Los desacuerdos paralizan el desalojo de Las Sabinas
El Ayuntamiento de Móstoles critica el “incumplimiento sistemático” de la Comunidad de Madrid, exigiendo que programe un calendario coherente para la entrega de viviendas y que se apruebe el “necesario” Plan de Desamiantado
Archivado en: MÓSTOLES, LAS SABINAS, DESALOJO, COMUNIDAD DE MADRID
11/5/2018 - 08:34
c.a
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El desalojo del poblado de Las Sabinas se complica, después de que el Ayuntamiento anunciara el pasado 8 de mayo la decisión de “suspender su participación” en la comisión de seguimiento del mismo. Desde el Consistorio alegaron el “incumplimiento sistemático” de la Comunidad de Madrid sobre el acuerdo suscrito entre ambas instituciones en 2013, que buscaba acabar con el asentamiento ilegal enclavado junto al río Guadarrama dentro del Parque Regional del Curso Medio. A esto se suma la necesidad de que el Ejecutivo regional presente “de una vez por todas” una “planificación real de cuándo y cómo se podrá disponer de las viviendas que permitan llevar a cabo el realojo total y continuado de las familias que allí se asienta, incluyendo las que se quedaban fuera de censo de 2008”, según añadió el concejal de esta área, Gabriel Ortega. Él está convencido de que con la financiación que aportan las tres instituciones (fondos FEDER, 13 millones; Comunidad de Madrid, 5 millones; y Ayuntamiento, 4 millones) se podría llevar a cabo sin problema. “En el caso de que no les parezca un importe suficiente hablemos y acordemos un nuevo anexo, porque de no hacerlo estaremos condenados a tener allí un foco de desigualdad extrema y a no recuperar medioambientalmente esa zona de alto valor natural”, destaca.
ANEXO
Aunque el Gobierno regional tendría disponibles las primeras 10 viviendas de las 27 que adquirió para los realojos (que sólo cubren el 20% del total), que quieren hacer de forma inmediata, el Consistorio dice que son claramente insuficientes y no se ponen de acuerdo en el proceso.
Ortega insiste en que es necesario que antes se dé luz verde al Plan de Desamiantado de las chabolas donde se localizó esta sustancia para poder proceder a los derribos de forma legal y sin soportar el daño social y económico de hacerlo por fases. Por su parte, el Ejecutivo regional insistió en que se avisó con tiempo al Consistorio de que lo primero que había que realizar eran las demoliciones, señalando al Gobierno local como el culpable de que varias familias aún no tengan su vivienda.
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