Condenado el SERMAS al pago de 247.000 euros por retraso diagnóstico de una fascitis que provocó la muerte
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de la Salud al pago de una indemnización de 247.000 Euros a los familiares de una paciente que murió al no diagnosticarle una fascitis necrotizante tras una intervención quirúrgica de incontinencia urinaria.
09/12/2016 - 11:41
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de la Salud al pago de una indemnización de 247.000 Euros a los familiares de una paciente que murió al no diagnosticarle una fascitis necrotizante tras una intervención quirúrgica de incontinencia urinaria.
Así consta en una sentencia,a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se determina que la indemnización se reparta en 130.000 euros a la hija menor, 100.000 euros a la hija mayor, 8.500 euros a la madre y 8.500 euros a una hermana. El caso ha sido llevado por los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente'.
Se trataba de una paciente de 43 años de edad, que acudió el 1 de septiembre de 2008 a la Fundación Jiménez Díaz para ser intervenida de incontinencia urinaria y cistocele, presentando en el postoperatorio inmediato dolor severo en las extremidades inferiores por lo que le fue pautado analgesia y antiinflamatorios.
A pesar de la medicación, la paciente comenzó con fiebre, dolor en aumento y hematoma en la ingle, sin que le realizaran analítica ni ninguna otra prueba que hubiese diagnosticado el origen de dolor intenso que padecía, hasta tres días después. Además, no se pautó tratamiento antibiótico previo a la intervención ni posteriormente a la misma.
El 4 de septiembre, fue trasladada a la UCI, donde le realizaron las pruebas oportunas, ingresando en esta Unidad en situación de shock séptico severo con fracaso multiorgánico, siendo diagnosticada mediante analítica y RMN de fascitis necrotizante.
Tras 15 días en la UCI de la Fundación y al verse completamente incapacitados para resolver la situación, fue trasladada al Hospital La Paz, donde los facultativos se vieron obligados a amputar ambos miembros inferiores para finalmente, producirse el fallecimiento de la paciente en fecha 28 de octubre de 2008.
En los días posteriores se presentó denuncia que se tramitó la correspondiente denuncia penal acordándose el archivo de la misma en fecha 6 de mayo de 2013. Se presentó reclamación de responsabilidad patrimonial emitiendo informe la inspección.
Inspección consideró que existió una demora en el diagnóstico habida cuenta que la paciente padeció complicaciones desde el primer momento, así como deficiencias en la atención dispensada en la UVI, donde permaneció 14 días recibiendo tratamientos sin éxito manejada por profesionales de diferentes especialidades, sin que estuviera a cargo de un facultativo concreto, viéndose en la necesidad de ser traslada a otro centro sanitario con medios.
Interpuesto el correspondiente recurso contencioso administrativo, la Sala considera que los familiares deben ser indemnizados en una cuantía total de 247.000 Euros, indemnizando a las hijas y a la madre de la fallecida, así como a una hermana la cual se quedó con la acogida de su sobrina menor, descartando de dicha cuantía a los tres hermanos de la fallecida los cuales también habían reclamado.
La defensa de los intereses de los familiares ha sido ejercida por la Abogada Julia García Domínguez, especialista en Derecho sanitario y adscrita a los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente'.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de la Salud al pago de una indemnización de 247.000 Euros a los familiares de una paciente que murió al no diagnosticarle una fascitis necrotizante tras una intervención quirúrgica de incontinencia urinaria.
Así consta en una sentencia,a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se determina que la indemnización se reparta en 130.000 euros a la hija menor, 100.000 euros a la hija mayor, 8.500 euros a la madre y 8.500 euros a una hermana. El caso ha sido llevado por los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente'.
Se trataba de una paciente de 43 años de edad, que acudió el 1 de septiembre de 2008 a la Fundación Jiménez Díaz para ser intervenida de incontinencia urinaria y cistocele, presentando en el postoperatorio inmediato dolor severo en las extremidades inferiores por lo que le fue pautado analgesia y antiinflamatorios.
A pesar de la medicación, la paciente comenzó con fiebre, dolor en aumento y hematoma en la ingle, sin que le realizaran analítica ni ninguna otra prueba que hubiese diagnosticado el origen de dolor intenso que padecía, hasta tres días después. Además, no se pautó tratamiento antibiótico previo a la intervención ni posteriormente a la misma.
El 4 de septiembre, fue trasladada a la UCI, donde le realizaron las pruebas oportunas, ingresando en esta Unidad en situación de shock séptico severo con fracaso multiorgánico, siendo diagnosticada mediante analítica y RMN de fascitis necrotizante.
Tras 15 días en la UCI de la Fundación y al verse completamente incapacitados para resolver la situación, fue trasladada al Hospital La Paz, donde los facultativos se vieron obligados a amputar ambos miembros inferiores para finalmente, producirse el fallecimiento de la paciente en fecha 28 de octubre de 2008.
En los días posteriores se presentó denuncia que se tramitó la correspondiente denuncia penal acordándose el archivo de la misma en fecha 6 de mayo de 2013. Se presentó reclamación de responsabilidad patrimonial emitiendo informe la inspección.
Inspección consideró que existió una demora en el diagnóstico habida cuenta que la paciente padeció complicaciones desde el primer momento, así como deficiencias en la atención dispensada en la UVI, donde permaneció 14 días recibiendo tratamientos sin éxito manejada por profesionales de diferentes especialidades, sin que estuviera a cargo de un facultativo concreto, viéndose en la necesidad de ser traslada a otro centro sanitario con medios.
Interpuesto el correspondiente recurso contencioso administrativo, la Sala considera que los familiares deben ser indemnizados en una cuantía total de 247.000 Euros, indemnizando a las hijas y a la madre de la fallecida, así como a una hermana la cual se quedó con la acogida de su sobrina menor, descartando de dicha cuantía a los tres hermanos de la fallecida los cuales también habían reclamado.
La defensa de los intereses de los familiares ha sido ejercida por la Abogada Julia García Domínguez, especialista en Derecho sanitario y adscrita a los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente'.
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