El Gobierno reformará el TC para afrontar la independencia catalana
Una posible declaración unilateral de independencia se acerca. Por ello, el Gobierno ha pasado de las palabras a los hechos y ha decidido dotar de herramientas al Constitucional para luchar contra el incumplimiento de sus sentencias.
gentedigital.es
04/9/2015 - 11:32
El pasado martes, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, y el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, presentaron en el Congreso una proposición de ley de reforma de dicha institución para permitirle multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplen sus fallos y resoluciones. "La broma ha terminado", proclamó Albiol.
Según los planes del Grupo Popular, la proposición se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia (acortando todos los plazos) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión). Su toma en consideración se sitúa en el Pleno de los Presupuestos Generales, en la semana del 15 de octubre, y su aprobación por el Congreso se espera para la semana siguiente a las elecciones catalanas (29 de septiembre). De ahí saldrá al Senado con tiempo para su aprobación definitiva antes de la convocatoria de las elecciones generales.
La iniciativa del PP incluye que el Tribunal solicite un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan. Además, se podrá pedir al Gobierno central, aunque esté en funciones, que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de la sentencia.
Tras conocerse el contenido de la reforma, la vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, la calificó de electoralista y aseguró que "parece tener un claro carácter inconstitucional".
LA OPOSICIÓN INTENTA RETRASAR LA MEDIDA
Por su parte, los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso están preparando un recurso para tratar de frenar esta tramitación.
La iniciativa, registrada al mediodía del martes, fue calificada de inmediato por el presidente del Congreso, Jesús Posada, sin esperar a la reunión que la Mesa del Congreso tiene prevista el martes de la próxima semana.
Las prisas se deben al calendario que maneja el PP para poder aprobar la reforma antes de la disolver las Cortes y que pasa por incluir el primer debate de la reforma en el Pleno de la semana del 14 de septiembre, coincidiendo con la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Meter la proposición de ley en la sesión plenaria de dentro de dos semanas exigía que fue admitida a trámite por la Mesa cuanto antes.
De entrada, el PSOE, Izquierda Plural, UPyD y otros grupos están trabajando en un recurso conjunto para que la Mesa reconsidere la calificación de la reforma del PP. Saben que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta, pero tratan de alargar los plazos para intentar ralentizar la tramitación, que al faltar sólo mes y medio para disolver las Cortes ya está muy ajustada.
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