Sin acritud

Esperanza Aguirre tiene la virtud de decir siempre lo que piensa, lo que en política es un raro fenómeno. Conecta con los ciudadanos porque utiliza su mismo lenguaje y no elude ningún debate por espinoso que sea. No le va la ortodoxia política porque es fiel a sus ideas y si le preguntan, responde sin medias tintas poniendo el dedo en la llaga. En su discurso no cabe la pusilanimidad y se rige por su intuición. Por eso cuando dijo en relación con la final de la Copa del Rey que no había que permitir el chantaje de los nacionalistas, todos pusieron el grito en el cielo, aunque muchos de los que pidieron prudencia pensaran como ella. Algunos han visto en sus palabras un intento de la presidenta para cambiar el foco de atención de la desviación del déficit anunciado y no andarán mal encaminados. Esta polémica le viene bien para que los medios nos olvidemos de otras cuestiones de la actualidad que atañen a la comunidad, pero Aguirre tiene su parte de razón. Lo que pidió sin morderse la lengua es que se suspendiera el partido y se celebrara en otro lugar a puerta cerrada si los seguidores del Barcelona y el Athletic de Bilbao atacaban a los símbolos del Estado. Bien dicho, aunque el remedio es peor que la enfermedad y voluntaria o involuntariamente ha contribuido a calentar los ánimos echando mas leña al fuego. No se pueden matar moscas a cañonazos y probablemente la suspensión del partido habría alimentado aún más la polémica y el victimismo de los que han querido aprovechar un gran evento deportivo como una final de la Copa del Rey para escenificar sus complejos mediante la pataleta de silbar y abuchear al Príncipe y al himno nacional. Pero lo que dijo, muchos ciudadanos de uno y otro color político lo piensan: ya está bien de vivir en el chantaje permanente de una minoría. ¿Por qué hay que achantarse ante la ofensa a los símbolos de la nación que unen a tantos españoles? Esto es fútbol y no política y aquellos que han querido aprovechar para pervertir un espectáculo deportivo convirtiéndolo en un acto de propaganda nacionalista se han equivocado gravemente. Alentar desde los clubes de fútbol estos comportamientos es una irresponsabilidad, y el que no acepte las reglas del juego que no participe en la competición. Si al Barcelona y al Athletic tanto les desagrada España, que jueguen en ligas regionales y  que sus jugadores renuncien a participar en la selección nacional. Y si tanto les molestaba que el Rey o el Príncipe les entregue la copa, que no la hubieran jugado. Suscribo las palabras de Esperanza Aguirre. Y sin complejos.

 

Publicado el 24 de mayo de 2012 a las 16:15.

               

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha dicho que va a usar todos los instrumentos que pueda para oponerse a Eurovegas, incluida la vía jurídica, porque es un proyecto que "pone en riesgo el futuro económico de Madrid". A ver si lo he entendido: ante la posibilidad de que en el peor momento económico que ha vivido jamás nuestra economía, con el paro acercándose a los seis millones de personas, los jóvenes sin expectativas de empleo, el consumo por los suelos, el sistema financiero a punto de reventar y la amenaza de una intervención, tenemos al alcance de la mano que venga un empresario a invertir su dinero en España y le ponemos pegas. El proyecto Eurovegas que el multimillonario norteamericano Sheldon Adelson proyecta construir en España, y con grandes posibilidades de que finalmente se ubique en Alcorcón, contempla un megacomplejo de ocio, negocios y juego con una docena de hoteles, seis casinos, 36.000 plazas hoteleras, centro de convenciones, restaurantes, salas de espectáculos, campos de golf, y un largo etcétera. Eso sin contar con el dinero que dejaran en Madrid los turistas que vengan a Eurovegas, como dejan en París los que visitan Eurodisney, que por cierto, se nos escapó de las manos mientras las autoridades locales mareaban la perdiz con el modelo de desarrollo, el urbanismo y la ecología. Al final llegaron los franceses y se llevaron la inversión en nuestras mismas narices. Parece que no hemos aprendido la lección. A este hombre con pinta de Dani de Vito se le podrá criticar por hortera, pero viene con su dinero por delante dispuesto a gastarse la friolera de 30.000 millones de euros. Traducido en puestos de trabajo, estamos hablando de unos 250.000, entre directos e indirectos. Ante esta oportunidad única, un espejo para que otros inversores también se animen a venir a España, algunos ven un riesgo para el futuro económico de la región. Que me lo expliquen. Entre las muchas sandeces que se están escuchando, las protestas de los ecologistas inciden en la destrucción de la biodiversidad ambiental. Desde estas líneas propongo al alcalde de Alcorcón y a la presidenta de la comunidad que organicen visitas guiadas para que los ciudadanos puedan comprobar in situ el secarral lleno de mierda que un inversor quiere convertir en un macro complejo de ocio, negocios y juego con hoteles, casinos y centros de convenciones. Que juzguen con sus propios ojos el "alto valor ecológico" de los terrenos donde habitan las ratas entre los vertederos y las escombreras. Se dice que el proyecto fomentará la ludopatía. Como si en Madrid no hubiera ya casinos, salas de bingo y casas de apuestas, y en los bares máquinas tragaperras. Y la traca es que el complejo atraerá la prostitución. Es colmo de la hipocresía. Ahora resulta que vamos a importar la prostitución, como si no estuviéramos hartos de verla a diario en las calles, polígonos y clubes de alterne. ¿O es que en Madrid no hay putas?

