Sin acritud

La campaña electoral ha introducido el debate sobre el número de políticos que verdaderamente necesitamos. El Vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha propuesto reducir drásticamente el número de políticos en la administración y adelgazar la composición del Congreso de los diputados, eliminando 50 escaños de los 350 actuales. Tampoco es que 50 diputados menos nos vaya a sacar de pobres. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha entrado al trapo y se ha mostrado dispuesto a discutir sobre la manera de aligerar la estructura política de la administración, lo que supone meterle mano a los ayuntamientos y a los parlamentos autonómicos, "y eventualmente diputados y senadores", pero ha replicado que lo primero debería ser la reforma de las diputaciones provinciales, que a su juicio son las estructuras más prescindibles. Razón tienen los dos, pero habría que empezar primero por hacer un estudio riguroso de los cargos públicos que existen en las diferentes administraciones, tanto nacional como autonómica y local. Dicho estudio debería incluir no sólo las funciones y salarios percibidos, sino todo el conjunto de gastos asociados al cargo, tales como coche oficial, gastos de representación, tarjeta Visa, teléfono móvil, dietas por desplazamiento, secretarias, asesores, y el largo etcétera de prebendas que suelen acompañar al sillón oficial. Calculado el coste total de todos los cargos públicos se tendrá una magnifica radiografía de lo que nos cuesta mantener esta mastodóntica estructura, de los puestos que son verdaderamente necesarios o prescindibles, de los que están duplicados en las diferentes administraciones, y de la diferencia de salarios entre cargos similares, lo que permitiría fijar por ley los sueldos de alcaldes y concejales en función del número de habitantes del municipio. Pero habría que avanzar más, por ejemplo, eliminando la pensión vitalicia de determinados cargos públicos, pensión, que como la del resto de españoles, debería estar en función de los años cotizados, y no de la relevancia del puesto ocupado. Y habría que eliminar las tarjetas Visa. Si un cargo público incurre en un gasto necesario, llámese comida o desplazamiento, que lo abone y presente la factura correspondiente. La libre disposición de tarjetas es una invitación a tirar alegremente de los recursos ajenos. Hay muchas maneras de ahorrar en las estructuras políticas sin menoscabar la eficiencia. Será posible cuando todos los servidores públicos entienden su cargo como una manera de servir y no de servirse de él

Publicado el 14 de octubre de 2011 a las 13:30.

Se mire como se mire, la huelga de los empleados públicos ha sido un fracaso que le deja al presidente del Gobierno las manos libres para afrontar una reforma laboral sin temor a una convocatoria general. Aunque como siempre que se convoca una huelga, las cifras de seguimiento que facilitan Gobierno y sindicatos no coinciden ni de lejos; de los dos millones y medio de empleados públicos que estaban llamados a protestar por el recorte del 5% en sus salarios, sólo secundaron la huelga el 11,8% de funcionarios, según los datos aportados por el Gobierno. Una jornada cualquiera el absentismo laboral es significativamente mayor, aunque se comprende que los funcionarios no hayan querido perder un día de sueldo y hayan optado por no hacer de palmeros de los sindicatos. UGT y CCOO han estado más preocupados en garantizar las subvenciones con las que mantienen su mastodóntica maquinaria que en defender los derechos de los casi cinco millones de parados y en reclamar a tiempo medidas para recortar el déficit. Los funcionarios tienen motivos de sobra para protestar contra la política económica del Gobierno, pero se han comportado con responsabilidad a pesar de sentirse el chivo expiatorio de la crisis. España no está para huelgas en este momento y los sindicatos deberían tomar nota de su escasa capacidad de movilización. La administración pública ha funcionado con total normalidad. Ni los colegios, ni el transporte público, ni los centros de salud, ni los juzgados se han visto afectados. Si fuera cierto que han secundado la huelga todos los que dicen las centrales sindicales, un 75% de los trabajadores del sector público, aquí sobraría un montón de gente. El paro en la Administración se consideraba como un ensayo de la huelga general que los sindicatos preparan por si el Gobierno decide finalmente aprobar una reforma laboral unilateralmente. El primer envite ha sido un fracaso. Pero además el Gobierno no tiene otra alternativa que sacar adelante una reforma laboral profunda como le reclaman en Europa, que duda de la capacidad de Zapatero para poder cuadrar las cuentas públicas y reclama nuevas medidas de ajuste para 2011. El ejemplo alemán, que anuncia un recorte de 80.000 millones de euros, con eliminación de 10.000 puestos de funcionarios y reducción del 2,5% de los sueldos públicos ha puesto contra las cuerdas y ha dejado en evidencia la tibieza del Gobierno en sus medidas de control del gasto. 

