Los controladores no declaran por incompetencia de la fiscalía
Los acusados consideran que este proceso corresponde a la jurisdicción militar con motivo del estado de alarma decretado el pasado sábado y la militarización del espacio aéreo.
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gentedigital.es
09/12/2010 - 15:19
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, ha asegurado que los doce controladores citados por un delito de sedición se han acogido a su derecho a no declarar puesto que entienden que la competencia corresponde a la jurisdicción militar.
En una multitudinaria rueda de prensa, en la que estaban presentes más de medio centenar de periodistas, Esteban ha insistido en que si siguen la misma línea de no prestar declaración se dejará de citar a los próximos controladores para "evitar dilaciones" y se pedirá que se traslade la denuncia a un juzgado ordinario.
"La Fiscalía seguirá investigando a través de la policía para saber qué ocurrió el 3 y 4 de diciembre", ha dicho el fiscal jefe, quien mañana tomará declaración a otros seis controladores y el próximo lunes a otros ocho.
Respecto a su negativa a declarar, el fiscal se ha mostrado contrario a que esto se investigue por la jurisdicción militar al estimar que los hechos se produjeron antes de que el Gobierno decretara la militarización del aeropuerto por el caos aéreo. Además, ha rechazado también que la competencia corresponda a la Audiencia Nacional al no prever el delito de sedición, recogido en el artículo 91 del Código Civil Militar.
DENUNCIADOS 175 CONTROLADORES
Esteban ha especificado que son 175 los controladores que se ausentaron de sus puestos de trabajo en Madrid, indicando que los primeros que han sido llamados a declarar son los que tenían constancia de que estuvieron reunidos en un hotel de Torrejón de Ardoz en el momento de los incidentes.
"Se las ha citado para tener la posibilidad de explicar la situación, pero no han querido", ha subrayado Esteban, quien ha adelantado que previsiblemente se remitirá la denuncia a los Juzgados para que proceda a la investigación y se les cite a declarar ante un juez. Por ahora, la Fiscalía no tiene constancia de la interposición de ninguna denuncia ante los juzgados, si bien el sindicato Manos Limpias presentó el pasado domingo una querella pro estos hechos.
Asimismo, ha señalado que le fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido ha dado instrucciones para que las Fiscalías sigan una misma línea de actuación en su investigación.
Además, ha aclarado que podría enfrentarse hasta ocho años de prisión, pero que no se ha solicitado al no ser el momento procesal para ello. "No se puede sugerir una pena porque no se ha iniciado el procedimiento", ha insistido.
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