Publicado el 11 de mayo de 2012 a las 11:15.

               

Ni los recortes, ni las subidas de impuestos, ni las promesas electorales incumplidas, ni la reforma laboral que desembocó en la huelga general han hecho mella en la confianza de los españoles, que parecen estar anestesiados a juzgar por lo que expresan en el último barómetro de opinión del CIS sobre su confianza en el Gobierno. Si se celebraran ahora las elecciones, el PP obtendría el 40,6% de votos, cuatro puntos por debajo del resultado alcanzado el 20-N, cuando consiguió la mayoría absoluta con un apoyo del 44,6% del electorado. Significativamente, tampoco el PSOE se beneficia del supuesto desgaste de Rajoy. Apenas gana un punto respecto al 20-N y ahora conseguiría el 29,6% de votos, frente al 28,7% de las últimas generales. Los populares pueden darse por satisfechos si con la que está cayendo el desgaste por las medidas adoptadas solo les ha hecho perder cuatro puntos en intención de voto. Pero mas debería preocupar los resultados del sondeo a los socialistas, pues si para los entrevistados, el 48,3 cree que la gestión del Ejecutivo de Rajoy está siendo mala o muy mala, la gestión como oposición del PSOE sale aún peor parada: el 52,4 cree que es también mala o muy mala. Conclusión, los españoles se debaten entre susto o muerte. Quizá la explicación ante tan apática respuesta demoscópica radica en que los electores entienden y reconocen que las medidas del Gobierno son duras pero necesarias, mientras que la reacción del PSOE es la previsible y responde a intereses electoralistas sin presentar alternativa creíble. El Gobierno seguirá aplicando su hoja de ruta cueste lo que cueste, aunque el rumbo a seguir sea 180 grados contrario al trazado inicialmente. Las circunstancias lo requieren y las encuestas avalan que los españoles están dispuestos a olvidar las promesas incumplidas con tal de que la extenuante travesía acabe en tierra firme al resguardo de buen puerto. Pero esto no significa patente de corso y el Gobierno deberá hacer un esfuerzo para corregir su nefasta política de comunicación y explicar a los españoles por qué ha convertido los compromisos electorales en papel mojado. Estamos asumiendo a marchas forzadas que el objetivo de salir del agujero es lo único que cuenta, pero reclamamos que nos lo expliquen bien. La teoría del hecho consumado puede ser válida para el Gobierno, pero un poco de bálsamo es necesario para mitigar el dolor. Cuando recibe las pruebas diagnósticas que confirman los peores temores, la familia del enfermo agradece que el médico salga en persona a explicarlo.

Publicado el 11 de mayo de 2012 a las 11:00.

