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Impugnan un concurso público del Ayuntamiento de Ávila por discriminación a las personas con discapacidad

La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), que representa el 70 por ciento de los centros especiales de empleo en España, ha impugnado el concurso público del Ayuntamiento de Ávila para un contrato en instalaciones deportivas.

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28/5/2018 - 18:24


ÁVILA, 28 (EUROPA PRESS)

La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), que representa el 70 por ciento de los centros especiales de empleo en España, ha impugnado el concurso público del Ayuntamiento de Ávila para un contrato en instalaciones deportivas.

En un comunicado, esta entidad, que agrupa a 50.000 trabajadores con discapacidad, ha advertido sobre la definición discriminatoria de "Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social" contenida en la redacción de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que excluye a la inmensa mayoría de Centros Especiales de Empleo de la reserva de contratación pública.

Aseguran que "una de las primeras desafortunadas manifestaciones de esta ley se ha materializado" en el concurso público del Ayuntamiento de Ávila mediante el cual se ha licitado un contrato de servicio de colaboración en determinadas instalaciones deportivas municipales.

El pliego de condiciones económico-administrativas del concurso solo prevé una reserva en favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social por lo que "vulnera gravemente la normativa de la Unión Europea ya que su contenido se orienta a una finalidad claramente contraria a los principios de la contratación pública; estos son los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia".

En este sentido, recuerdan que la reciente Ley de Contratos del Sector Público ha sido motivada por las Directivas Europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, ya que en ellas "nada se dispone sobre la grave diferenciación entre centros especiales de empleo de iniciativa privada y los de iniciativa social", que "pone en peligro más de 50.000 puestos de trabajo de personal con discapacidad debido a la manifiesta exclusión en concursos públicos como el que hoy se impugna".

Únicamente se exige en los contratos reservados que el objeto principal de estas entidades sea la integración social y profesional de personas discapacitadas así como que el 30% de los empleados sean trabajadores con discapacidad.

Estas condiciones se dan, "de forma evidente e irrefutable en todos los centros especiales de empleo", sin que sea lícito que se establezca una exclusión que sólo tiende a privilegiar a entidades muy concretas, "a limitar las posibilidades de empleo de personal con discapacidad", lo que "deforma todo el sistema de promoción de fomento del empleo de las personas con discapacidad".

De esta forma "se deja a unas pocas entidades, principalmente vinculadas, de forma directa o indirecta, a ONCE y su Fundación, incluidas las del Grupo Ilunion y Plena Inclusión, en una intolerable situación de privilegio en el acceso a la contratación".
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