto empresarial que genere riqueza para la región, sea con transparencia y no de tapadillo.  

Publicado el 13 de septiembre de 2012 a las 13:45.