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DENUNCIA URBANISMO

La fiscalía denuncia a ocho miembros de antiguos gobiernos de Colmenar Viejo

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido al juzgado una denuncia contra ocho miembros de antiguos Gobiernos de Colmenar Viejo y dos técnicos, como los dos exalcaldes José María de Federico y Miguel Ángel Santamaría, en la que se les acusa de un presunto delito de prevaricación urbanística continuada.

Archivado en: Denuncia, Fiscalía, Urbanismo

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Gentedigital.es
23/2/2017 - 22:00

También se manda investigar a los actuales concejales de Medio Ambiente, César de la Serna, y de Hacienda, Belén Colmenarejo; además de los exediles Justo García, Pablo Colmenarejo, Antonia García, Inmaculada Viñoles y dos técnicos municipales.

El escrito considera que los denunciados dejaron de ejercer funciones públicas para "favorecer" a determinados arquitectos que han estado desarrollando encargos municipales en dicho municipio entre 2006 y 2014.

Ocho supuestos a investigar
La fiscalía llama a investigar ocho sucesos que pudieran ser constitutivos de delitos continuados de prevaricación urbanística.

Según el documento, al que ha tenido acceso GENTE, desde el año 2006 algunos miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobaron resoluciones y "dejaron de ejercer funciones públicas" correspondientes al Ayuntamiento relativas a la inspección y sanción de infracciones urbanísticas, "a sabiendas de la ilegalidad de tales actos y omisiones".

El fiscal pide que dicte un auto donde ordene que se inicien las investigaciones que conduzcan a esclarecer los hechos.

Desde el Ayuntamiento defienden su actuación.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento han señalado a GENTE que las denuncias proceden de la exarquitecta municipal, quien, según han subrayado, ha sido sancionada con cuatro años de suspensión de empleo y sueldo.

También han hecho hincapié en que las denuncias hacen referencia a una serie de licencias otorgadas con informe positivo de los técnicos, aunque "ella mantiene que se debería haber hecho otra interpretación de la norma", algo que es un punto de vista "totalmente subjetivo, que no es compartido por el técnico funcionario que realizó dichos informes".

Por otro lado, han sostenido que el Ayuntamiento ha actuado "en todos los casos, y tanto a nivel técnico como político, para favorecer el interés general, sin atender a intereses particulares".

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