               

Viendo el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado me pregunto si algunos políticos a los que estoy alimentando con el pago de mis impuestos y yo vivimos en el mismo planeta. Escucho con estupor decir a Pérez Rubalcaba que los presupuestos que ha presentado el Gobierno son “económicamente ineficaces y socialmente injustos” y , en su opinión, sólo van a conseguir “la quiebra social”. No es de extrañar el discurso de Rubalcaba, cuando unas horas antes, su lugarteniente Elena Valenciano había hecho un llamamiento a las familias españolas a “salir a la calle para defenderse de las recortes” del Gobierno. Hablar de quiebra social por los recortes es de una sinvergonzonería rayana en lo obsceno. Son los presupuestos adaptados a la realidad de un país que el Gobierno se ha encontrado esquilmado y en la ruina más absoluta. Como los ha definido el ministro Montoro, “austeros” porque estamos en el punto de mira de los mercados y nuestras cuentas van a ser examinadas con lupa para convencerse de que cumplirán los objetivos fijados por Bruselas, y “realistas”, porque son el reflejo de la extrema gravedad en que se encuentra España, con una economía que ha entrado nuevamente en recesión. Los recortes del Gobierno son la respuesta al legado despilfarrador heredado tras ocho años de Gobierno socialista, y a las sorpresas encontradas bajo las alfombras en forma de déficit oculto por importe de 26.000 millones, engaño contable confirmado desde Bruselas al certificar que la cifra final de déficit en 2011 que presentó Rajoy era del 8,5% en lugar del 6% que dijo Elena Salgado y el anterior ejecutivo. Los presupuestos que con tanta vehemencia ha rechazado el PSOE son la consecuencia de todo lo anterior. Por eso, apelar a la fractura social y alentar a tomar las calles da idea de la altura de miras, de la descarada manipulación de la realidad y del cinismo que practican algunos. Que los recortes retrasarán el crecimiento es una obviedad, pero si la única alternativa propuesta es relajar el objetivo del déficit vamos dados. La receta anterior ya sabemos dónde nos ha conducido. Habrá que intentarlo por otra vía, que no es otra que la del sacrificio, pero el objetivo de sacar este país adelante bien merece este esfuerzo. El vicepresidente de CEOE y presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, en la entrevista que ofrecemos esta semana en Gente, lo ha expresado con toda claridad: Ha llegado el momento de alcanzar un gran pacto nacional, de coger el toro por los cuernos y de empujar todos juntos en la misma dirección.

Publicado el 26 de abril de 2012 a las 19:30.

               

No se sabe a ciencia cierta, aunque se intuye, si el Rey salía a las tantas de la madrugada del bungalow después de haber abatido la codiciada presa, o se disponía a iniciar la cacería. Lo cierto es que la testosterona le jugó una mala pasada y un inoportuno traspié ha permitido que media España esté haciendo coña con las muescas en la culata de su regia arma. El nombre de Corinna Zu Sayn Wittgenstein corre de boca en boca y bate registros en las búsquedas de Google. Pero el desliz real es más que un asunto de sábanas y el polémico viaje ha abierto un boquete en el agrietado casco de la Monarquía de graves consecuencias que el Rey ha sabido reconducir con su pública disculpa. No se debe minimizar el daño a la imagen de la Institución aplicando paños calientes como la apelación al carácter privado del viaje, o que no ha tenido coste alguno para el erario público. La ética y la estética van de la mano y se mire como se mire, la conducta del Rey ha sido poco ejemplar. Lo de menos es si lo ha pagado. Ir a Botsuana a matar elefantes acompañado de una amiga que actúa como intermediaria, con la prima de riesgo dislocada, los mercados hundidos, Repsol expoliada y el país al borde de la intervención, es una grave irresponsabilidad y una exhibición de despropósitos que echa por tierra el trabajo de años de servicio impagable a la consolidación de la Democracia, a la estabilidad del Estado y a la consecución de los intereses de España. El celo con el que tan cuidadosamente se ha edificado el prestigio de la Corona en los últimos treinta años ha saltado por los aires dando pie a los cazadores furtivos a salir de los matojos para abrir fuego a discreción. Algunos, como Tomás Gómez, expresaron en público lo que muchos opinan en privado, que el Jefe del Estado se debía plantear elegir entre sus responsabilidades públicas y la abdicación. Puede ser exagerado aprovechar este error garrafal para intentar tumbar la Monarquía, pero la insensatez de su conducta, unido al creciente deterioro de imagen de su entorno provocada por la imputación a Urdangarín, los correos electrónicos de su ex socio que comprometen a la Infanta Cristina o la irresponsabilidad de Jaime de Marichalar por el accidente de Froilán, exigen de la Institución un cambio radical en su comportamiento y formas. No sabemos si de motu propio, aconsejado por la Reina, o porque Don Felipe ha dado un puñetazo en la mesa exigiendo de su familia la ejemplaridad a la que él nos tiene acostumbrados, pero al menos la grandeza que ha tenido el Rey al pedir perdón y reconocer su error es un primer paso y un gesto que le honra. Ha sabido rectificar a tiempo. ¡Qué lección para la clase política!.

