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TRIBUNALES

Un juez anula el desalojo de una asociación de vecinos de un inmueble del Ayuntamiento de Alcorcón en 2014

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid ha anulado el desalojo de la sede de la Asociación de Vecinos Torres Bellas de un inmueble del Ayuntamiento de Alcorcón que tuvo lugar en 2014 y obliga al Consistorio a pagar las costas del proceso (máximo 2.000 euros).

Archivado en: ALCORCÓN, TRIBUNALES

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17/7/2017 - 08:04

Entiende el juez que la administración no habría hecho correctamente el proceso, errando al aplicar la potestad ejecutiva de "recuperación posesoria" frente a la asociación, puesto que el proceso habría exigido una declaración de extinción previa a la ejecución.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe imponer recurso de apelación, se refiere así a la denuncia interpuesta por la propia asociación de vecinos contra la orden para sacarles del inmueble denominado 'Casa del conserje', ubicado en el Colegio Público Daniel Martín, que hasta la fecha habían usado como sede desde 2005.

No obstante, el texto rechaza los argumentos de los demandantes sobre la prórroga del convenio, considerando que "no cabe aceptar que se haya producido un silencio administrativo positivo que la otorgue".
HECHOS

El desalojo se produjo en 2014. Entonces la presidenta de la AA.VV, Josefa Sierra, afirmaba a Europa Press que se presentaron en el CEIP 16 Policías Locales para que la asociación hiciese efectiva la entrega de llaves, y para realizar un cambio de cerraduras lo que consideraban que vulneran la legislación.

De igual modo, criticaron el hecho de que hubiesen tenido que negociar para poder sacar sus cosas del local. "Hablamos de papeles, ordenadores, premios... En definitiva, todas nuestras cosas las cuales se las querían llevar en un camión de recogida de enseres. Al final nos han dado tres días bajo vigilancia, claro, para vaciarlo", dijeron.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Torres Bellas expresó el malestar general por no haber sido recibidos por el alcalde de la localidad, David Pérez. "Le pedimos por escrito, en persona y por teléfono que se sentase con los vecinos con el objeto de llegar a una solución y no hubo respuesta", insistió.

Mientras, desde el Ayuntamiento de Alcorcón reiteraban que se les había dado el tiempo "suficiente" a los vecinos para que buscasen una nueva ubicación, "teniendo en cuenta que la cesión terminó hace casi dos años".

En este punto, recordaron que el espacio, que está dentro de un colegio, se recuperaba para dedicarlo a cuestiones educativas y de formación.

El proyecto al que se refería el Consistorio contemplaba la creación de un Centro de Apoyo Educativo especializado en alumnos con distintas capacidades, autismo o con hiperactividad, entre otros, que va a reunir recursos didácticos, pedagógicos, de estimulación temprana, de apoyo a las familias y de recursos para la integración.

"Queremos dar servicio a la comunidad educativa, a los padres y a los chicos. Lo normal es que un espacio dentro del recinto de un colegio se use para fines educativos", según puntualizó el regidor, David Pérez.
REACCIONES A LA SENTENCIA

Ahora la AAVV Torres Bellas se ha mostrado satisfecha por el resultado de la sentencia. "Cuando nos quitaron el local estuvimos fatal, nos hicieron polvo, por eso, que ahora un juez nos dé la razón y declare que el Ayuntamiento nos echó de manera ilegal es un motivo de gran alegría", han dicho.

De igual modo, han criticado que desde entonces, la que fue su sede, "sólo se haya usado 13 días para acoger dos actividades" y pide al Gobierno local que se abstenga de recurrir la sentencia judicial, "destinando a otras actuaciones de utilidad social los recursos jurídicos del Ayuntamiento", un Ayuntamiento que "tiene más necesidades sociales, además de la de facilitar al movimiento asociativo y vecinal los medios propios para el desarrollo de sus fines en beneficio de todos los vecinos y vecinas del municipio".

Finalmente, fuentes municipales han confirmado a Europa Press que se ha recurrido y han destacado que "la sentencia no es firme y en ningún caso anula el asunto, dado que el Consistorio tiene pleno derecho para recuperar un espacio público y dedicarlo a fines que vayan a ser beneficiosos para los vecinos, máxime cuando había finalizado el periodo en el que la asociación podía hacer uso de las instalaciones, tal y como reconoce la sentencia".

 

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