Los Comuns proponen parar el Hard Rock, no ampliar el Aeropuerto y desprogramar la B-40
Su programa apuesta por la mesa de diálogo y un "acuerdo político que sea refrendado"
26/4/2024 - 20:07
Su programa apuesta por la mesa de diálogo y un "acuerdo político que sea refrendado"
BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
Los Comuns han propuesto en su programa electoral para los comicios del 12 de mayo dejar sin efectos el Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock, "suspender la ampliación de la tercera pista" del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y desprogramar definitivamente la B-40.
En el programa, de 184 páginas, consultado por Europa Press, los de Jéssica Albiach recogen hasta en cinco ocasiones medidas para la paralización del proyecto del Hard Rock, en los apartados sobre modelo de comercio, turismo sostenible, transición hídrica, planificación urbanística y equidad territorial.
En cuanto a políticas de vivienda, proponen incrementar el parque público de vivienda en 15.000 pisos nuevos de alquiler social en la próxima legislatura, para lo que consideran que se debe destinar como mínimo 350 millones de euros para ampliar el parque público en 5.000 viviendas, y construir 10.000 viviendas con la promoción directa del Institut Català del Sòl (Incasòl), así como crear una inmobiliaria pública.
ACUERDO POLÍTICO REFRENDADO
Los de Jéssica Albiach abogan por dar un "nuevo impulso a la mesa de diálogo para la resolución del conflicto político", ya que lo consideran el marco político apropiado para vehicular posibles soluciones, recoge textualmente el programa.
Además, se comprometen a impulsar el reconocimiento de Catalunya como nación y defienden un acuerdo político que sea refrendado por la ciudadanía, para lo que afirman que hace falta acordar un procedimiento entre las fuerzas catalanistas "que permita consultar al a ciudadanía sobre el futuro político y regule el referéndum".
Después, el programa apuesta por acordar una ley para establecer el procedimiento, las condiciones, mayorías cualificadas y la interpretación del cualquier consulta popular vía referéndum que tenga que ver con "la modificación del estatus político de Catalunya y de las comunidades del Estado".
FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN
Los Comuns consideran que se debe avanzar en la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, para "aumentar la progresividad" mediante la modificación de la regulación catalana de las reducciones, así como reformar el impuesto de patrimonio y situar el mínimo exento en 350.000 euros.
También reclaman una nueva financiación para que Catalunya pueda ejercer su autogobierno y desarrollar su estado de bienestar, para lo que piden que se constituya una mesa de partidos en el Parlament para elaborar un consenso "que permita negociar con el Estado desde la representación de las grandes mayorías".
Su propuesta de financiación incluye que Catalunya recaude el 100% de los impuestos a través de la Agencia Tributaria de Catalunya "consorciada con la Agencia Estatal de Administración Tributaria".
EMPRESAS PÚBLICAS
Los de Jéssica Albiach también proponen estudiar la creación de una empresa pública de distribución alimentaria "que permita la compra agregada a precios justos y suministro con productores locales", así como una farmacéutica pública para abaratar el coste del acceso a medicamentos.
El programa recoge la creación de una banca catalana de inversión de carácter público, para favorecer "el acceso al crédito a la industria, autónomos, pequeñas y medianas empresas y la ciudadanía en general", con intereses más bajos que la banca comercial, así como otra banca pública de financiación de la vivienda de alquiler.
Además, los Comuns defienden crear un fondo de inversión público catalán para "facilitar la participación pública en el capital de empresas catalanas estratégicas" y que consiga una dotación de 800 millones de euros a lo largo de la legislatura.
Reclaman "multiplicar por diez la capacidad de la energética pública catalana" y destinar 1.000 millones a esta empresa para garantizar la demanda de energía de todos los edificios públicos, empezando por escuelas e institutos, así como invertir 1.500 millones en cinco años para desplegar políticas de rehabilitación de edificios, en aplicación de la Ley de barrios verdes.
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