Sin acritud

 

El Tribunal Supremo ha dictado apertura de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por supuestos delitos de prevaricación continuada y violación de la garantías constitucionales  en la investigación de la trama Gürtel. El magistrado del Supremo Alberto  Jorge Barreiro sostiene que Garzón utilizó medios ilícitos para intervenir las comunicaciones en la cárcel entre el principal cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, y sus abogados, a sabiendas de que no podía hacerlo. El auto del magistrado es particularmente duro al afirmar que Garzón "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de obtener mediante la utilización de medios lícitos, decidió acceder libremente a las conversaciones confidenciales que mantuvieron los internos con sus abogados". Es un asunto de la máxima gravedad, aunque la licitud o no de las grabaciones es una cuestión sobre la que diferentes magistrados han emitido opiniones discrepantes, por lo que no conviene emitir juicios de valor precipitados. Sin poner en cuestión el criterio del juez del Supremo, vaya por delante que Garzón, antes que juez, es un ciudadano como los demás, y como tal, debe estar sometido igual que todos al criterio de la ley. En su haber tiene importantes éxitos judiciales y muchas actuaciones que le han valido el aplauso dentro y fuera de nuestras fronteras. Ha hecho grandes servicios al Estado en materia de persecución del narcotráfico y del terrorismo. El caso Gürtel es una de las mayores tramas de corrupción conocidas y es encomiable el celo demostrado para llegar hasta el fondo de la basura. Pero de ninguna manera, por graves que sean los delitos investigados, se puede pasar por encima de las debidas garantías procesales. La sola mención a la posibilidad de haber prevaricado es lo más grave que se le puede imputar a quien tiene el encomiable mandato social de administrar justicia con rectitud e imparcialidad. Por tanto Garzón, como cualquier otro juez que incurriera en el mismo error, debe responder ante un tribunal para dirimir sus responsabilidades si las hubiera. Cierto es que su actuación en el caso ha abierto una puerta a los principales imputados en la trama para que puedan invalidar las escuchas como prueba incriminatoria, lo que podría dejar impunes a Correa y a sus compañeros de corruptelas. Pero igual de preocupante resulta que el juez que ha investigado el caso se siente en el banquillo de los acusados para ser juzgado antes incluso que cualquiera de los implicados en la trama. El remedio puede ser más nocivo que la enfermedad.

Publicado el 14 de abril de 2011 a las 12:00.

               

Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y nadie, ni siquiera un juez, puede situarse por encima de ella. Al juez Baltasar Garzón le avalan numerosos servicios al Estado realizados en el ejercicio de su magisterio, y una brillante trayectoria en la instrucción de cantidad de causas de gran trascendencia y repercusión, no sólo mediática, sino penal. Nadie mejor que el propio juez para entender que está sometido a la Ley como cualquier otro ciudadano y que por muy loable que sea la causa que lo motive ha asumir las consecuencias si olvida este precepto. Por eso ha sorprendido el tono de los mensajes que se han escuchado en el acto de apoyo al juez contra su procesamiento por parte del Tribunal Supremo organizado por los sindicatos UGT y CCOO en la Universidad Complutense. Procesamiento, no hay que olvidar, por un supuesto delito de prevaricación consecuencia de las diligencias practicadas en la investigación de los crímenes del franquismo. No por investigar los crímenes, sino por hacerlo a sabiendas de no tener competencias para ello. Que la querella que ha provocado la decisión del magistrado Luciano Varela de sentar a Garzón en el banquillo haya sido interpuesta por el sindicato derechista Manos Limpias y por Falange Española de las Jons, no ha contribuido precisamente a disipar las dudas acerca de los verdaderos motivos del Supremo para enjuiciar a Garzón y ha propiciado manifestaciones que retrotraen a épocas de nuestro reciente pasado. El Alto Tribunal ha actuado conforme a derecho, teniendo en cuenta el análisis de la denuncia y sin fijarse en quién presenta la denuncia, puesto que tal circunstancia no debe ser condicionante.  De tal virulencia han sido las reacciones contrarias a la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo que el Consejo General del Poder Judicial se ha visto obligado a expresar públicamente su "preocupación y tristeza" ante estos ataques a su independencia. La tensa situación que han provocado las causas abiertas contra el juez Garzón requieren de cierta pedagogía democrática para serenar el tono de los discursos de uno y otro lado, puesto que la crítica en el libre ejercicio de la libertad de expresión no puede confundirse con la desacreditación, cuando lo que está en juego es la propia estabilidad de las instituciones. La independencia del Poder Judicial y el respeto a sus decisiones son elementos esenciales de la convivencia en democracia y hay que hacerlos valer.

 

Publicado el 19 de abril de 2010 a las 14:45.