Publicado el 16 de abril de 2012 a las 18:00.

               

Se han acabado las líneas rojas. Está en juego la supervivencia del Estado tal como lo conocemos si no queremos que vengan de Europa a gestionar nuestras cuentas. Y como esto ocurra sí que nos podemos ir preparando. Así que vamos a dejarnos de barreras infranqueables y de tabúes; estamos al borde del abismo y el riesgo de intervención vuelve a estar al acecho. Creíamos que lo peor había pasado y resulta que lo peor está aún por venir. Hay que seguir acometiendo reformas con determinación y ni siquiera las principales partidas sociales como son la Sanidad y la Educación quedan fuera de la tijera del Gobierno. El problema es que los mercados no terminan de creérselo a pesar de la celeridad con que Rajoy ha tratado de responder ante un escenario tan negativo como una economía en recesión; con la insoportable presión de la prima de riesgo y la reacción de los mercados ante unos presupuestos que no les han convencido. Cierto es que el presidente del Gobierno ha demostrado la determinación para cumplir el objetivo de déficit del 5,3 por  ciento cueste lo que cueste, aunque para eso tenga que tocar las partidas más sensibles para los ciudadanos con el consiguiente coste político. La gravedad de la situación exige estar por encima del inevitable deterioro que sufrirá en imagen, pero esto no debe ser un impedimento para tomar decisiones que transmitan confianza y credibilidad, dentro y fuera, para acabar con la incertidumbre. Y el problema es que los inversores siguen desconfiando de la capacidad de las autonomías para funcionar como un todo dentro del Estado y del Gobierno para hacerlas cumplir sus compromisos de reducir el gasto. No se trata de recortar prestaciones, sino de racionalizar el gasto, eliminar duplicidades y gestionar más eficientemente.  La gran reforma pendiente es la del Estado de las Autonomías y tarde o temprano no quedará más remedio que revisar el modelo para corregir sus distorsiones. Es aquí donde los políticos tendrán que estar a la altura de las circunstancias. Quizá la propuesta que ha hecho la presidenta madrileña Esperanza Aguirre para devolver al Estado las competencias en Sanidad, Educación y Justicia no sea la más oportuna en este momento, porque puede contribuir a alimentar la sensación de improvisación y a generar nuevas tensiones, pero es valiente  y no se puede negar que ha puesto el dedo en la llaga. Rajoy ha respondido que "ni se plantea esta reforma".  Pero es evidente que tendrá que hacer un mayor esfuerzo para trasladar a la sociedad lo que está en juego.

Publicado el 16 de abril de 2012 a las 09:15.

               

De todas las medidas adoptadas por el Gobierno en la maratón reformista de urgencia que ha emprendido para enderezar el rumbo del país, la que sin duda más efecto va a tener en el corto plazo es la liberación de 35.000 millones de euros para pagar a los proveedores las facturas pendientes.  Se trata de un instrumento que debe ser clave para sanear comunidades y ayuntamientos y devolver la confianza al tejido empresarial a muy corto plazo. Sin ese balón de oxigeno difícilmente ayuntamientos y comunidades podrían salir de la espiral de ruina en la que se han metido por el descontrol de sus cuentas. De manera gráfica lo ha expresado Mariano Rajoy: “en un país donde no se paga, difícilmente se puede vivir”. No sólo por la imagen de república bananera que proyecta un país que contrata servicios y no paga a quien se los presta, sino porque autónomos y pymes están abocados a echar el cierre si no saldan sus deudas cuanto antes. La insolvencia lleva a la ruina a las empresas y al paro a sus trabajadores. Bien está que el gobierno haya metido mano al sistema financiero, que haya apretado el cinturón a las administraciones para cuadrar las cuentas y reducir el déficit, o que haya aprobado una reforma laboral para dinamizar el mercado de trabajo. Pero sin una medida dirigida directamente a inyectar liquidez al circuito de pagos y cobros que mantiene en pie la economía es imposible pensar en una reactivación real de la actividad productiva. Esos 35.000 millones que caen como el maná permitirán salvar in extremis muchos miles de puestos de trabajo, porque van a parar directamente a los afectados sin pasar por los ayuntamientos, cuyo papel se va a limitar a aflorar las facturas pendientes que en muchos casos mantenían ocultas en un cajón. Es decir, que no van a ser utilizados para otros fines, como ocurrió con el tristemente famoso Plan E del Gobierno anterior con el que los ayuntamientos recibieron 55.000 millones que se gastaron alegremente y en muchos casos de manera improvisada en obras e infraestructuras innecesarias o no urgentes, y que provocaron el espejismo de la contratación temporal de trabajadores. Terminado el dinero y ejecutadas las obras, el paro volvió a aumentar. Por eso esta medida va en la dirección adecuada, que es apoyando a los que crean empleo  para que no paralicen su actividad y contribuyan a la reactivación económica. Si además la acompaña de un plan para reducir los plazos de pago que permita a los proveedores cobrar en la mitad de tiempo, miel sobre hojuelas.  Se impone el sentido común.

