Laura y Aroa se quedan en la casa okupada hasta que hable la Audiencia
Sus abogados presentaron un recurso que evitó que se produjera el desalojo previsto
21/10/2016 - 08:33
Laura, Aroa y sus tres hijos de 5, 8 y 10 años se quedan por el momento en la casa que okupan en la calle Moraleja de Enmedio de Móstoles, propiedad de la Diócesis de Getafe. El desalojo, que estaba previsto para el pasado miércoles 19 de octubre, no se hizo efectivo, gracias al recurso presentado por los abogados de las afectadas sobre la sentencia que fallaba a favor del Obispado para que abandonasen el domicilio. "Al recurrirla, ésta pasa a disposición de la Audiencia Provincial. No sabemos el tiempo que será, pero al menos de momento no hubo desahucio", señaló a GENTE Laura, una de las afectadas.
Esta circunstancia supone "un respiro y un alivio", según puntualizó, puesto que su mayor preocupación era saber dónde se quedaría su familia si finalmente se producía el lanzamiento. Una inquietud que se acrecentaba para Laura tras encontrar un trabajo. "Un empleo siempre es una buena noticia, aunque el dinero no sea suficiente como para no seguir en estas circunstancias. Pero me inquietaba todavía más el saber que yo no iba a estar parte del día y no conocer dónde se iban a quedar si se cumplía el desahucio", subrayó. Al cierre de esta edición, Cáritas iba a mantener una reunión con ellas, según la propia afectada, para "hablar de sus circunstancias".
movilizaciones
El pasado viernes, Stop Desahucios convocó una concentración frente a la Diócesis de Getafe para protestar por el lanzamiento. "Llevé un escrito firmado por ambas pidiendo que nos dieran más tiempo para conseguir el alquiler social", ha explicado Laura.
Por su parte, desde el Obispado emitieron un comunicado en el que se remarcaba que todo se debía a un "desalojo o alzamiento de la vivienda ordenado por un juez y no a un desahucio" y añadían que habían renunciado a pedir cualquier tipo de indemnización. Asimismo, ofrecieron su colaboración para que "conforme a la justicia y al bien común, se pueda encontrar una solución adecuada". El Obispado relató que la vivienda okupada de manera ilegal sirvió de domicilio habitual a una comunidad religiosa hasta el año 2012 y estaba siendo esporádicamente utilizada por un sacerdote e iba a recibir próximamente otros religiosos, una vez se adecuase el domicilio.
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