El TSJIB censura que el Ministerio aún no ha adquirido los terrenos para la ciudad de Justicia anunciada en 2022
La memoria anual alerta de carencias de personal y de la vacante en la presidencia de la Audiencia por el bloqueo del CGPJ
08/5/2024 - 05:59
La memoria anual alerta de carencias de personal y de la vacante en la presidencia de la Audiencia por el bloqueo del CGPJ
PALMA, 8 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) advierte en su memoria anual de que el Estado no ha adquirido todavía los terrenos para construir una ciudad de Justicia en Palma, un proyecto anunciado a finales de 2022.
Pese a que el Gobierno informó en su momento de que el concurso de ideas se licitaría en la segunda mitad de 2023, "la verdad es que no se ha hecho nada", según hace constar la memoria entregada este martes por el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, al Parlament.
El documento hace un repaso de la situación de la Justicia en Baleares, con especial hincapié en las carencias de espacios y personal. La "necesidad perentoria" de un nuevo edificio para la Audiencia viene siendo una reivindicación recurrente en las memorias anuales del máximo órgano judicial en Baleares.
La nueva ciudad de Justicia albergaría además los Juzgados de lo Penal esponjando el edificio de avenida Alemania, antiguo emplazamiento del Colegio La Salle y "sobreocupado" en la actualidad.
En diciembre de 2022 la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció el proyecto que se ubicará en unos terrenos en Son Pardo, junto a la Via de Cintura. Para ello, el Ministerio había alcanzado un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por un precio de 4,7 millones de euros por 212.825 m2 de suelos urbanizables.
Sin embargo, según señala el TSJIB en el documento entregado al Parlament, según la información que le ha proporcionado el Ministerio de Justicia, "ni tan solo se han adquirido los terrenos, que continúan siendo propiedad de la Sareb".
La memoria del TSJIB insiste en que la falta de espacios está condicionando la creación de nuevas plazas judiciales, como es el caso del juzgado contencioso-administrativo número 4, formalmente creado pero sin puesta en marcha efectiva y sin "perspectiva de que pueda ser una realidad a corto plazo".
Gómez insiste en la necesidad de que la Audiencia Provincial cuente con un espacio propio --ya que actualmente lo comparte con el TSJIB-- que disponga de "salas adecuadas" para juicios con un elevado número de acusados. La memoria también recoge la idoneidad de crear una nueva sección civil en la Audiencia.
FALTA DE PERSONAL
El documento alerta asimismo por las carencias de personal, por el degoteo de bajas por enfermedad y los efectos de la insularidad. Entre magistrados, "en algún supuesto ha resultado difícil encontrar personas dispuestas a su ejercicio entre los nombrados, habiéndose producido renuncias posiblemente por no soportar la carga de trabajo".
La falta de personal acucia también al funcionariado. La interinidad "continúa siendo un problema endémico", fundamentalmente "por el escaso porcentaje de funcionarios con residencia habitual en Baleares que aprueban las oposiciones". Como ocurre en otros cuerpos, como las fuerzas de seguridad, las plazas se asignan a funcionarios procedentes de la Península "que con prontitud piden traslado" por la insularidad y el alto coste de vida.
Por ello, la memoria del TSJIB aboga por adecuar el plus de insularidad para equipararlo con el de Canarias. Además, "es esencial estabilizar las plantillas", con las listas de sustituciones "prácticamente agotadas".
LA PRESIDENCIA DE LA AUDIENCIA, VACANTE DESDE 2022
Por otra parte, el documento entregado al Parlament recuerda que la presidencia de la Audiencia Provincial está vacante desde octubre de 2022 tras la renuncia de Diego Gómez-Reino, debido al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, sin poder efectuar nombramientos.
"Deseo hacer constar que sería positivo que se desbloqueara esta situación y pudiera acceder a la presidencia una persona que lo desee, y con plenitud en los derechos y obligaciones propias de este cargo", expresa Gómez.
SATURACIÓN EN LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO Y LOS CIVILES
La memoria repasa los datos de actividad que ya publicó el CGPJ en marzo. Cabe destacar la situación de los juzgados de lo contencioso administrativo, a pesar de las medidas de refuerzo adoptadas. Este orden "tiene una elevadísima carga de trabajo ya que han entrado más de 1.000 asuntos por Juzgado" en 2023, y "el número de jueces es totalmente insuficiente" para poder prestar un servicio adecuado. En Palma, cerca de 1.500 asuntos anuales son en materia de expulsiones de extranjería.
La juez decana de Palma, Sonia Vidal, alerta en su valoración por la jurisdicción civil, "desbordada" tras asumir los asuntos en materia de transporte aéreo: esto ha supuesto 5.000 asuntos más y hay unas 16.000 reclamaciones de cantidad mediante procesos monitorios. "Los números señalan que hacen falta entre 10 y 11 Juzgados" y falta personal en todas las categorías, provocando "un éxodo" a otros órganos por "agotamiento".
Vidal constata que, en general, los Juzgados de Palma están "llegando a una capacidad máxima" al no poder contar con los órganos y personal necesarios para responder a la actividad. Además, las huelgas de funcionarios en 2023 tuvieron una "notable influencia en la suspensión de juicios y acumulación de retrasos".
Ahonda también en las necesidades de obra para adecuar espacios y de hacer atractiva Baleares como destino laboral: "La situación es precaria y desde Madrid no hay ningún interés especial en su solución", se lamenta.
PROBLEMAS CON LOS INTÉRPRETES
La memoria anual del TSJIB avisa también del "severo problema" con el servicio de traducción e interpretación, especialmente en la temporada estival en una comunidad turística como es Baleares.
Se trata de un servicio externalizado. "La tardía comparecencia de los intérpretes es determinante de retrasos tanto durante la guardia como en la celebración de juicios", abunda el documento entregado al Parlament. Estas incidencias han provocado una queja que se ha elevado a la Gerencia territorial.
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