Publicado el 10 de junio de 2010 a las 13:00.

Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres... Este Gobierno con sus decisiones nos tiene desconcertados por su política del paso atrás. El pasado fin de semana, el presidente se dirigió a los alcaldes socialistas en Elche para justificar el tijeretazo a las políticas sociales. "No ha habido cambio ni bandazo, respondemos a las circunstancias", decía Zapatero para explicar a sus parroquianos el mayor recorte social de la democracia. Al día siguiente del mitin, lunes, el BOE publicaba el Real Decreto-Ley de medidas de recorte del déficit con una sorpresa para los ayuntamientos. Desde el momento de su publicación en el BOE y hasta 2012 los ayuntamientos no podrían solicitar créditos a largo plazo. El cabreo de los municipios fue monumental y pusieron el grito en el cielo ante el cerrojazo al grifo de la financiación que les ponía en una situación de extrema dificultad, en algunos casos al borde de la quiebra técnica y en la práctica abocados al bloqueo total. Al menos se lo podían haber anticipado. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, el socialista Pedro Castro, encabezó la protesta de los alcaldes y tal fue la movilización que la ministra Salgado se vio obligada el martes a rectificar y suavizar la medida, retrasando hasta final de año la prohibición de endeudarse. La explicación de la marcha atrás fue de lo más peregrina, achacada a "un error del BOE". Pues bien, un día después, Zapatero volvía a descolocar a propios y extraños con otra desautorización a un miembro de su Gobierno asumiendo en persona una rectificación política y justificando un cambio de fecha "perfectamente comprensible" por su "amplia complejidad". Si la medida de cortar sin previo aviso el crédito era un disparate, el retraso de su entrada en vigor equivale a invalidarlo, pues va a provocar una avalancha de solicitudes que dejará tiritando a bancos y cajas. Un paso adelante y dos atrás. Preparémonos para la próxima rectificación. ¿Vendrá de la mano del copago sanitario? Hay suficientes indicios como para no descartar tal posibilidad. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha dicho que es una opción posible que está encima de la mesa, aunque la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ve "dudas lo suficientemente amplias" como para no aplicarlo. Habrá que creer a Zapatero, aquí no hay cambios ni bandazos. Aquí lo que hay es una continua improvisación, como la última ocurrencia del impuesto para ricos. Veremos en qué queda.

Publicado el 27 de mayo de 2010 a las 15:00.

El nuevo Gobierno británico ha cogido el toro de la crisis por los cuernos y le ha faltado tiempo para adoptar medidas inmediatas de recorte del gasto público. A los altos cargos les ha apeado del coche oficial y les ha prohibido viajar en primera clase. Son medidas de austeridad que tienen más de simbólico que de efectivo, aunque el Estado británico ahorrará mas de 16 millones de euros, pero que los ciudadanos aplauden porque sitúan a los servidores públicos a la altura de las circunstancias, siendo los primeros que dan ejemplo a la hora de apretarse el cinturón. En el Estado patrio es impensable la imagen de un ministro viajando en el metro, o en el autobús. Aquí seguimos haciendo uso intensivo del coche oficial, de la visa oro y de la primera clase como si fuera la vida en ello. Antes muerto que sencillo, que eso de mezclarse con el pueblo es sólo para las campañas electorales. En España tenemos un parque de más de 2.300 vehículos oficiales. Salvo por motivos de seguridad, comprensibles en determinados niveles y circunstancias concretas, no hay razón para que un servidor público no pueda renunciar a las prebendas del cargo, cuando la austeridad así lo recomiende. Se echan en falta más medidas ejemplarizantes como la que ha adoptado el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, que ha reducido de diez a siete el número de consejerías, eliminando tres de ellas. Hace dos años, el Gobierno castellano manchego estaba formado por 14 consejerías, justo el doble que ahora. La pregunta es si se puede gobernar con la mitad de altos cargos, ¿Por qué no hizo antes el recorte? Las administraciones están claramente sobredimensionadas, y los hechos demuestran que se puede gobernar con mayor mesura. Ahora toca quitar de aquí y de allá y se agradece que los políticos y altos cargos den el primer paso. Es digno de aplauso también el ejemplo del Congreso, que ha decidido paralizar todos los viajes de los diputados y suspenderlos hasta nuevo aviso, y rebajar entre un 10 y un 15 por ciento de los salarios de los diputados. Y es digno de reprobación, por el contrario,  el esperpento vivido en el Senado con la traducción simultánea a las cuatro lenguas cooficiales a la que obligó el presidente Montilla en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. La broma le ha costado al Senado 6.520 euros, a razón de 163 euros por minuto de discurso. Un exceso innecesario en tiempos de austeridad.