Publicado el 15 de marzo de 2012 a las 19:15.

               

El gobierno ha conseguido el compromiso de las Administraciones públicas con la estabilidad presupuestaria. Tras aprobar el Consejo de Ministros un nuevo objetivo de déficit, situado en 5,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas, le ha metido mano a comunidades y ayuntamientos. A las primeras les ha obligado a aceptar una reducción del déficit a la mitad para dejarlo en el 1,5%, mientras que a los ayuntamientos el objetivo revisado de déficit se sitúa en el 0,3% para el conjunto de las entidades locales. Este nuevo escenario va a obligar a las administraciones, especialmente las autonómicas, a un esfuerzo de austeridad jamás conocido y a tomar durísimas medidas para recortar sus gastos. No están los tiempos para dispendios y despilfarrar lo que no se tiene se antoja una práctica que pertenece al pasado, cuando la prosperidad económica era la patente de corso para gastar a manos llenas. Como ha dicho el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, "ahora les toca" a las regiones apretarse el cinturón porque "el Estado ya ha dado muchos pasos". Pero no solo el Estado. Los ciudadanos llevamos desde el inicio de la crisis -y ya va para cinco años- ajustando los gastos a los cada vez mas reducidos ingresos. Llegar a fin de mes es la obsesión de millones de familias y la drástica caída del consumo denota que la prioridad de los hogares españoles es hacer frente a lo esencial y prescindir de lo superficial. Como para que ahora vengan los responsables del derroche a decirnos que no encuentran partidas donde reducir el gasto. Es un insulto al esfuerzo de los españoles. ¡Que pongan a un ama de casa, a cualquier cabeza de familia, que sabe lo que es hacer la compra con lo imprescindible, a elaborar los presupuestos! Verían qué rápido encuentra partidas donde recortar y gastos de los que prescindir sin que se resientan los servicios que se prestan a los ciudadanos. ¡Menos lobos, Caperucita! Ya va siendo hora de que caigan algunos mitos, que la gente no es idiota. Es muy fácil gastar cuando el dinero que se gestiona no es propio. Empecemos por redimensionar el Estado autonómico y dotarlo de racionalidad para garantizar su supervivencia. Y por recortar drásticamente la red de empresas y organismos públicos, muchos de los cuales se solapan con funciones que pueden desempeñarse desde los servicios centrales del Estado, y que en gran medida sólo sirven para alimentar las redes clientelares de los votantes que les perpetúan en el poder. Probablemente el ciudadano no notará su ausencia.

Publicado el 8 de marzo de 2012 a las 13:45.

