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Otra edil popular es llamada a declarar en calidad de imputada

El juez que instruye el caso Teatro, relacionado con presuntos amaños, solicita que testifiquen otros cargos del PP, técnicos, un empresario o la interventora que estaban durante el Gobierno del exalcalde del Partido Popular, Juan Soler

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27/1/2017 - 08:12

El caso del Teatro Madrid, relacionado con el presunto amaño de contratos públicos en la adjudicación de un proyecto, sigue siendo noticia. Ahora, el titular del juzgado de 1º Instancia e Instrucción número 4 de Getafe ha llamado a declarar en calidad de investigada a otra concejal del PP en el Ayuntamiento de la localidad, María Inmaculada Concepción Lázaro Muñoz. En el mismo régimen, el magistrado ha solicitado la declaración de Jorge Paumard, exconcejal de Obras del Partido Popular que dejó su acta de edil por motivos personales y cuyo puesto fue a recaer a Antonio José Mesa como , también investigado en esta causa. Asimismo, en la providencia también se cita a declarar como presuntos implicados a otros antiguos asesores del entonces alcalde Juan Soler, a un empresario, a la jefa de la Sección de Urbanismo y a la interventora municipal. Todos ellos tendrán que comparecer ante el juez este viernes 27 de enero a las 12:30 horas y el jueves 2 de febrero a las 13:30 horas.
Las citaciones se suman a otras emitidas en las últimas semanas, entre ellas, a otros cuatro concejales del PP :Antonio José Mesa Garrido, Pablo Martínez Martín, Fernando Lázaro Soler y María Paz Álvarez.
Supervisión
Además, la Brigada Provincial de la Policía Judicial remitió un informe la pasada semana al juzgado que instruye el caso, donde se pide que valore "el presunto quebranto" producido por este asunto sobre las arcas municipales de este Ayuntamiento, así como su origen. En el informe firmado por el jefe del grupo XXVI, la Policía considera "oportuno que por parte de los órganos de fiscalización o supervisión de la contratación de la administración se proceda a informar sobre los hechos expuestos" por el denunciante.
Entiende que con ello se quiere determinar "si únicamente se trata de una diferencia de criterios con la autora de los pliegos o realmente éstos se han elaborado con la intención de adjudicar el contrato a una determinada empresa". En cuanto al contrato en sí, el documento hace referencia a que el motivo del concurso de adjudicación no fue otro que "dar apariencia" de legalidad al proceso de selección del arquitecto que debía diseñar el edificio del CEPPAE, ya que no era posible una adjudicación a dedo "motivada por el entonces alcalde Juan Soler". Además, los investigadores reseñan que los proyectos que se presentaron fueron estudiados "en el gabinete de la Alcaldía sin la presencia de ningún técnico y sin que consten los criterios que de su valoración".

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