Publicado el 26 de mayo de 2010 a las 15:00.

El tijeretazo de Zapatero a  funcionarios, pensionistas,   mamás recién paridas, dependientes y compañeros del Gobierno está teniendo gran eco en Madrid, donde se ha abierto una carrera para ver quién recorta más. Parece una subasta, pero a la inversa. De momento sus señorías de la Asamblea se van a reducir un 15 por ciento los salarios, en solidaridad con otros paganos para dar ejemplo ante la crisis, lo que no es mal gesto, que algunos lo ganan con demasiada facilidad para lo poco que sudan la camiseta. Los diputados cobrarán una media de 570 euros menos, que es dinero pero que tampoco les va a hacer pobres, pues sus honorarios por dedicación exclusiva rondan los 3.800 euros, cantidad que se incrementa en el caso de los portavoces. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha aprovechado la coyuntura para anunciar un paquete de medidas con las que reducir en 1.400 millones anuales la deuda de la Comunidad por la vía de la disminución drástica de salarios y la eliminación de la duplicidad de sueldos en los cargos políticos, la reducción a la mitad de los directivos de Radio Televisión Madrid, la eliminación de directivos del Servicio Madrileño de Salud, el recorte en los gabinetes técnicos, en alquileres de edificios, etcétera. Como Tomás Gómez no es diputado, el portavoz adjunto del PP, Juan Soler, le ha pedido que empiece por hacer público su sueldo y que, de paso, se lo reduzca, como reclama a los demás, ya que los ingresos de los partidos también salen de las arcas públicas. ¿No quieres caldo? ¡Dos tazas! Mientras, la presidenta Esperanza Aguirre ha insistido en su idea de privatizar Telemadrid y acabar de un plumazo con los más de 200 millones de euros que nos cuesta la deuda del ente, una idea que en su día defendió Gallardón y que no es posible llevar a cabo por las limitaciones de la Ley del Tercer Canal. Sumadas las pérdidas de todas las televisiones regionales sale una cifra de 1.200 millones de euros, cantidad más que suficiente como para definitivamente plantearse acabar con un despilfarro que le cuesta a cada ciudadano 114 euros al año. Si se le añade la más que dudosa calidad de las diferentes programaciones, hay sobrados argumentos para coger el toro por los cuernos. El ahorro adicional por parte de las comunidades autónomas y administraciones locales que anunció Zapatero en el miércoles negro junto al resto de recortes en el gasto social suma exactamente lo mismo que la deuda de las televisiones.

Publicado el 21 de mayo de 2010 a las 14:15.

La Constitución española proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Al artículo 14 de nuestra Carta Magna habría que añadirle "y con independencia de su afiliación sindical". Porque si se es funcionario o pensionista, la contribución al recorte del gasto público es mayor que si se pertenece a uno de los sindicatos de clase. Y es que nuestros sindicatos, más que clase lo que tienen es auténtico pedigrí. Los funcionarios van a ver cómo el Gobierno les recorta su salario en una media del 5 por ciento, y los jubilados van a sufrir la congelación de sus pensiones. Unos y otros son los principales paganos de la crisis, junto con el resto de trabajadores del sector privado que ya han padecido los ajustes en sus empresas, bien mediante la congelación de sus nóminas, con recortes de sueldo, o directamente perdiendo sus empleos. Por el contrario, los sindicatos, principalmente UGT y CCOO, los mismos que han convocado a los funcionarios a una huelga para protestar por el recorte de salarios en la función pública, van a mantener intactas las subvenciones con las que el Gobierno les tiene apaciguados. El Boletín Oficial del Estado ha publicado las subvenciones a las organizaciones sindicales, una ayuda de 15.798.500 euros destinada a "fomentar mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos de los trabajadores". Es decir, que el Gobierno nada y guarda la ropa, o lo que es lo mismo, se lo quita a funcionarios y pensionistas, y se lo reparte a los sindicatos para seguir manteniendo su docilidad, no sea que se les ocurra montar una huelga general. Y en justa reciprocidad, que de bien nacido es ser agradecido, los sindicatos van a impulsar la movilización de jubilados y pensionistas contra el plan de ajuste, pero sin pasar de ahí, y por supuesto, sin renunciar a las subvenciones, a las que hay que sumar lo que reciben para cursos de formación, en conjunto más de 220 millones de euros. CCOO ha defendido las subvenciones "porque así lo prevé la Constitución".  Muy cierto. Pero también prevé la Constitución "el derecho al trabajo, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia". ¿Habrá que volver a añadir "y con independencia de su afiliación sindical"?

Publicado el 20 de mayo de 2010 a las 12:00.