               

Iñaki Urdangarín es el primer miembro de la Familia Real que acude a declarar como imputado a un juzgado. No hay precedentes en la monarquía de un vendaval que haya socavado los cimientos de la institución con el ímpetu con que lo está haciendo el caso Urdangarín, cuyo comportamiento, reconocido por la propia Casa Real, no ha sido especialmente ejemplar. La imagen de la monarquía ha quedado seriamente dañada, aún cuando pueda demostrarse la inocencia del Duque. La opinión pública está demasiado acostumbrada a los escándalos protagonizados por políticos corruptos, pero no está preparada para que la monarquía, cuyo principal sustento se basa en la ejemplaridad, ocupe portadas de periódicos y telediarios porque uno de sus miembros ha utilizado la imagen de la Corona para enriquecerse. Es un caso que provoca especial repulsa por afectar a la mas alta institución del Estado y no es de extrañar que el pueblo haya salido en tromba a opinar sobre la conducta del yernísimo, y de paso, cuestionar la propia existencia de la monarquía. Lo primero que hay que recordar es que todos somos iguales ante la ley. Lo dijo el Rey en su discurso de nochebuena:"Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley porque la justicia es igual para todos". Así que si todos somos iguales, también estamos sujetos a las críticas por nuestro comportamiento, más aún aquellos miembros de instituciones de las que se espera un comportamiento ejemplar. Cierto es que por las circunstancias del caso, y por ser quien es y por lo que representa, el Duque de Palma ya ha sido juzgado y condenado por la opinión pública. Todo el espectáculo, más parecido a un circo, montado en torno al caso y a la declaración de Urdangarín, le ha hecho aparecer como un delincuente de guante blanco y no como un imputado sobre el que pesa la presunción de inocencia. Aunque es poco verosimil que toda la responsabilidad la tuviera el ex socio Diego Torres, o que desconociera los movimioentos de dinero en el Instituto Noos. Mientras no se demuestre lo contrario, el marido de la Infanta Cristina es inocente, y si se demuestra su culpabilidad, que los jueces dicten la sentencia que corresponda. Demos la oportunidad a la justicia para que se pronuncie, pero entre tanto, no nos rasguemos las vestiduras por la reacción de repulsa que el caso provoca, porque ni siquiera la presunción de inocencia puede hurtar el derecho de los ciudadanos a opinar libremente, y la realidad es que aquí huele a podrido.

Publicado el 2 de marzo de 2012 a las 10:15.

               

El déficit público se disparó en 2011 al 8,51%, dos puntos y medio más de lo que estimaban las previsiones oficiales y muy lejos del 6% que vendía la vicepresidenta económica Elena Salgado. La irresponsabilidad del gobierno socialista  por no haber sido capaz de cumplir lo comprometido equivale a 25.000 millones de desviación entre la realidad y lo presupuestado. Para mantener el objetivo del 4,4% va a ser necesario un recorte adicional de 45.000 millones. Este es el legado del peor Gobierno de la historia de la democracia. Se puede gestionar mal y ser incompetente, pero lo que no se puede admitir es la mentira. Nos han estado engañando en algo tan serio como las cifras oficiales de déficit. Una mentira de tal calibre merecería que sus responsables acabaran en los tribunales, pero todo el mundo echa balones fuera. El Gobierno actual recuerda que es una herencia del anterior. El PSOE, que la desviación se debe a las autonomías, muchas de ellas gobernadas por el PP. Y las autonomías se quitan el muerto y lo achacan a que el Estado no les da el dinero que les prometió para la financiación autonómica. Es el cachondeo padre. Madrid es la única comunidad que ha cumplido al haber terminado el ejercicio con un déficit del 1,13%. No es casualidad, porque el año anterior Madrid fue también la comunidad más cumplidora, con un déficit de 0,73%. Hace tiempo que el Gobierno de Esperanza Aguirre asumió el compromiso de no gastar mas de lo que se ingresaba, que es el ABC de la economía del sentido común, y ha practicado una política de austeridad basada en recortar de donde se podía. Ha demostrado que se puede gobernar con sobriedad sin afectar a los servicios esenciales para los ciudadanos. Todas las administraciones en conjunto, Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social, gastaron 91.344 millones de euros más de los que ingresaron. Es completamente inaceptable y ya es hora de ponerle freno. Hay que recortar con determinación la mastodóntica estructura del Estado para evitar la duplicidad de servicios y adelgazar las administraciones, hinchadas para satisfacer el clientelismo de turno;  devolver  competencias si no se pueden asumir; revisar una a una las empresas públicas, organismos consultivos, patronatos, fundaciones y observatorios, y acabar con la legión de asesores; cerrar las televisiones autonómicas; adecuar las abultadas nóminas a la verdadera función desempeñada, acabar con visas y coches oficiales, etc. En definitiva, terminar con el despilfarro en la gestión pública.

Publicado el 1 de marzo de 2012 a las 14:00.