Prisión para el ‘viejo’ govern
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó prisión incondicional para los ocho exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, incluido el vicepresidente, Oriol Junqueras, que el jueves 2-N declararon en la Audiencia Nacional, acusados de rebelión, sedición y malversación. En el caso de Santi Vila, exconsejero de Empresa, se ha dictado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Así, el exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo) fueron trasladados a prisión. Borràs y Bassa ingresaron en Alcalá de Henares. Turull y Romeva, en Valdemoro; Rull en Navalcarnero; Forn y Junqueras en Estremera; y Mundó y Vila en Aranjuez.
Para el riesgo de fuga la juez tiene en cuenta el alto poder adquisitivo de los imputados y el hecho de que otros imputados han salido al extranjero eludiendo la acción de la justicia, en clara referencia al expresidente Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. “La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”, señala el auto de prisión de la jueza Lamela. Para justificar el riesgo de fuga, Lamela dice que los consejeros han actuado “dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la justicia”.
La jueza también considera el riesgo de que destruyan pruebas “teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern”. Sobre la posibilidad de que vuelvan a delinquir, la jueza Lamela subraya que los presuntos delitos “se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años. Todos ellos,reincidieron constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del Constitucional”. La jueza también cita las elevadas penas que suponen los delitos de rebelión (25 años), sedición (15) y malversación (de 8 a 10 años) para justificar su decisión.
El auto de la jueza será una bomba de incalculables consecuencias en la convocatoria electoral del 21 de diciembre (21-D) tras la aparente ‘paz’ que se vivía al aplicar el 155. A ver qué pasa con el ‘fugado’ Puigdemont y parte de su ‘govern..., ya en ‘busca y captura’. Esto es la guerra...
Publicado el 3 de noviembre de 2017 a las 09:15.
